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Cada seis horas un menor de edad es abusado sexualmente en Honduras y el 84% de casos quedan impunes, revela informe de ASJ

Entre 2016 y 2020, la tasa de abuso sexual infantil aumentó 25% cada año, es decir más de tres niñas y un niño fueron abusados cada día.

El país no cuenta con un sistema de atención para niñas y niños víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados.

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, presentó este miércoles un informe donde revela que cada seis horas, un niño o niña es víctima de Abuso Sexual Infantil (ASI) en el país, y el 83.74% de los casos quedan en la impunidad.

El informe titulado Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil, detalla que entre el 85% a 90% de los casos ocurrieron en el entorno cercano a la víctima y los cinco departamentos con la mayor cantidad de denuncias son: Francisco Morazán (2,038), Cortés (1,151), Atlántida (836), Comayagua (807) y El Paraíso (787).

La investigación, realizada revela que entre 2016 y 2020, hubo cerca de 4,345 embarazos en estudiantes de 8 a 17 años, de los que 907 corresponden a niñas de 8 a 14 años, lo que supone automáticamente la comisión de un delito de violación debido a la edad.

Los datos establecen que en esa línea de tiempo el sistema de administración de Justicia Penal ante el ASI, registró 8,945 denuncias por delitos relacionados con el abuso sexual infantil (siendo un total de 8,732 niñas; mientras que 1,099 fueron niños), de estas denuncias solo 1,454 (16.25%) finalizaron con sentencia condenatoria, implicando que el 83.74% de las denuncias quedó en impunidad, el 2020 tiene el II-ASI más alto con 87.19% y el 2019 el más bajo con un 80.93%, adicionalmente el informe revela que los menores de 15 a 17 años son el grupo etario más afectado, así mismo se establece que la tasa de denuncia de ASI a nivel nacional para 2016-2020 fue de 51.75 por cada cien mil habitantes (niños/niñas).

Ante estas cifras, preocupa la mínima o nula aplicación de justicia contra los agresores, ya que, de 10 casos denunciados, más de ocho quedaron en impunidad; de 10 casos judicializados, solo en cinco hubo una sentencia condenatoria; mientras que de cada 10 denuncias ingresadas solo cuatro fueron concluidas con una investigación y, además, de cada 10 investigaciones concluidas solo en seis se presentó requerimiento fiscal.

El informe de ASJ, también revela la ausencia de un sistema de atención para menores víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados, garantice su protección y acceso a una justicia eficaz y eficiente. Se expone, además, que el sistema sanitario no cuenta con estructura institucional y equipo de profesionales suficientes ni con normas procedimentales, para contribuir al restablecimiento de la salud mental de niños y niñas.

Ante esta situación, el capítulo de Transparencia Internacional recomienda efectuar acciones para el diseño e implementación efectiva de políticas públicas de prevención, detección, atención de la violencia sexual y protección de niños y niñas, que asegure la reducción de la violencia sexual a partir de la caracterización del problema, una mayor inversión pública, el fortalecimiento institucional y la intervención colaborativa de los sectores de protección, sanitario, educativo, de justicia, seguridad y protección social, entre otras.

En la presentación del informe participaron Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la ASJ; Ninoska Reyes, coordinadora de Gestión Fiscal de la ASJ; Jaime Varela, coordinador de los programas Paz y Justicia y Rescate; Russlan Espinal, Oficial de Derechos Humanos de la ASJ, así como representantes del Comité Asesor Técnico Interorganizacional para la Prevención del ASI.

Alianza por la Paz y la Justicia aboga por un Ministerio Público independiente

  • En Honduras el índice de impunidad se aproxima al 96 por ciento, por lo que el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) es una prioridad para el Estado.

Tegucigalpa, jueves 22 de marzo de 2018. Con el objetivo de propiciar un espacio para que la sociedad se exprese acerca del proceso de elección del Fiscal General, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó este jueves el foro “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en el auditorio de Ceutec El Prado.

Al evento asistieron estudiantes de la carrera de Derecho de este centro universitario y en el mismo se discutieron sobre las perspectivas a considerar en la selección del Fiscal General y la importancia del nombramiento de un titular que no obedezca a intereses particulares.

El foro fue dirigido por Luis Reyes, coordinador de la APJ y contó con un panel conformado por Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; Kenneth Madrid, Asesor Técnico de programas de reforma al sector Seguridad y Justicia de la ASJ y Marco Tulio García, representante de la Asociación de Estudiantes de Derecho Ceutec.

“La elección del Fiscal General de la República es trascendental para todos los hondureños porque sobre esta figura recae la conducción del ente que tiene la facultad de la persecución penal.

En un país donde el índice de impunidad se aproxima al 96 por ciento, es evidente que el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) debe convertirse en una prioridad para el Estado”, afirmó el coordinador de la APJ.

Durante su participación, Kenneth Madrid compartió con los estudiantes que una de las principales razones para luchar por un Ministerio Público independiente es porque “a mayor impunidad, mayor violencia. El fortalecimiento del sistema investigativo es fundamental para fortalecer la lucha contra la inseguridad”.

En relación a la elección de las nuevas autoridades de la institución, Omar Rivera afirmó que el “nuevo Fiscal General debe ser una persona de altos quilates morales, debe ser un hombre o mujer decente, competente, independiente y valiente”.

Además puntualizó que es importante que los diferentes sectores de la sociedad hondureña se mantengan informados y realicen veeduría e incidencia durante la próxima elección ya que esta institución representa los intereses generales de la sociedad.

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Foro APJ Ceutec, Hacia un Ministerio Público independiente

Libros en honor a Alfredo Landaverde motivan a luchar contra la impunidad y exigir justicia

  • Los libros están disponibles en español, inglés y miskito.
  • APJ reconoce el legado de Alfredo Landaverde para promover la justicia y luchar contra la impunidad.

En el marco de su campaña “Todos Merecemos Justicia”, la Fundación Alfredo Landaverde realizó hoy el lanzamiento de dos libros dedicados a la memoria del gran luchador contra el narcotráfico y la impunidad Alfredo Landaverde.

“Cuando haya justicia…habrá paz” y “Había una vez un héroe llamado Alfredo Landaverde” es el nombre de los libros que a partir de la fecha estarán disponibles para la población hondureña; en distintos puntos de venta del país.

Tras un trabajo de tres años, la obra “Había una vez un héroe llamado Landaverde” plasma las anécdotas del gran luchador hondureño y el mismo está dirigido a niños y jóvenes; mientras que el libro “Cuando haya justicia…habrá paz” condensa mediante una biografía la vida de Landaverde.

Con estas obras literarias, la Fundación Alfredo Landaverde busca que la lucha librada por este héroe contemporáneo no sea olvidada por las generaciones futuras.

“Lo hecho por Alfredo Landaverde trasciende una vida común, fue un político que luchó por la verdad, luchó por el combate al crimen y contra el narcotráfico, y dio su vida por ello declaró Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde.

Caldera, quien además es la presidenta de la Fundación Landaverde, mencionó que es momento de hacer honor a la memoria de Landaverde “estos libros son testimonios de vida, hechos reales que nos recuerdan la importancia de unir esfuerzos para tener un país mejor, en donde todos merecemos justicia”

Alfredo Landaverde fue asesinado en diciembre del 2011, días antes había denunciado que muchos narcotraficantes operaban impunemente y que eran conocidos por la Policía Nacional. También había afirmado que “sí por decir la verdad me van a matar, bienvenida sea la muerte”.

Presentación libros Alfredo Landaverde – foto: Brian Velásquez

Al acto del lanzamiento de los libros acudió, el coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera quien razonó que el verdadero heroísmo se refleja en aquellos que nunca bajan su bandera y que hasta el último aliento de vida están dispuestos a luchar, permitiendo que otros tomen esa estafeta y continúen la lucha como la que Alfredo Landaverde inició.

Rivera, además enfatizó como en Honduras solo el 4% de los delitos terminan en juicio oral y público y con sentencia condenatoria, lo que representa un 96% de impunidad “da la impresión que muchos no estamos lo suficientemente golpeados con una cifra de ese tipo, como para poder exigir como lo hacía Alfredo Landaverde de depurar, reformar, transformar y fortalecer instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y al Poder Judicial”.

Presentación libros Alfredo Landaverde – foto: Brian Velásquez

Las dos obras literarias que expresan el valor que se les da a las ejecutorias de un hombre que se constituye en un héroe nacional, fueron escritas por los hondureños Hellen Gutiérrez y Roberto Vallejo.

Los ejemplares, están disponibles en versión en español, inglés y miskito a un precio de 180 lempiras.

La Fundación Alfredo Landaverde, es una de las organizaciones que integran la plataforma ciudadana de la APJ, donde comparten el anhelo de Landaverde de tener instituciones conformadas por profesionales que sean honestos, capaces y que puedan cumplir a cabalidad con el mandato que les da la ley.

APJ destaca resultados de la Comisión Depuradora

  • En 38 días de trabajo la Comisión depuró 68 policías, de 164 evaluados (41.5%)
  • Entre los separados están: 5 generales, 27 comisionados y 36 subcomisionados.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) destacó hoy los avances del trabajo de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; que ya ha depurado a 68 miembros de la Policía Nacional de Honduras (incluyendo 12 suspendidos), comenzando desde “arriba hacia abajo”.

La Comisión Especial fue nombrada el pasado 12 de abril de 2016. En ese periodo de 38 días ha demostrado entereza ya que este proceso de depuración lo inició con la alta cúpula de la oficialidad de la Policía, un proceso que difiere de otros que emprendieron diferentes instituciones.

Para el caso, en los años 2012 y 2013 la Comisión de Reforma de Seguridad Pública (CRSP) no evaluó, ni depuró, a ningún policía. Su presupuesto fue, en esos dos años, de 41 millones de lempiras.

Por su parte la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) desde 2012 al 2015 evaluó a 8,546 policías, de los que 227 fueron depurados. Los rangos de los depurados eran: sub inspectores, sub comisarios, sub oficiales, policías y cobras; es decir que no se alcanzó a la alta oficialidad de la Policía Nacional. Su presupuesto, desde 2012 al 2015, fue de 156 millones de lempiras.

La Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional ha logrado la depuración de 68 elementos de la alta oficialía de la Policía sin tener un tan solo centavo de presupuesto. Esta Comisión ha evaluado 164 altos oficiales entre Comisionados Generales, Comisionados y Subcomisionados. Actualmente ya se evalúan 108 comisarios.

Carlos Hernández Presidente Ejecutivo de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

«Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); destacó que el trabajo de la Comisión ha iniciado de arriba para abajo.  Como ciudadanos debemos apoyar a la Comisión, si hay que hacer críticas hay que hacerlas de manera constructiva, buscando la manera de que el proceso de depuración policial funcione efectivamente” añadió Hernández.

Por su parte la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos dijo que cree y confía en la Comisión, pues aun tomando conciencia de la complejidad del tema, sus miembros han asumido el reto de hacer de manera efectiva y ágil el proceso de la depuración policial poniendo en riesgo su propia vida y las de sus familias.

 

 

Cuadro Depurados Policía Honduras

 

Generales y comisionados que dirigen la Policía deberán someterse a “recertificación”

Nota tomada de Proceso.hn

Tegucigalpa – Los actuales altos mandos de la Policía Nacional, desde generales, comisionados y demás estructuras con cargos de dirección, serán sometidos a un proceso de “recertificación” que implica que deberán pasar todos los filtros de rigor, anunciaron hoy los miembros de la comisión depuradora del ente, Omar Rivera y Alberto Solórzano.

Para Omar Rivera, un líder de la sociedad civil organizada, la Policía atraviesa un proceso de depuración que ya no tiene marcha atrás.

 

Dijo que por años la institución policial ha sido víctima de la tolerancia y el confort de quienes han sido permisivos ante actuaciones de policías al margen de la ley y en complicidad con criminales.

Igualmente indicó que esa displicencia ha permitido que otros policías, directamente coludidos con bandas delincuenciales, perfeccionen su accionar delictivo.

Durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez; tanto Alberto Solórzano, líder religioso de la Confraternidad Evangélica, como Omar Rivera, reafirmaron que algunos de los miembros cancelados de la Policía durante el actual proceso de reestructuración, tienen millonarias fortunas que no son compatibles con sus ingresos.

En torno a lo relacionado a los policías que resulten señalados por acciones al margen de la ley, los miembros de la comisión depuradora dijeron que la acción de ley corresponde hacerla al Ministerio Público.

Los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y transformación de la Policía Nacional, advirtieron que los encargados de dar seguimiento a los miembros de la carrera policial que están saliendo para sanear la institución son los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, con cuyos representantes se reúnen este lunes al mediodía para definir el mecanismo para enjuiciar a los policías que han delinquido.

 

Video Omar Rivera comisionado especial para la depuración policial

APJ conoce avances de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

Tegucigalpa. El Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conoció este viernes los principales avances que ha tenido la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; como parte del proceso de depuración de la Policía Nacional de Honduras.

A la reunión asistieron Omar Rivera y Alberto Solórzano; miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; y que dicho de paso también son miembros de la APJ.

Los miembros de la Comisión depuradora explicaron a los representantes de la sociedad civil el alcance de dicha Comisión en el marco del decreto de su creación; al tiempo que detallaron el proceso que se ha seguido para recopilar información de los entes contralores, y cómo esa información ha servido para sugerir las separaciones, ratificaciones y suspensiones que están formando parte del proceso de reestructuración de la policía.

En ese sentido resumieron que hasta la fecha de un total de 47 Comisionados, el 49% de ellos han sido cancelados; 34% fueron ratificados; al 9% de ellos se les acepto el retiro voluntario y el otro 9% restante, que corresponde a un número de 4 Comisionados, han sido suspendidos.

Los miembros de la Comisión Especial, que se encargaran de determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; aclararon a la APJ que ellos no tienen facultades de juzgar a ningún elemento policial; ya que esa tarea corresponde a los operadores de justicia.

La comisión depuradora fue nombrada y juramentada el 12 de abril del 2016 y la misma tiene entre sus tareas implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, al igual que remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas separadas por la supuesta comisión de un ilícito.

Por su parte, la APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos. La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.

Al encuentro con los miembros de la Comisión Especial acudieron Carlos Hernández, Presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Hilda Caldera, Presidenta de la Fundación Alfredo Landaverde; Óscar Chicas, Director Ejecutivo de World Visión Honduras (WVH); Aurora Pineda, Presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Honduras (AVVH); Jessica Sánchez, Coordinadora Técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH)

Además, acudieron Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; y Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH).

De 100 reos fugados en los últimos años solo 22 fueron recapturados

Nota tomada de Revistazo.com

La incapacidad que en el tiempo han demostrado las autoridades para el manejo del sistema penitenciario provoca descontrol y permite que las cárceles en Honduras sean regidas por autogobiernos. Son los mismos reclusos quienes llevan el control interno y manejan los presidios como escuelas de alta graduación criminal.

Tráfico de armas y drogas, asesinatos y la planeación y ejecución de crímenes, dentro y fuera de los recintos, son parte del quehacer diario de una población penitenciaria que carece de políticas gubernamentales de rehabilitación, pero que extrañamente se ha dotado de todos los accesorios para seguir delinquiendo desde adentro.

De esta situación también se derivan las facilidades que el sistema les otorga a los reos para fugarse de los centros penitenciarios, pese a la custodia militar que en los últimos años se estableció en los alrededores de los centros penales. Muchos de los fugados son personas de alta peligrosidad, “sanguinarios”, dicen unos, “bestiales”, dicen otros que se refieren a la forma en que han ejecutado crímenes horrendos. No obstante, las autoridades siguen demostrado no importarles el daño que estos delincuentes puedan ocasionarle a la sociedad.

Sólo el 22% son recapturados

Para verificar el accionar de las autoridades en torno a esta situación, Revistazo realizó un monitoreo en los periódicos digitales del país. En una muestra de 100 reos fugados, documentados por estos medios entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015, encontró que sólo 22 fueron recapturados, 70 siguen prófugos y con las posibilidades de seguir cometiendo delitos y 8 murieron en diversas circunstancias.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.20.43 a.m.

Es probable que las cifras reales de fugas—y de fugados sin recapturar—sean mayores, debido a que Revistazo solo recopiló casos que fueron cubiertos por los medios grandes nacionales, con sedes en las principales ciudades del país y posiblemente no se dieron cuenta de algunos escapes de centros de reclusión en zonas retiradas.

Es de mencionar que varios de los fugados son personas con historiales criminales horrorosos, como tres de ellos, sentenciados a 113, 281 y 400 años de prisión. También vale mencionar que la mayoría de las recapturas se produjeron cuando los fugados se vieron involucrados en otros delitos y no porque las autoridades los estuvieran buscando.

Se fugan y siguen matando gente

La debilidad y corrupción que impera en el sistema penitenciario permite que los internos salgan de la prisión sin restricción alguna. Es por eso que varios de ellos logran fugarse en repetidas ocasiones. Por ejemplo, Benigno Ríos, se fugó del centro penal de Gracias, Lempira, el 30 de junio de 2012 y nueve meses después, el 30 de marzo de 2013, la policía lo detuvo por portación ilegal de armas, en la aldea Quebrada Carpul de Santa Bárbara.

Al revisar sus antecedentes penales las autoridades encontraron que él, había cometido varios delitos por lo que fue recluido en el centro penal de Santa Bárbara, de donde nuevamente se fugó el 12 de octubre de 2014, para seguir su carrera criminal.

Ríos fue detenido por tercera vez, el 23 mayo de 2015 y ya para ese momento el Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara le había librado una orden de captura por el asesinato de Élida Rosa Pérez Pineda (14), José Javier Pérez Pineda (12), Mario Antonio Burgos y Lourdes Suyapa Ayala Pineda, crímenes que cometió en mayo de ese año.

Olman Ariel Laínez Arias, alias “Pechuga”, formaba parte de una banda dedicada a matar niños en la colonia Nueva Suyapa de la capital.  En el 2007 fue condenado por el asesinato de Eduardo Enrique Banegas y el 27 de marzo de 2014 se fugó de la Penitenciaria Nacional.Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.27.47 a.m.

Las autoridades no emitieron la alerta para recapturarlo y el 9 de abril de ese año, 13 días después de haberse fugado, participó en el asesinato de Rony Alexander Alvarado Mejía, acribillado en las inmediaciones de la terminal de buses de esa comunidad. El Ministerio Público también lo acusa de la muerte de Erick Ariel Martínez Rodríguez, mientras que la policía de investigación lo vincula con cinco homicidios más.

 

Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.31.24 a.m.

Alex Rafael Colindres Medina, ingresó a la Penitenciaría Nacional por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas y robo agravado, pero el 25 junio de 2011, se escapó de su casa ubicada en la colonia Divino Paraíso, de Tegucigalpa, cuando gozaba de un permiso especial otorgado por las autoridades para que visitara a su mamá, quien supuestamente se encontraba enferma. En esta fuga con la ayuda de varios hombres fuertemente armados mató a un policía penitenciario e hirió a otro.

Pero a ellos también los matan

El 24 de junio de 2011 las autoridades reportaron que tres reos de alta peligrosidad se habían escapado en un camión de basura de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, pero no se interesaron en recapturarlos. Dos meses más tarde, el 15 de agosto de ese año, los tres aparecieron muertos en Siguatepeque y llegaron como desconocidos a la morgue de medicina forense donde fueron reconocidos por sus familiares.

Ellos eran Alex Rafael Colindres Medina, José Margarito Cardona Osorto y Héctor Manuel Díaz Amador. Colindres Medina y Cardona Osorto era la segunda fuga que habían llevado a cabo.

Cardona Osorto, guardaba prisión desde el 2 de marzo de 2009 por asalto bancario, tentativa de asesinato y evasión, por lo que cumplía una sentencia de 29 años con cuatro meses, mientras que Héctor Manuel Díaz Amador, había sido sentenciado a 28 años de cárcel por los delitos de robo, homicidio simple, lesiones y tráfico de drogas.

El 11 de mayo de 2011, en las cercanías de Estadio Olímpico, Metropolitano de San Pedro Sula aparecieron muertos, Allan Josué Alvarado Cruz y Eugenio Chávez Santos, fugados de la Penitenciaria Nacional, el 23 de abril de ese año.

Las autoridades informaron que Walter Iván Paz, quien estaba recluido en el centro penal de Choluteca, Alwin Osiel Suezo Suazo, en la granja penal de Comayagua y Erick David Sevilla Salgado, en la Penitenciaría Nacional, murieron acribillados por guardias de seguridad, policías y militares, cuando supuestamente trataban de impedir que se  fugaran.

¿Y por qué no los recapturan?

Esa es la interrogante que hasta ahora no encuentra respuesta de las autoridades. Expertos en el tema identifican obstáculos referidos en la aplicación de procedimientos legales, debilidades institucionales y falta de comunicación entre las instituciones. Según los especialistas consultados por Revistazo, esa modorra gubernamental, trae como consecuencia la comisión de nuevos delitos por parte de las personas fugadas.

El sistema penitenciario nacional lo conforman 24 reclusorios clasificados en once penitenciarías nacionales y trece centros penales, pero a esos se suman las celdas de aislamiento que el gobierno habilitó como prisión preventiva en dos batallones de Tegucigalpa y San pedro Sula, más cuatro reclusorios de menores, que son manejados por la Dirección de Niñez Adolescencias y Familia (DINAF), antes IHNFA, pero con el mismo método de manejo.

 

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Captura de pantalla 2016-05-04 a las 9.33.12 a.m.

Capítulos regionales de APJ impulsan proceso para identificar mayores desafíos de los operadores de justicia

  • La Alianza por la Paz y la Justicia está implementando la regionalización de sus intervenciones en cuatro ciudades del país: Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán; San Pedro Sula en el departamento de Cortés; Comayagua en el departamento de Comayagua y Catacamas en el departamento de Olancho.

San Pedro Sula. Una comisión de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunió este miércoles y jueves con diferentes funcionarios de las instituciones del sistema de Justicia de San Pedro Sula y El Progreso, a fin de analizar la problemática desde el ámbito local y definir una agenda común de trabajo.

A través de la instalación de una mesa bipartita conformada por miembros de la sociedad civil y operadores de seguridad y justicia, los capítulos de APJ de SPS y El Progreso dan inicio al proceso de “Cinco y Cinco”, iniciativa orientada a identificar los cinco principales retos y cinco necesidades prioritarias del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.

Mediante un trabajo de incidencia directa con los titulares de estas instituciones, se promueve la atención de las mayores necesidades de los operadores de seguridad y justicia de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Copán y Catacamas.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoría social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Participaron en esta reunión funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), movimientos juveniles y miembros del capítulo regional de APJ en San Pedro Sula y El Progreso.

La Alianza por la Paz y la Justicia reconoce que es imperativo el fortalecimiento de un liderazgo regional que incida desde el ámbito local en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia, a través de acciones de participación, incidencia política y denuncia.

Contar con Capítulos Regionales sólidos y eficaces que gocen de un propósito claro y un plan definido, constituye los cimientos sobre los cuales la APJ puede lograr resultados, tanto a corto como a largo plazo, como parte de un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

Acerca de los Capítulos Regionales de APJ:

A mediados del 2014, APJ inició un proceso de conformación y consolidación de plataformas ciudadanas denominados Capítulos Regionales APJ, con el objetivo de descentralizar su gestión a través del liderazgo de sus organizaciones miembros en cinco municipios de Honduras.

En Santa Rosa de Copan, a través de la Asociación de organismos no gubernamentales (ASONOG); en El Progreso con Red Viva y Oye Honduras; en Comayagua, con la Pastoral Social Caritas; en Catacamas con la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) y en San Pedro Sula con el apoyo del Foro Social Valle de Sula (FSVS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH VS), la Pastoral Penitenciaria y la organización Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha Ja).

 

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Capítulo regional de APJ

Comisión anuncia cancelación de 23 comisionados y confirma suspensión de cuatro

Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional anunció este viernes la cancelación de 23 comisionados de la institución y confirmó la suspensión de otros cuatro, tras la evaluación detallada de la información proporcionada por entes contralores del Estado y operadores de Justicia.

Luego de analizar la información de los 47 comisionados activos de la Policía que fue remitida por: el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, la comisión resolvió ratificar en sus cargos a 16 de los oficiales.

Estos comisionados son ratificados en sus cargos “en el marco de la nueva estructura organizacional, sin perjuicio que sean sometidos a evaluaciones periódicas para asegurar su idoneidad y buen desempeño, por organismos externos”, detalló la comisión en el séptimo comunicado emitido desde su conformación el pasado 12 de abril.

Otros 23 de los oficiales fueron cancelados a raíz de la nueva estructura policial, mientras fue aceptado el retiro voluntario de cuatro de ellos.

Asimismo, confirmó la suspensión de cuatro más de sus cargos actuales, “en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que se concluyan las mismas”.

La semana pasada, la comisión anunció la cancelación de tres generales y la suspensión de dos.

108 Subcomisionados a evaluación

La Comisión Especial informó hoy que en aras de continuar con el proceso de evaluación, se remitieron notas el pasado 26 de abril a los operadores de justicia y entes contralores para que en el plazo de tres días hábiles brinden información referente a los 108 Subcomisionados activos de la Policía Nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar —con objetividad y decisión- con el proceso de depuración y reestructuración para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional, tal como nuestro país lo requiere, tal como nuestra nación lo demanda”, finaliza el comunicado.

+ Lea el Comunicado:

comunicado 7-1

 

comunicado 7-2

Ex Subcomisionada pide reunión privada

La comisión tenía prevista para ayer una reunión con la ex subcomisionada María Luis Borjas para revisar información en poder de la exfuncionaria; sin embargo, el encuentro fue suspendido.

Aunque inicialmente Borjas había confirmado la reunión vía telefónica, según lo indicado por la comisión, la tarde del jueves pidió a la comisión una reunión privada.

 

 

“Hemos recibido una nota de su parte, disculpándose por no poder asistir. Asimismo, nos solicita que, por razones de seguridad personal, reprogramemos la reunión bajo una modalidad privada”, apuntó la comisión en un sexto comunicado.

Además de Borjas fueron citados por la comisión el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, quienes comparecerán en las próximas horas.

+ Lea el comunicado

 

Comunicado-6

Embajada de EE UU entregó información de policías a Comisión de Depuración

  • Comisión solicitó a la Embajada información sobre hechos de corrupción en la Policía.
  • Información, según la sede diplomática, había sido compartida con el Gobierno de Honduras
  • EE UU apoya esfuerzos de la Comisión y considera un deber compartir información para el éxito de la depuración.

Tegucigalpa. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó este jueves que entregó a la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, información relacionada con hechos de corrupción al interior de la institución.

A través de un comunicado, la Embajada detalló que la Comisión “solicitó información a la Embajada de los Estados Unidos de América relacionada con su investigación sobre hechos de corrupción de la policía, y se le proveyó dicha información”.

La sede diplomática confirmó que la gran mayoría de esa información ya “había sido compartida con el Gobierno de Honduras durante varios años mediante los mecanismos normales que existen para informar al Gobierno cuando la embajada da cuenta que existen indicios creíbles que oficiales de policía han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos, tráfico de narcóticos u otros crímenes serios”.

“Como país amigo de Honduras, los Estados Unidos de América apoya a los esfuerzos de la Comisión y considera que es el deber de todos compartir la información que posee para que la depuración tenga éxito”, agregó.

Además, aclaró que no está investigando a la Policía Nacional de Honduras; sin embargo, dijo contar con programas de entrenamiento y de otro tipo para oficiales policiales, para los cuales se exige la confiabilidad de que el personal que los recibe no esté involucrado en violaciones a los derechos humanos, tráfico de narcóticos u otros crímenes que no sean compatibles con la política exterior de EE UU.

Hace unos días, el embajador estadounidense James Nealon afirmó que “este es el momento para trabajar en conjunto para depurar la policía”, con el fin de que el pueblo hondureño tenga la Policía que se merece.