Sociedad civil advierte que grupos corruptos y criminales pretenden cooptar Ministerio Público por medio de junta interventora tripartita

• Sociedad civil hondureña hizo un llamado a la ciudadanía a dar “seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República”.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil pertenecientes a la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), emitieron este miércoles un pronunciamiento en relación a la pretensión de grupos políticos de nombrar una Comisión Interventora al Ministerio Público con el propósito de “garantizar la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras».

A la conferencia de prensa asistieron: Amanda Madrid, directora de Predicar y Sanar (Predisan); Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Chester Thomas, director de Aldea Global; Carlos Hernández y Kurt Alan VerBeek de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda de la Asociación Víctimas de la Violencia; padre Germán Cálix de la Pastoral Social Caritas y Jorge Galeano, director de World Vision.

En el pronunciamiento, los miembros de la APJ, afirmaron que: “las acciones de judicialización de los últimos meses, entre las cuales destacan la persecución penal a altos exfuncionarios, actuales parlamentarios y exmiembros del Poder Legislativo que administraron indebidamente fondos públicos, así como las líneas de acción que el MP ejecuta –en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)- en contra de dirigentes políticos, policías depurados y empresarios, coloca a la institución en posición de amenaza, ya que quienes se han aprovechado de los bienes y recursos del Estado, o han utilizado sus puestos para beneficio personal, familiar y para ampliar el espectro de relaciones con políticos y empresarios beneficiados de la corrupción y la impunidad, no escatimarán recursos para debilitar la entidad. Es la misma posición de amenaza que estos grupos vieron en el MP en 1999, cuando lo debilitaron, al eliminar la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Se olvidan los políticos que el MP es una institución del Estado que funciona con fondos de los contribuyentes, creada para perseguir a los que cometen delitos y NO PARA PROTEGERLOS”.

Asimismo, señalan que: “Los sectores investigados y judicializados, y los que sienten que pueden llegar a ser perseguidos, han desarrollado un espíritu de cuerpo, posición que comparten en el Congreso Nacional las cúpulas –oficialistas y de oposición- de las principales fuerzas partidarias ahí representadas. La búsqueda de opciones para dar otro rumbo al MP y controlar las acciones que desde ahí se ejecutan, es compartida y asumida por estos tres grupos parlamentarios”.

También destacan que en “2018, los diputados han aprobado disposiciones legales que debilitan la acción penal, postergan y retrasan las acciones para aplicar las leyes, y debilitan el MP. Es en estas decisiones del Congreso Nacional en las que se fundamenta la certeza que buscan un Fiscal General que se convierta en su defensor y su cómplice; y que este alto funcionario no cumpla con el mandato constitucional de defender a la sociedad”.

Por otra parte, expresan su preocupación por el “poco número de aspirantes al cargo, y más todavía sabiendo que entre los que aspiran hay algunos de militancia partidaria abierta, y hay otros de desempeños cuestionados. Y ante la inexplicable prisa que aparentan tener los nominadores, conocemos que –secretamente- algunos grupos de interés tienen la intención de elegir una Instancia Tripartita, denominada Comisión Interventora, integrada por los tres sectores políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, que asuma la conducción del MP mientras se eligen autoridades de esa entidad operadora de justicia. Esta histórica forma de llegar a acuerdos se inscribe en la tradición de distribuirse las instituciones para autoprotegerse. Y, en consecuencia, ningún caso bajo investigación u otros que surjan, en los que hay políticos de estas formaciones partidarios, avanzarán o se iniciarán investigaciones”.

Otro foco de inquietud de esta plataforma de la sociedad civil es que la “labor de la MACCIH se vería obstruida debido a la falta de voluntad política de los rectores de la política de persecución penal en el país, que bloquearían los programas de asistencia técnica que se están implementando a fin que fracase la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se corre – inclusive- el peligro que muchos de los casos priorizados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, sean descartados cuando en ellos estén involucrados altos dirigentes políticos de los partidos que conformar el triunvirato promotor del debilitamiento e independencia institucional del MP”.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que “den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional de la República, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP”.