Capítulos regionales de APJ impulsan proceso para identificar mayores desafíos de los operadores de justicia

  • La Alianza por la Paz y la Justicia está implementando la regionalización de sus intervenciones en cuatro ciudades del país: Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán; San Pedro Sula en el departamento de Cortés; Comayagua en el departamento de Comayagua y Catacamas en el departamento de Olancho.

San Pedro Sula. Una comisión de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunió este miércoles y jueves con diferentes funcionarios de las instituciones del sistema de Justicia de San Pedro Sula y El Progreso, a fin de analizar la problemática desde el ámbito local y definir una agenda común de trabajo.

A través de la instalación de una mesa bipartita conformada por miembros de la sociedad civil y operadores de seguridad y justicia, los capítulos de APJ de SPS y El Progreso dan inicio al proceso de “Cinco y Cinco”, iniciativa orientada a identificar los cinco principales retos y cinco necesidades prioritarias del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.

Mediante un trabajo de incidencia directa con los titulares de estas instituciones, se promueve la atención de las mayores necesidades de los operadores de seguridad y justicia de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Copán y Catacamas.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoría social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Participaron en esta reunión funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), movimientos juveniles y miembros del capítulo regional de APJ en San Pedro Sula y El Progreso.

La Alianza por la Paz y la Justicia reconoce que es imperativo el fortalecimiento de un liderazgo regional que incida desde el ámbito local en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia, a través de acciones de participación, incidencia política y denuncia.

Contar con Capítulos Regionales sólidos y eficaces que gocen de un propósito claro y un plan definido, constituye los cimientos sobre los cuales la APJ puede lograr resultados, tanto a corto como a largo plazo, como parte de un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

Acerca de los Capítulos Regionales de APJ:

A mediados del 2014, APJ inició un proceso de conformación y consolidación de plataformas ciudadanas denominados Capítulos Regionales APJ, con el objetivo de descentralizar su gestión a través del liderazgo de sus organizaciones miembros en cinco municipios de Honduras.

En Santa Rosa de Copan, a través de la Asociación de organismos no gubernamentales (ASONOG); en El Progreso con Red Viva y Oye Honduras; en Comayagua, con la Pastoral Social Caritas; en Catacamas con la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) y en San Pedro Sula con el apoyo del Foro Social Valle de Sula (FSVS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH VS), la Pastoral Penitenciaria y la organización Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha Ja).

 

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Capítulo regional de APJ

Comisión anuncia cancelación de 23 comisionados y confirma suspensión de cuatro

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional anunció este viernes la cancelación de 23 comisionados de la institución y confirmó la suspensión de otros cuatro, tras la evaluación detallada de la información proporcionada por entes contralores del Estado y operadores de Justicia.

Luego de analizar la información de los 47 comisionados activos de la Policía que fue remitida por: el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, la comisión resolvió ratificar en sus cargos a 16 de los oficiales.

Estos comisionados son ratificados en sus cargos “en el marco de la nueva estructura organizacional, sin perjuicio que sean sometidos a evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad y buen desempeño, por organismos externos”, detalló la comisión en el séptimo comunicado emitido desde su conformación el pasado 12 de abril.

Otros 23 de los oficiales fueron cancelados a raíz de la nueva estructura policial, mientras fue aceptado el retiro voluntario de cuatro de ellos.

Asimismo, confirmó la suspensión de cuatro más de sus cargos actuales, “en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas”.

La semana pasada, la comisión anunció la cancelación de tres generales y la suspensión de dos.

108 Subcomisionados a evaluación

La Comisión Especial informó hoy que en aras de continuar con el proceso de evaluación, se remitieron notas el pasado 26 de abril a los operadores de justicia y entes contralores para que en el plazo de tres días hábiles brinden información referente a los 108 Subcomisionados activos de la Policía Nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar —con objetividad y decisión- con el proceso de depuración y reestructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda”, finaliza el comunicado.

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comunicado 7-1

 

comunicado 7-2

Ex Subcomisionada pide reunión privada

La comisión tenía prevista para ayer una reunión con la ex subcomisionada María Luis Borjas para revisar información en poder de la exfuncionaria; sin embargo, el encuentro fue suspendido.

Aunque inicialmente Borjas había confirmado la reunión vía telefónica, según lo indicado por la comisión, la tarde del jueves pidió a la comisión una reunión privada.

 

 

“Hemos recibido una nota de su parte, disculpándose por no poder asistir. Asimismo, nos solicita que, por razones de seguridad personal, reprogramemos la reunión bajo una modalidad privada”, apuntó la comisión en un sexto comunicado.

Además de Borjas fueron citados por la comisión el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quienes comparecerán en las próximas horas.

+ Lea el comunicado

 

Comunicado-6

APJ y Congreso nacional evalúan avances legislativos en materia de seguridad y justicia

  • Instituto Nacional Demócrata (NDI) auspició foro donde se debatieron los avances
  • Honduras debe fortalecer instituciones de seguridad, adoptar políticas públicas estables y promover la prevención para combatir la violencia y la delincuencia organizada

Tegucigalpa. Con el propósito de fortalecer el diálogo entre la sociedad civil y el Congreso Nacional de la República, se desarrolló la mañana de este miércoles el foro “Acciones legislativas en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”.

El Plan Alianza para la Prosperidad es una iniciativa encaminada a reducir la migración ilegal desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos. La iniciativa, creada en 2014, tiene cuatro líneas estratégicas: dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones.

Como parte del Plan Alianza, la sociedad civil hondureña representada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), presentó en agosto de 2015 una propuesta, orientada a hacer más efectivo el uso de los recursos provenientes de la Cooperación Internacional para financiar la acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en respuesta a la crisis de migración infantil.

Durante el encuentro de este miércoles fueron socializados los esfuerzos legislativos en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, en materia de seguridad y justicia, transparencia y lucha contra la corrupción y asuntos migratorios, mismos que han sido posibles gracias al acompañamiento de la sociedad civil.

La jornada de reflexión contribuyó para evaluar cómo ha sido el proceso de veeduría y aprendizaje entre legisladores y sociedad civil, al mismo tiempo que permitió identificar los principales obstáculos a los que se enfrentan los órganos de justicia y seguridad de Honduras para cumplir a cabalidad su mandato.

Durante el foro también se pudo dimensionar el impacto que tiene el desempeño de los entes operadores de la seguridad y la justicia en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común y la generalizada impunidad que impera en el país; asimismo, se analizó el alcance y desafíos que tendrá la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En ese sentido, el Director para Programas de Seguridad Ciudadana en Centro América del NDI, Eduardo Núñez, presentó la conferencia “Hacia una Agenda de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Centroamérica”, donde destacó cómo la corrupción es uno de los mayores desafíos de la sociedad actual. Sin embargo, ante esta problemática se reconoce la respuesta internacional surgida ante las demandas ciudadanas en países como Guatemala, con la CICIG; El Salvador, con la ONU y más recientemente Honduras, con la instalación de la MACCIH.

En ese sentido, el Coordinador de Investigaciones de la ASJ, expuso en la conferencia “Visión sobre Alcances y Desafíos de la MACCIH desde Sociedad Civil”, que desde sociedad civil se está a la espera de efectivos resultados. “Buscamos un Estado que responda, instituciones que atiendan la demanda social, y no dudamos que la MACCIH será un gran aliado en este proceso de recuperación del Estado, un aliado que podrá ejercer un contrapeso político y técnico, y eso va ayudar aún más a los esfuerzos que desde sociedad civil se habían venido impulsando”

Además apuntó que “es importante reconocer que la MACCIH es un muy necesitado esfuerzo internacional para combatir la corrupción e impunidad en Honduras, pero también es importante reconocer que no es la ´píldora mágica´ que curará todos los males y achaques hondureños, eso nos toca a nosotros los hondureños resolver”.                                                                                             

El foro “Acciones legislativas en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” fue inaugurado por el vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Antonio Rivera Callejas, y por el director para Latinoamérica del NDI, Jim Swigert.

En los últimos años, la Comisión de Seguridad y Previsión Ciudadana del Congreso de la República de Honduras y el NDI han trabajado en la socialización de los avances en materia de seguridad y justicia y a la vez compartido con diferentes representantes de la sociedad civil y otros actores, los desafíos que enfrenta la sociedad hondureña.

 

 

Conferencia de prensa de NDI y APJ sobre  MACCIH

Embajada de EE UU entregó información de policías a Comisión de Depuración

  • Comisión solicitó a la Embajada información sobre hechos de corrupción en la Policía.
  • Información, según la sede diplomática, había sido compartida con el Gobierno de Honduras
  • EE UU apoya esfuerzos de la Comisión y considera un deber compartir información para el éxito de la depuración.

Tegucigalpa. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó este jueves que entregó a la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, información relacionada con hechos de corrupción al interior de la institución.

A través de un comunicado, la Embajada detalló que la Comisión “solicitó información a la Embajada de los Estados Unidos de América relacionada con su investigación sobre hechos de corrupción de la policía, y se le proveyó dicha información”.

La sede diplomática confirmó que la gran mayoría de esa información ya “había sido compartida con el Gobierno de Honduras durante varios años mediante los mecanismos normales que existen para informar al Gobierno cuando la embajada da cuenta que existen indicios creíbles que oficiales de policía han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, tráfico de narcóticos u otros crímenes serios”.

“Como país amigo de Honduras, los Estados Unidos de América apoya a los esfuerzos de la Comisión y considera que es el deber de todos compartir la información que posee para que la depuración tenga éxito”, agregó.

Además, aclaró que no está investigando a la Policía Nacional de Honduras; sin embargo, dijo contar con programas de entrenamiento y de otro tipo para oficiales policiales, para los cuales se exige la confiabilidad de que el personal que los recibe no esté involucrado en violaciones a los derechos humanos, tráfico de narcóticos u otros crímenes que no sean compatibles con la política exterior de EE UU.

Hace unos días, el embajador estadounidense James Nealon afirmó que “este es el momento para trabajar en conjunto para depurar la policía”, con el fin de que el pueblo hondureño tenga la Policía que se merece.