Organizaciones de sociedad civil presentan resultados de veeduría a la Dirección de Policial de Investigación en Tela

  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.

Tela, Atlantida. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este martes los resultados de la veeduría ciudadana efectuada a la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la ciudad de Tela.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a unidades policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de Tela, participaron las organizaciones: Young Leader y Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares y la Asociación de Prevención, educación en salud sexual y Sida de Tela (APRESTELA).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en las oficinas de la DPI, con cobertura en tres municipios, para la atención de alrededor de 142,301 personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Dirección Policial de Investigación es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que la desde de la unidad policial cuenta apenas con cinco cubículos con poca confidencialidad y en exposición de los detenidos, sanitarios en mal estado con escaso abastecimiento de agua y un cuarto de descanso deteriorado.

Además, indica que la estación no cuenta con celdas para personas en condición de vulnerabilidad y tampoco con una bodega para el almacenamiento de pruebas decomisadas por los investigadores, por lo que estas son remitidas a las oficinas del Ministerio Público.

Ante los hallazgos, los veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la DPI y la institucionalidad.

Organizaciones civiles de San Pedro Sula presentan resultados de veedurías ciudadanas a postas policiales

  • Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.

San Pedro Sula. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de San Pedro Sula.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que permiten identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

En el caso de San Pedro Sula, participaron las organizaciones: Asociación de Personas con Retos Especiales de Honduras (APREH), Centro de Educación Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES), Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Warriors Zulu Nación Honduras (WZNH), Fundación Amigos sin Fronteras (FUASIF) y la Asociación Feminista Trans (AFET-Trans).

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) número 6 y 8, las cuales atienden aproximadamente a 660 mil personas.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales señala varios problemas que deben ser abordados en el plan de acción de la institución uniformada, entre estos: violencia familiar hacia niños con discapacidad, falta de actividades preventivas en temática de violencia juvenil en maras y pandillas en la capital industrial y violencia generalizada hacia las personas LGBTI.

En ese sentido, propone el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de Policía Nacional, con capacitación enfocada en atención a personas con discapacidad, población LGTBI, juventud vulnerada, mujeres víctimas de violencia y minorías étnicas; así como reforzar las acciones del plan operativo integral de convivencia y seguridad ciudadana en la Municipalidad sampedrana para reducir los índices de violencia.

Organizaciones de sociedad civil presentan resultados de veedurías a postas policiales de Tegucigalpa

  • Las auditorías ciudadanas se realizaron en cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.

En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que logran identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.

EEn el caso de Tegucigalpa, participaron las organizaciones: Cáritas – Arquidiócesis de Tegucigalpa, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), Asociación Daniel, Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y Asociación de Sordos.

La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional, así como en las estaciones de: barrio Los Dolores, barrio El Manchén, barrio El Edén y colonia San Miguel.

Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.

El informe de los veedores sociales establece que la UMEP 1 tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

13 de cada 100 homicidios reciben sentencia condenatoria en Honduras

  • El informe elaborado por la APJ, destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios en Honduras, de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.
  • Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara presentan la tasa de impunidad más elevada; mientras los de más baja impunidad son Choluteca, Lempira, Comayagua y Copán.
  • Reducción sustancial en número de homicidios ha sido factor determinante para disminuir índice de impunidad.

Tegucigalpa. El índice de impunidad en homicidios en Honduras es de 87%; es decir, solamente 13 de cada 100 muertes violentas son investigadas, judicializadas y reciben sentencia condenatoria. Así lo establece un estudio realizado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), que analizó la efectividad del Sistema de Administración de Justicia Penal para castigar el delito de homicidio durante el período comprendido entre los años 2010 y 2017.

Pese a que los resultados presentados no son los mejores, la APJ revela que sí hubo una mejoría respecto a cifras de años anteriores. El informe destaca una reducción en el índice de impunidad en homicidios de 96% en el año 2013 a 87% en 2017.

El reporte denominado “Segundo informe sobre la impunidad en homicidios” establece que el número de homicidios en Honduras pasó de 6,757 en el año 2013 a 3,866 en 2017, mientras que el número de sentencias condenatorias fue de 298 en 2013 a 491 en 2017. Una conclusión del informe establece que la reducción de la impunidad en homicidios se debe, entre otros factores, a una reducción sustancial del número de muertes violentas, la mejora en la calidad de los expedientes de investigación criminal y los requerimientos fiscales, y un incremento moderado de las sentencias condenatorias en los departamentos de Copán, Comayagua, Lempira y Choluteca.

Como punto comparativo se estable que en el período de análisis se registraron la mayor cantidad de homicidios (7,172) y la menor (3,866), respectivamente; esto equivale a una reducción en la tasa de homicidios, de 85.5 a 43.6 por cada 100 mil habitantes. Ese fue un factor determinante para reducir el índice de impunidad en homicidios en Honduras.

Omar Edgardo Rivera, director de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que es importante reconocer el avance, no obstante “habrá que dejar en claro que el factor más importante para reducir la impunidad en homicidios en estos últimos años ha sido el descenso en muertes violentas, pues la efectividad del sistema para sancionar judicialmente a quien comete el delito aún no ha desarrollado su capacidad institucional para dar el salto cuantitativo y cualitativo que se requiere”.

“Apenas se judicializa el 24% de los homicidios y únicamente se sanciona al 13%, eso es inaceptable; está claro que se han mejorado las cifras en los últimos años, pero no es suficiente”, manifestó. A la vez, Rivera Pacheco demandó la asignación de mayor cantidad de recursos a los unidades policiales, fiscalías especializadas y organismos judiciales “para que mejoren la calidad de servicios y la eficiencia en el desempeño”.

Asimismo, el director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, Carlos Alberto Hernández Martínez, expresó que “es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de investigación criminal y las capacidades profesionales del recurso humano que labora en ellas, especialmente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)”. Agregó que “de la calidad de los expedientes de investigación dependerá la calidad de los requerimientos fiscales a ser presentados y de la calidad de los requerimientos presentados, dependerá el éxito en el juicio en contra de quienes cometieron el delito de homicidios”.

APJ presenta Segundo Informe de Impunidad en Homicidios

De la mismo forma, Hernández Martínez, puso en relieve que el documento presentado por la APJ revelaba que los más alto índices de impunidad en homicidios se dan en los departamentos en donde históricamente el narcotráfico ha operado, por lo que se deben tomar medidas extraordinarias en esa región del país; “los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara son los que más elevada tasa de impunidad tienen; ahí habrá que poner empeño y fortalecer la presencia de policías, agentes de investigación, fiscales, jueces y magistrados”, apuntó.

El análisis recoge datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial y los boletines nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así como mediciones internacionales como el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.

La APJ recomienda en su informe, a fin de reducir la enorme tasa de impunidad en muertes violentas que impera en el país, fortalecer al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, así como las unidades de investigación criminal, a fin de lograr ampliar la cobertura de sus servicios y mejorar resultados. Del mismo modo, se propone diversificar las acciones para enfrentar la violencia en el país ejecutando, no solamente operativos que repriman el delito, sino que lo prevengan. Finalmente, la plataforma ciudadana plantea mejorar la coordinación, articulación y complementariedad de los organismos que pertenecen al Sistema de Administración de Justicia Penal y promover la implementación de estrategias interinstitucionales  focalizada en poner en práctica los juicios expeditos para delitos de flagrancia.

 

ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS EN HONDURAS

Año Homicidios Casos ingresados Poder Judicial Total Sentencias Condenatorias Índice de Resolución de Casos Índice de Impunidad (IID)
2010 6239 889 222 25% 96.4%
2011 7104 970 298 31% 95.8%
2012 7172 935 279 30% 96.1%
2013 6757 860 298 35% 95.5%
2014 5936 872 495 57% 91.6%
2015 5148 960 412 43% 92.0%
2016 5150 1006 448 45% 91.3%
2017 3866 914 491 54% 87.3%

 

+ Vea el «Segundo informe de impunidad en homicidios»