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Estefany, una joven consciente de que su voz y acciones son un arma eficaz para generar cambios positivos en Honduras

  • Actualmente, son más de 100 voluntarios de varias ciudades del país, los que se han unido a la plataforma juvenil de la APJ.

El voluntariado es una de las maneras más satisfactorias de servir a los demás y luchar contra lo que se considera injusto, fue así como Estefany Vallecillo decidió convertirse en parte de la gran iniciativa de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) que funciona en las ciudades de Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, El Progreso, Comayagua, Siguatepeque, Tegucigalpa y La Ceiba.

Estefany, amiga del coordinador de la Plataforma Juvenil de la APJ en Santa Rosa de Copán, Jonathan Lanza, desde hace un tiempo estaba interesada en sumarse a la lucha por la paz y la justicia en Honduras, sin embargo, sus estudios y ocupaciones personales le impedían asistir a las reuniones.

Fue en 2021, durante las jornadas de capacitación desarrolladas por APJ en Comayagua, que esta joven estudiante se unió a la plataforma juvenil, tras conocer toda la labor que realizan los jóvenes que la integran.

“Conocí cómo funciona la plataforma, qué temas de interés se manejan y en qué ciudades del país se encuentra. Es así como desde ese evento pertenezco a la APJ”, comenta Estefany.

Esa experiencia cambió la perspectiva de esta joven hondureña, quien asegura que durante las jornadas de capacitación “el aprendizaje fue muy amplio, la experiencia inolvidable. La jornada la aproveché al máximo; estaba abierta a captar todo lo que se enseñara, muy positiva e interesada por saber qué se iba hacer cada día. Lo más valioso para mí, es todo el conocimiento adquirido sobre la realidad de nuestro país y que son de interés para la juventud”, afirma.

Para Estefany, las técnicas para facilitar el aprendizaje durante las capacitaciones, así como trabajar en equipo, la participación, la opinión y el conversatorio entre los voluntarios, es algo que ella considera fundamental para atraer la atención de la juventud. Así mismo, agradece la creación de los espacios cívicos y la participación ciudadana, ya que “nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de formar parte de los mismos y por medio de ellos empezar a trabajar por la paz y la justicia de nuestro país”.

 Es por ello que hace un llamado a los jóvenes a que se involucren en la situación que cada día se vive en Honduras, para que su voz y propuestas sean tomadas en cuenta para ser agentes de cambio.

“Como voluntaria, lo que quiero es aportar de mi conocimiento, mediante capacitaciones, talleres… Publicar información en las redes sociales sobre la importancia de participar en los espacios cívicos, motivar a los jóvenes a que se involucren y formen parte como voluntarios de la plataforma juvenil, para ir generando cambios positivos en cada ciudad del país”, comparte Estefany. En ese sentido, afirma que “los jóvenes somos el presente y el futuro de Honduras, trabajando unidos podremos ver la luz después del túnel”.

Así como Estefany, actualmente son decenas de jóvenes que se han sumado a la causa social de la plataforma juvenil de APJ y si también quieres unirte, contáctanos a través de nuestras redes sociales y déjanos tus datos.

Organizaciones de sociedad civil presentan Diagnóstico y Recomendaciones a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana

La sociedad civil hondureña realiza un llamado a la clase política y al Estado a atender la implementación de las recomendaciones emitidas a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para mejorar el desempeño del Estado hondureño en materia de seguridad ciudadana.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Asociación para una Sociedad más Justa/Alianza por la Paz y la Justicia (ASJ/APJ), el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), y el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), realizaron, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), un esfuerzo conjunto para analizar y evaluar la aplicación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-2022 (PICSC), con el objetivo de presentar recomendaciones que permitan al Estado hondureño mejorar su desempeño en materia de seguridad ciudadana.

El Diagnóstico y Recomendaciones a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana fue elaborado con la participación de más de 30 organizaciones sociales que trabajan en programas de seguridad ciudadana en las ciudades de: Choluteca, Comayagua, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

Estas recomendaciones nacen de un trabajo conjunto entre las organizaciones que impulsamos esta iniciativa y de una amplia consulta a diversos actores de la sociedad civil hondureña en seis regiones del país, enriquecida con la visión de especialistas en seguridad y organismos de cooperación internacional”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.

Carlos Hernández, director ASJ

En Honduras, de acuerdo al Índice de Impunidad en Homicidios de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), el 86% de los casos de homicidios no son judicializados. Esto, de acuerdo a Hernández, se convierte en “caldo de cultivo” para la proliferación de la violencia pues “cualquiera se atreve a delinquir cuando sabe que no hay posibilidades de que la justicia lo alcance”.

En el evento, la AJD, ASJ/APJ, FOSDEH y el IUDPAS, presentaron 22 recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de seguridad en el país, las cuales se centran en impulsar el desarrollo humano y el respeto a los derechos humanos para prevenir la violencia y reducir la migración forzada, promover la transformación continua e integral de la Policía Nacional y de los métodos de investigación, fortaleciendo la Secretaría de Seguridad y los sistemas de información, y promover la participación ciudadana, integrando el papel de las municipalidades, el gobierno central, la sociedad civil, la academia y la cooperación para la prevención de la violencia.

En el actual contexto preelectoral, “la historia nos dice que los cambios de gobierno distorsionan lo bueno o lo malo se acentúa”, por lo que esta iniciativa busca que “las recomendaciones permitan al Estado mejorar su desempeño en seguridad ciudadana y que un nuevo gobierno pueda trazar planes para definir acciones coordinadas que permitan al país avanzar. Juntos podemos incidir”, agregó el representante de la ASJ.

Por su parte, Julieta Castellanos, directora del IUDPAS, exhortó “a las autoridades hondureñas, candidatos a cargos de elección popular, entre otros, a tomar en consideración estas recomendaciones e incorporarlas en sus propuestas y planes institucionales y de gobierno”.

Y añadió que “uno de los problemas de la institucionalidad, donde los ciudadanos tenemos que enfrentarnos al Estado, cuando en algunas circunstancias somos víctimas del Estado; una relación desproporcional donde se asumen los riesgos por parte de la sociedad civil cuando enfrenta este tipo de lucha; pero estamos obligados a exigir que funcione el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Policía, porque tiene un presupuesto y misión constitucional”.

En este mismo evento, Mauricio Díaz Burdett, director ejecutivo de FOSDEH, presentó el contenido de la campaña “Seguridad para el Desarrollo Humano” que hace un llamado de la sociedad civil al sector público de promover la seguridad ciudadana para el desarrollo humano, como un elemento de transformación social y al mismo tiempo incidir en la clase política hondureña, partidos políticos, funcionarios públicos y tomadores de decisiones, como responsables de atender las demandas de la sociedad civil respecto a la implementación de las recomendaciones emitidas.

La campaña fue difundida en los medios de comunicación nacional y en las redes sociales de la AJD, ASJ/APJ, FOSDEH y el IUDPAS. El informe Diagnóstico y Recomendaciones a la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana será publicado en las páginas web de las organizaciones que impulsan esta iniciativa.

El evento cerró con las palabras de Martha Dubón, subcoordinadora de la AJD, invitando a la sociedad civil a realizar un esfuerzo de construcción colectiva y de largo plazo, para lograr que el gobierno asuma estas recomendaciones.

 

“Esperamos que este diagnóstico sea de mucha utilidad para todos los sectores comprometidos con la seguridad del país y que haya una apertura de parte del Gobierno, que reciba estas recomendaciones y sean tomadas en cuenta para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en el país. La seguridad pública es una tarea de todos y todas, esperamos que este diagnóstico y recomendaciones sean la base para un esfuerzo de construcción colectiva donde ciudadanos y organizaciones podamos participar y promover mejores condiciones”, finalizó.

Aquí el documento:

Diagnóstico y Recomendaciones

 

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Plataforma Juvenil de APJ inicia proceso de sensibilización sobre el impacto de la corrupción

  • Los jóvenes de APJ también participaron en la veeduría del proceso de inmunización contra la COVID-19 en Honduras

La Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) promovió la serie de encuentros “Hablando Sin Rodeos”, conversatorios que buscan fortalecer las capacidades de los jóvenes y sensibilizarlos sobre los impactos de la corrupción en el país.

Durante estas reuniones, los miembros de la Plataforma Juvenil también conocieron propuestas de acción para combatir la corrupción, flagelo que en Honduras se disparó en 2020 al grado que el país registró su puntuación más baja en ocho años (número 157 de 180 países) en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.

En la última década, el país ha sufrido pérdidas millonarias y reveses importantes en la lucha contra la corrupción e impunidad. Además de ser azotada por la pandemia de COVID-19, por dos huracanes, en 2020, la pobreza y la desigualdad se acrecentaron en Honduras, revela un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Retos enfrenta honduras

En ese sentido, el primer encuentro, donde participaron miembros de la Plataforma Juvenil de todas las regiones del país, estuvo a cargo de la dirección de educación de la ASJ, organización integrante de la APJ, y fue dirigida por el especialista en educación, Mario Romero, quien reveló que más de un millón de niños se encuentra sin recibir clases en el sistema educativo.

Mientras tanto en la segunda jornada de este encuentro se abordó el tema de la migración en Honduras y fue impartida por Cesar Agusto Castillo, coordinador de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

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Voluntarios en la veeduría del segundo proceso de inmunización contra la COVID-19 en Honduras

 Al menos 42 voluntarios de la Plataforma Juvenil de la APJ participaron como veedores al segundo proceso de aplicación de la vacuna de la COVID-19 al personal de primera línea en Honduras, que desarrolló la dirección de Salud de la ASJ para documentar el proceso de vacunación desde 95 establecimientos de salud del país.

Nahomy Acosta, integrante de la Plataforma Juvenil, quien fue veedora en el Centro Regional Sésamo San Miguel dijo que “es necesario que haya nuevos lotes de vacuna para inmunizar a todo el personal de primera línea” e hizo un llamado a los jóvenes a formar parte de estos procesos para garantizar que haya transparencia.

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Esta veeduría se realizó en marzo de 2021 en las regiones de Francisco Morazán, Comayagua, Cortes, Yoro, Copán y Atlántida, lo que permitió desarrollar un informe sobre cómo fue la aplicación de 48 mil dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca en Honduras.

Acerca de la Plataforma Juvenil de la APJ

La Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz, acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de seguridad y justicia. Actualmente la plataforma tiene sede en seis ciudades del país: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa.

Copán se suma a la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia

  • Copán es el sexto departamento con una tasa de homicidios por encima del índice nacional en Honduras, antecedida por Atlántida, Yoro, Cortés, Comayagua y Santa Bárbara.

Tegucigalpa. Durante 2017, seis departamentos de Honduras registraron tasas de homicidios por arriba del índice nacional; Copán es uno de ellos.

Ante esta perspectiva un grupo de jóvenes originarios de este departamento han decidido incidir en políticas locales y nacionales para la prevención de la violencia y cultura de paz mediante la conformación de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en Santa Rosa de Copán.

Según datos recabados por el Observatorio Nacional de Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), con una población de 394,890 habitantes, Copán fue el sexto departamento con mayor número de homicidios en 2017.

Antecedida por los departamentos de Atlántida, Yoro, Cortés, Comayagua y Santa Bárbara, Copán acumuló una tasa de homicidios de 46.6 por cada cien mil habitantes entre enero a diciembre de 2017.

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Russlan Espinal, oficial de Derechos Humanos de la APJ, explica que estas estadísticas afectan en su gran mayoría a la población joven por lo que es necesario que ellos conozcan los datos y sean partícipes en la toma de decisiones.

“Creemos firmemente que los jóvenes son el futuro, que ellos deben conocer lo que está pasando y que deben ser partícipes en el planteamiento de soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad en general”, pormenorizó Espinal.

Asimismo, invitó a otros jóvenes a que se unan a la iniciativa y de esta forma se empoderen con respecto a la problemática de seguridad y justicia local.

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A los interesados en formar parte de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz pueden ponerse en contacto para recibir más información por medio de las redes sociales de la APJ: en Facebook a través de @alianzapazyjusticia, en Twitter por medio de @AlianzaPyJ o al teléfono 3150-1124.

La Plataforma Juvenil de la APJ tiene sede en siete ciudades del país: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa y Olancho, nace en respuesta a los altos índices de violencia que golpea a la juventud.

El mes pasado, los jóvenes que integran la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en Santa Rosa de Copán lanzaron una campaña de valores en el Centro Universitario Regional del Occidente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (CUROC-UNAH).

Universitarios de la zona norte conocen sobre proceso de elección del próximo Fiscal General

  • En el foro propiciado por la APJ participaron: expertos nacionales, defensores de derechos humanos y estudiantes de derecho.
  • Ciudadanía debe estar “vigilante, para que la Junta de Proponente escoja al mejor de los candidatos”, afirmó Ninoska Reyes, oficial de investigaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Tegucigalpa, 30 de mayo de 2018. Con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo para que la sociedad se exprese acerca del proceso de selección del Fiscal General, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó el foro “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso.

Al evento asistieron estudiantes de las carreras de Derecho de CEUTEC en San Pedro Sula y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en El Progreso. Durante los mismos se discutieron sobre las perspectivas a considerar en la selección del Fiscal General y la importancia del nombramiento de un titular que sea: valiente, honesto, con una alta formación profesional y libre de cualquier vinculación política o interés económico, gremial o sectario.

El panel estuvo conformado por Leonardo Pineda, miembro del Capítulo Regional de la APJ en San Pedro Sula; Joaquín Mejía y Oscar Hendrix, ambos defensores de Derechos Humanos en la zona norte de Honduras; Alexis Fuentes de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Ceutec y Ninoska Reyes, oficial de investigaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

“Si el Congreso Nacional de la República designara un Fiscal General del Estado sin las competencias necesarias y de reducida honestidad estaremos condenados a ver como la impunidad se acrecienta, como la criminalidad aumenta y como la corrupción se consolida; nosotros necesitamos al margen de los cabildeos políticos que se puedan realizar un fiscal con condiciones que garanticen que el funcionario público sea decente competente, independiente y valiente”, afirmó Ninoska Reyes de la APJ.

Asimismo, resaltó que debe ser “decente para dar el ejemplo a los demás fiscales, competente para demostrar su capacidad en materia de persecución penal, independiente para no representar los intereses de ningún grupo de poder económico político o criminal y valiente para enfrentar con ferocidad como se corresponde a los carteles del narcotráfico, maras y pandillas, bandas del crimen organizado, criminalidad común y redes de corrupción”.

La Alianza por la Paz y la Justicia ha organizado a la fecha ocho foros “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en los municipios de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Comayagua, Catacamas y dos de ellos en universidades de Tegucigalpa.

 

Sociedad civil advierte que grupos corruptos y criminales pretenden cooptar Ministerio Público por medio de junta interventora tripartita

  • Sociedad civil hondureña hizo un llamado a la ciudadanía a dar “seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República”.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil pertenecientes a la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), emitieron este miércoles un pronunciamiento en relación a la pretensión de grupos políticos de nombrar una Comisión Interventora al Ministerio Público con el propósito de “garantizar la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras».

A la conferencia de prensa asistieron: Amanda Madrid, directora de Predicar y Sanar (Predisan); Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Chester Thomas, director de Aldea Global; Carlos Hernández y Kurt Alan VerBeek de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda de la Asociación Víctimas de la Violencia; padre Germán Cálix de la Pastoral Social Caritas y Jorge Galeano, director de World Vision.

En el pronunciamiento, los miembros de la APJ, afirmaron que: “las acciones de judicialización de los últimos meses, entre las cuales destacan la persecución penal a altos exfuncionarios, actuales parlamentarios y exmiembros del Poder Legislativo que administraron indebidamente fondos públicos, así como las líneas de acción que el MP ejecuta –en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)- en contra de dirigentes políticos, policías depurados y empresarios, coloca a la institución en posición de amenaza, ya que quienes se han aprovechado de los bienes y recursos del Estado, o han utilizado sus puestos para beneficio personal, familiar y para ampliar el espectro de relaciones con políticos y empresarios beneficiados de la corrupción y la impunidad, no escatimarán recursos para debilitar la entidad. Es la misma posición de amenaza que estos grupos vieron en el MP en 1999, cuando lo debilitaron, al eliminar la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Se olvidan los políticos que el MP es una institución del Estado que funciona con fondos de los contribuyentes, creada para perseguir a los que cometen delitos y NO PARA PROTEGERLOS”.

Asimismo, señalan que: “Los sectores investigados y judicializados, y los que sienten que pueden llegar a ser perseguidos, han desarrollado un espíritu de cuerpo, posición que comparten en el Congreso Nacional las cúpulas –oficialistas y de oposición- de las principales fuerzas partidarias ahí representadas. La búsqueda de opciones para dar otro rumbo al MP y controlar las acciones que desde ahí se ejecutan, es compartida y asumida por estos tres grupos parlamentarios”.

También destacan que en “2018, los diputados han aprobado disposiciones legales que debilitan la acción penal, postergan y retrasan las acciones para aplicar las leyes, y debilitan el MP. Es en estas decisiones del Congreso Nacional en las que se fundamenta la certeza que buscan un Fiscal General que se convierta en su defensor y su cómplice; y que este alto funcionario no cumpla con el mandato constitucional de defender a la sociedad”.

Por otra parte, expresan su preocupación por el “poco número de aspirantes al cargo, y más todavía sabiendo que entre los que aspiran hay algunos de militancia partidaria abierta, y hay otros de desempeños cuestionados. Y ante la inexplicable prisa que aparentan tener los nominadores, conocemos que –secretamente- algunos grupos de interés tienen la intención de elegir una Instancia Tripartita, denominada Comisión Interventora, integrada por los tres sectores políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, que asuma la conducción del MP mientras se eligen autoridades de esa entidad operadora de justicia. Esta histórica forma de llegar a acuerdos se inscribe en la tradición de distribuirse las instituciones para autoprotegerse. Y, en consecuencia, ningún caso bajo investigación u otros que surjan, en los que hay políticos de estas formaciones partidarios, avanzarán o se iniciarán investigaciones”.

Otro foco de inquietud de esta plataforma de la sociedad civil es que la “labor de la MACCIH se vería obstruida debido a la falta de voluntad política de los rectores de la política de persecución penal en el país, que bloquearían los programas de asistencia técnica que se están implementando a fin que fracase la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se corre – inclusive- el peligro que muchos de los casos priorizados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, sean descartados cuando en ellos estén involucrados altos dirigentes políticos de los partidos que conformar el triunvirato promotor del debilitamiento e independencia institucional del MP”.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que “den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional de la República, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP”.

Capítulo de la APJ en El Progreso realiza Foro de Seguridad y Prevención de la Violencia con candidatos a alcalde de esta ciudad

  • Durante el encuentro los candidatos a la alcaldía de El Progreso plantearon sus propuestas y confirmaron su apoyo a la iniciativa ‘Instinto de Vida’, campaña que busca reducir los homicidios en América Latina en un 50% en los próximos 10 años.

El Progreso, Yoro. Reducir los niveles de violencia en el país requiere de un compromiso entre ciudadanía, gobiernos municipales y empresarios; tomando en cuenta este punto el capítulo de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en El Progreso, OYE Honduras y la iniciativa Instinto de Vida realizaron el foro “Propuestas de Seguridad, Prevención de Violencia y Cultura de Paz para El Progreso, Yoro” que contó con la participación de los candidatos a la Alcaldía de esta ciudad.

Luis León, subcoordinador de la APJ, explicó que el objetivo del foro está dirigido a que los aspirantes a la alcaldía de El Progreso puedan plantear ante la ciudadanía y los empresarios sus planes de trabajo en el tema de seguridad y prevención de la violencia y cultura de paz para esta ciudad.

Asimismo, agregó que “esta es una manera práctica pero muy concisa de hacerle ver a la ciudadanía de El Progreso, Yoro, cuál es su plan de trabajo, cómo van abordar el tema de la violencia y de la criminalidad. ¿Qué es lo que se puede esperar de un alcalde de El Progreso, Yoro? A través de sus propuestas, el ciudadano tiene opciones en la mesa, el ciudadano puede tener diferentes criterios del tema de la inseguridad y cómo abordarlo, pero a través de esta plataforma tendrá un panorama más amplio al momento de ir a votar”.

APJ El Progreso 2

Los aspirantes a edil que presentaron sus propuestas ante la sociedad civil y empresarios progreseños fueron: Araminta Pereira Ortega del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jeffrey Flores del Partido Nacional de Honduras (PNH), Salomón Aguilar del Partido Unificación Democrática (UD), Elías Nassar del Partido Innovación y Unidad – Social Demócrata (PINU-SD), y Dunia Ortiz en representación de René Geovany Sabillón Rodas por la Alianza Patriótica Hondureña.

Durante el evento los candidatos a la alcaldía de El Progreso confirmaron su apoyo a la iniciativa ‘Instinto de Vida’ campaña que busca reducir los homicidios en América Latina en un 50% en los próximos 10 años, firmando una carta compromiso en la cual manifestaron su respaldo a los esfuerzos para reducir los homicidios en la ciudad, mediante acciones de prevención y participación ciudadana.

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Asimismo, los aspirantes a la Alcaldía de El Progreso conocieron la iniciativa #3de3HN que busca transparentar el proceso electoral solicitando a los candidatos a cargos de elección popular hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y tributaria a través del portal www.3de3hn.com.

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