Comisión Depuradora se alista para evaluar a más de 10 mil policías de escala básica

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La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional se alista para proceder a investigar y evaluar a más de 10 mil agentes de escala básica y empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial informó que “luego de culminar el proceso de evaluación de la idoneidad y pertinencia de incorporar a la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional a los altos oficiales toca el turno de examinar los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quienes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quienes serán cancelados”.

Rivera, quien también es Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señaló que “de esta evaluación no se escaparán los empleados de las diferentes unidades administrativas, financieras y logísticas en las cuales laboran un importante número de profesionales de diferentes ramas que dan apoyo a las actividades policiales”.

“Será complejo evaluar a un número tan elevado de agentes de la base policial, por lo que tendremos que iniciar con aquellos que tienen problemas con la justicia, los procesados y enjuiciados, aquellos que están siendo investigados por órganos contralores del Estado y entidades operadoras de justicia, los que han cometido faltas y transgredieron el régimen disciplinario, y los que no aprobaron las pruebas de confianza” expresó el dirigente de la sociedad civil; el depurador apuntó que “también serán prioridad para la evaluación aquellos policías de los cuales se sospecha hayan tenido vínculos con redes de corrupción y bandas del crimen organizado”.

Asimismo, comunicó que “los policías de escala básica que de acuerdo a disposiciones legales deban ser pensionados y jubilados, podrán recibir ese beneficio; no es justo que quienes tengan alguna limitación fisca o de salud, o los que ya están en etapa de jubilarse, sigan en servicio, a ellos se les debe respetar su derecho de gozar de los beneficios que brindan las entidades de previsión a las cuales han cotizado”.

Finalmente, el integrante de la Comisión Especial recordó que –tal cual se mencionó en los comunicados públicos emitidos recientemente- “se procederá, lo antes posible, a un proceso de recertificación de los oficiales que fueron incorporados a la nueva estructura orgánica y autorizados a continuar en la carrera policial, para lo que es indispensable apoyo externo especializado, a fin de garantizar óptima calidad en la aplicación de una metodológica con estándar internacional”.

POLICÍAS SUSPENDIDOS SERÁN SOMETIDOS A EVALUACIÓN

En otro orden de asuntos, Omar Rivera, reveló que esta semana, la Comisión Especial para la Depuración Policial procederá a tomar una decisión sobre el futuro de una treintena de oficiales y agentes de la Policía Nacional, suspendidos de sus funciones el pasado 18 de abril, por estar mencionados, en medios nacionales e internacionales, como supuestos participantes en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales y el experto en crimen organizado Alfredo Landaverde.

Según lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Secretario de Seguridad puede suspender a miembros de la carrera policial por un periodo de 120 días, que precisamente se cumplieron recientemente.

“Le toca a la Comisión Especial decidir sobre cual será la recomendación que le dará al ministro Julián Pacheco; es decir, si se le recomienda que estos policías continúen en la institución o si se le exhorta que se les cancele” explicó Rivera.

Omar Rivera: Expedientes van teñidos de sangre y lodo

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  • Comisión Depuradora entregó al menos 144 casos de policías vinculados a presuntos delitos al Ministerio Público.
  • Ciudadanos presentaron 107 denuncias a través de la plataforma Honduras Denuncia.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que los expedientes de policías vinculados a supuestos actos ilícitos que fueron entregados este miércoles al Ministerio Público «van teñidos de sangre y lodo».

El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), expresó que “los expedientes de supuestos indicios de responsabilidad penal relacionados a integrantes de la carrera policial van teñidos de sangre y lodo, pues evidencian que muchas policías se dedicaron matar, robar, extorsionar y a enriquecerse ilícitamente”.

“Los expedientes entregados al Ministerio Público (MP) contienen historias dantescas en las cuales criminales, delincuentes y corruptos son aquellos que precisamente eran los responsables de combatir el accionar ilícito del crimen organizado y la delincuencia común; es decir, altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional son los malos de la película”, agregó.

El depurador señaló que “la Comisión Especial confía en la responsabilidad, valentía y capacidad del Fiscal General del Estado para procesar toda la documentación que se le ha remitido y que a través de una fuerza de tarea especializada dará persecución penal a quienes transgredieron la Ley”.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil reconoció que un factor determinante para completar toda la documentación que sustenta los expedientes remitidos a la Fiscalía General del Estado fue “la participación de la gente, el aporte ciudadano y la decisión de los hondureños a no quedarse callados ante los excesos de quien ha mal utilizado la autoridad que se les ha concedido”; por lo que motivó a la ciudadanía a “seguir colaborando con la Comisión Especial y denunciar a los malos policías que son negligentes o cometen actos ilícitos en el desempeño de sus funciones”.

Finalmente, Rivera pidió a la Secretaria de Finanzas y al Congreso Nacional de la República hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto del MP durante el ejercicio fiscal 2017, ya que “para enfrentar los retos y desafíos del combate a la corrupción policial, las diferentes fiscalías especiales van a necesitar mayor cantidad de recursos humanos, logísticos y materiales”.

Asimismo, advirtió que “si no se fortalecen las capacidades del MP será difícil que puedan evacuar todas las denuncias contra policías picaros y casos en cartera que implican redes corruptas conformadas por oficiales y agentes”.

Historia de Éxito: Oscar Osorio, el joven que nos invita a volver a creer

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Oscar Osorio, ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que lo han asaltado; aun así este joven de 22 años aún mantiene la esperanza de que en el país las cosas pueden mejorar.Captura de pantalla 2016-08-23 a las 1.44.45 p.m.

Este estudiante de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH-VS, es uno de los egresados del programa de formación “Seguridad 101”, que imparte la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) a través de sus capítulos regionales.

“En Seguridad 101 uno de los temas que más me gustó, fue lo relacionado a la estructura del Estado y cómo funcionan los entes impartidores de justicia en el país” señaló Oscar; al tiempo que destacó que todo lo aprendido le ha sido de mucha utilidad para poder compartir los conocimientos adquiridos.

“He asumido el compromiso de dar replica a los conocimientos que ahora poseo, mi misión es que cada día sean más y más los jóvenes empoderados en estos temas” comparte Oscar.

Captura de pantalla 2016-08-23 a las 1.45.16 p.m.Con su destacado liderazgo, dentro de los programas de participación juvenil de la organización aliada de APJ, OYE Honduras y de la cual él forma parte desde hace cinco años, Oscar ha logrado visitar cinco centros educativos de la ciudad de El Progreso, donde ha llegado a más 500 niños a quienes les ha compartido la importancia de la participación ciudadana, de mantener las esperanzas como población, y de conocer con detalle la función de cada ente operador de justicia en el país.

“mi granito de arena a esta sociedad es poderles enseñar a niños y jóvenes lo que aprendí gracias a la APJ; si todos ponemos de nuestra parte el país puede mejorar”, enfatizó Oscar.

Acerca del “Seguridad 101”

En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) inicia el proceso de formación denominado “Seguridad 101”; programa destinado a desarrollar las capacidades de dirigentes de organizaciones no gubernamentales, academia e iglesias, para que realicen efectivas intervenciones de auditoría social e incidencia política ante los tomadores de decisiones del sistema de seguridad y justicia en el país.

ASJ pide aprobar marco legal integral para fortalecer depuración policial y operadores de justicia

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  • Comisión Especial presentó su primer informe del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ante el Congreso Nacional.
  • Reformas y nuevas leyes son fundamentales para fortalecimiento de entes investigadores e impartidores de justicia.

Tegucigalpa. Un nuevo marco legal integral es indispensable para fortalecer no solo a la Policía Nacional, sino al resto de instituciones operadoras de justicia, señaló este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a propósito de la presentación del primer informe de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional ante el Poder Legislativo.

La ASJ, capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, instó a los diputados al Congreso Nacional a aprobar sin dilaciones las reformas que permitan realizar cambios estructurales y duraderos dentro de la Policía Nacional, pero también aquellas encaminadas a robustecer al aparato nacional de justicia.

En ese sentido, la organización de sociedad civil apunta la necesidad de vigorizar mediante leyes y reglamentos la estructura, coordinación, independencia y funcionamiento en general de otros entes de justicia y contralores del Estado tales como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.

En el caso específico de la Policía Nacional, la creación de nuevas leyes y reglamentos -a criterio de Omar Rivera, coordinador de Incidencia de la ASJ y miembro de la Comisión Depuradora-, vendrá a fortalecer la estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad, dotándola de capacidades administrativas y de sanción.

De acuerdo al también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), las reformas a la nueva ley orgánica de 117 artículos en lugar de 176, deben contemplar la creación de una comisión de seguimiento con las facultades de asesorar, recomendar y presentar iniciativas que fortalezcan el sistema de seguridad del país.

En su presentación ante los legisladores, la Comisión Especial remarcó la importancia de aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como una Ley de Personal de la Carrera Policial, con el objetivo de dotar a la Secretaría de Seguridad de un marco legal que apoye y haga sostenible el proceso de depuración policial.

Los depuradores sugirieron además implementar procesos similares de depuración en organismos del sector justicia e institucionalizar mecanismos de denuncia.

La ASJ ha impulsado a través del Convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad suscrito en octubre de 2014 con el Gobierno de Honduras reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la aprobación de la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

Sugerencias de reformas fueron presentadas a la Secretaría de Seguridad, las cuales fueron planteadas casi en un 95% al proyecto de ley que fue presentado y en espera de aprobación en el Congreso Nacional.

A raíz de estas recomendaciones y otros hallazgos presentados en el Informe Línea Base de la Secretaría de Seguridad, Seguridad creó y se encuentra en proceso de implementación del Plan de Mejora 2016-2017.

 

 

500 millones de lempiras estaría necesitando el MP para potenciar capacidades

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  • Comisión Depuradora también ha demandado ampliar el presupuesto de operadores de justicia.
  • MP es quien menos presupuesto tiene asignado, en comparación con la CSJ, Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad.

El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, declaró que se necesitan alrededor de 500 millones de lempiras, para potenciar las capacidades del Ministerio Público (MP).

“Hay conciencia que es sumamente necesario apoyar a la institución y es por eso que como sociedad civil hemos señalado la necesidad de ampliar el presupuesto del MP para el ejercicio fiscal 2017, el cual requiere al menos 500 millones de lempiras para eficientar su labor” explicó Rivera.

Actualmente el MP funciona con un presupuesto de L. 1,415, 307,100, en contraste a L. 6, 710, 434,641 asignados a la Secretaría de Defensa, mientras que la Secretaría de Seguridad tiene asignado L. 5, 952, 735,239 y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se le destinó L. 1, 934, 954,800 para su presupuesto del 2016.

El también, coordinador de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Omar Rivera lamentó que “es difícil comprender como se puede empujar una frontal lucha contra la corrupción y la impunidad, cuando dos de los principales operadores de justicia, tanto el encargado de la investigación al crimen organizado y quien tiene la acción penal, como el encargado de juzgar y sancionar a quienes transgreden la ley, no cuenten con asignaciones presupuestarias importantes que mejoren las precarias condiciones que los mismos presentan”

La sociedad civil ha señalado la importancia de aumentar de manera equitativa la partida presupuestaria del sistema de justicia, defensa y seguridad del país, pues solo así podrá fortalecerse las capacidades de la institucionalidad estatal.

“Sin duda, la asimetría presupuestaria que hemos visto en los últimos años, disminuye la capacidad de respuesta de instituciones como el MP, lo que limita que este ente pueda cumplir a cabalidad con el mandato de ley, de investigar, perseguir y sancionar efectiva y oportunamente a los delincuentes y criminales en el país” finalizó Rivera.

De acuerdo a una investigación realizada por la APJ en el año 2015, en la última década, las instituciones del Sistema de Seguridad y Justicia que más han recibido recursos son la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional; de los L. 82 mil 955 millones asignados por el Congreso Nacional de la República al Sistema (2006 -2015), el 37% de los mismos fueron destinados a la Secretaría de Seguridad, mientras que el 34% se asignaron a la Secretaría de Defensa Nacional.

Mientras a las operaciones de Seguridad y Defensa se fijó más de dos terceras partes del presupuesto total del sistema, al Ministerio Público y al Poder Judicial, se le transfirió únicamente el 10% y el 19%, respectivamente, del total de los recursos aprobados por la asamblea legislativa, en el período del 2006 al 2015.

El MP cuenta con una importante demanda social en temas de corrupción, crimen organizado, delincuencia común y violaciones de derechos humanos como la niñez y mujeres, la cual difícilmente puede ser respondida si no se cuenta con recursos adecuados y justos.

Esta semana, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional solicitó al Congreso Nacional un incremento presupuestario a las entidades operadoras de justicia, con el fin de lograr fortalecer las capacidades de las instituciones y lograr un mejor combate a la criminalidad organizada y común.

APJ insta al Ministerio Público iniciar proceso de certificación de su recurso humano

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  • Fiscal General del Estado invitó a la APJ a colaborar en proceso de depuración fiscal.
  • APJ respalda solicitud de incremento al presupuesto del MP.
  • La próxima semana, Comisión Depuradora entregará al MP expedientes de policías.

Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron la mañana de este jueves con el Fiscal General de la República, abogado Óscar Fernando Chinchilla con el propósito de verificar el avance en el proceso de modernización de la gestión del Ministerio Público (MP), el monitoreo a la persecución penal en casos emblemáticos y la contribución de diferentes fiscalías especiales a la corrupción policial.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ insistió que es un tema primordial para esta plataforma ciudadana el fortalecimiento de las capacidades y la especialización del MP, como parte del enorme desafío que se enfrenta en el país, de luchar contra la corrupción y la impunidad.

“Estamos convencidos que el trabajo del MP es determinante, como sociedad civil tenemos enormes expectativas para que se revitalice la acción penal y para esto es indispensable un proceso interno de transformación que implique una evaluación de los actuales fiscales para determinar quienes ya no caben en función de los desafíos que se plantean” apuntó el representante de sociedad civil.

En ese sentido, el Fiscal General del Estado anunció a los representantes de la APJ que se viene un proceso de certificación del recurso humano a lo interno del MP, donde se solicitará la participación activa de la sociedad civil, por lo que invitó a la plataforma ciudadana representada en la APJ a colaborar para que ejecute acciones de auditoría social.

Además, el titular del MP adelantó que se solicitará una ampliación del presupuesto para el año 2017, con el fin de aumentar el número de fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), así como de agentes de medicina forense.

En ese mismo orden, Rivera detalló que se considera fundamental el respaldo financiero que pueda darse a la institución, “con un incremento al presupuesto del ejercicio fiscal 2017, el MP podrá impactar positivamente con un mejor desempeño, no solamente en la ampliación de la cobertura de servicios, sino también en la especialización, la persecución de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lucha en contra de maras y pandillas y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad”

Actualmente el MP opera con un presupuesto de 1,415, 307,100 lempiras (2016), 21.4% más que lo aprobado en el 2015, donde su presupuesto era de 1, 165, 307,100 lempiras; sin embargo la APJ ha señalado que si bien es cierto el presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, ha tenido un incremento significativo, el mismo ha beneficiado más a algunas dependencias estatales, mientras otras han recibido aumentos menos importantes, tal es el caso del Ministerio Público.

De acuerdo al informe presentado por APJ en 2015, sobre la “Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras (2006-2015)”, se muestra que no todas las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, recibieron incrementos tan sustanciosos. Por ejemplo, en el período 2013-2015, mientras la Secretaría de Defensa Nacional alcanzó un total de Lps. 13 Mil 617 Millones en el trienio, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad fue de Lps. 11 Mil 964 Millones, en ese mismo ciclo; del mismo modo, el presupuesto aprobado para el Poder Judicial fue de Lps. 5 Mil 639 y para el Ministerio Público la cantidad acumulada en esta etapa fue de apenas Lps. 3 Mil 227 Millones.

COMISIÓN AD HOC INVESTIGARÁ EXPEDIENTES POLICIALES

En el marco de la entrega que hará al MP, la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, de expedientes de miembros policiales vinculados a actos ilícitos, la APJ manifestó la enorme expectativa que se tiene en cuanto al desempeño de las distintas fiscalías especiales en la persecución de aquellos delitos cometidos por altos oficiales de la policía.

Al respecto, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y también miembro de la Comisión Depuradora, Alberto Solórzano, avisó que “la próxima semana la Comisión Especial para la Depuración Policial estará entregando al MP los expedientes donde hay indicios de algún grado de responsabilidad por parte de gente dentro de la Policía Nacional”.

Asimismo, el comisionado Omar Rivera especificó que será una estructura Ad hoc del Ministerio Público la responsable de investigar dichos expedientes, los cuales constituyen una fuente valiosa para incoar acciones penales en los tribunales.

“Tenemos mucha información que se desprende de informes que fueron procesados a lo interno de la Policía Nacional, así como de otras instituciones contraloras del Estado, son datos que servirán de insumo para que actúe el Ministerio Público. Ellos tendrán que poner su mayor esfuerzo para trabajar en esas líneas de investigación”, puntualizó Rivera.

Durante la reunión, además participaron Aurora Pineda, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Kurt Alan Ver Beek, vice presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Amanda Madrid, presidenta la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Marco Tulio Villela, representante de World Visión Honduras; Carolina Caldera, de la Fundación Alfredo Landaverde; Luis León y Ninoska Arias, miembros del equipo técnico de la APJ.

Presupuesto de operadores de seguridad, defensa y justicia debe ser elevado

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Tegucigalpa. “El Congreso Nacional de la República debe aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2017”, ha declarado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Rivera, indicó que durante la rendición de cuentas que se realizó ante la Junta Directiva del Poder Legislativo y los jefes de bancadas parlamentarias, la Comisión Especial solicitó a los diputados “fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”.

El representante de la sociedad civil manifestó que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común, así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el 3% del Presupuesto General al Poder Juridicial y hacer sostenible recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

Modernizar el marco jurídico

Del mismo modo, el depurador pidió a los diputados aprobar de inmediato el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

“El proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa. Estas reformas a la Ley Orgánica y la aprobación de la Ley de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado”, expresó el también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Y añadió que dichas reformas permitirán “formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, así como respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Omar Rivera indicó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

Policías cancelados han recibido más de 86 millones de lempiras en pago de prestaciones e indemnizaciones laborales

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  • Comisión Depuradora ha respetado el goce de derechos laborales a policías separados por reestructuración y de forma voluntaria.
  • El 25% de la alta oficialidad ha sido separada de la institución policial.

Tegucigalpa. Son cerca de 86 millones de lempiras los que se han pagado en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales a los miembros de la institución policial que han sido cancelados de sus cargos por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Omar Rivera, miembro de la Comisión confirmó que “hasta la fecha se han pagado más de 86 millones de lempiras por concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos“.
No obstante, Rivera aclaró que únicamente se le paga sus derechos a quien se le excluye de la estructura gubernamental, sin que medie causa imputable al policía, es decir a aquellos que han sido separados bajo la figura de reestructuración o mediante retiro voluntario.

En relación a los policías vinculados a algún acto irregular, Rivera apuntó que “se ha seguido el procedimiento y esos son cancelados, pero habiendo causal imputable a ellos en los cuales pierden su derecho, la Secretaría de Seguridad procede a la cancelación”.

El decreto 21-2016 que da vida a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, autoriza a la Secretaría de Finanzas para crear la partida presupuestaria correspondiente para el pago de los pasivos laborales de los policías que son cancelados.

Al Poder Ejecutivo se le autoriza, además, establecer convenios de pago para el reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales en el caso de retiro voluntario.

En cuatro meses de trabajo, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha evaluado a 946 uniformados, de los cuales 313 han sido separados de sus funciones, lo que representa el 33% del total.

En este primer ejercicio de evaluación policial de la alta oficialidad se generó la salida del 25% de la cúpula policial.

Alianza por la Paz y la Justicia realizó taller de planificación estratégica

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  • En el encuentro se midió el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la plataforma ciudadana.
  • Staff de APJ tuvo espacios para la reflexión espiritual.

Comayagua. Con el propósito de hacer una evaluación intermedia de la gestión institucional de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) el personal técnico de esta plataforma ciudadana, realizó una jornada de planificación estratégica.

Dicha actividad se llevó a cabo en un centro de retiro ubicado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, y tuvo una duración de tres días.

La agenda del evento incluyó un espacio para la reflexión espiritual, empoderamiento de los procesos administrativos internos, evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y seguimiento a las acciones ejecutadas en el marco de la Teoría de Cambio Institucional (TCI).

Personal técnico de la APJ participa en el taller de planeación estratégica.

Personal técnico de la APJ participa en el taller de planificación estratégica.

Del mismo modo, el staff de la APJ midió el cumplimiento de compromisos adquiridos, generación de productos, ejecución de actividades y obtención de resultados con socios, aliados y donantes.

En el taller de planificación estratégica de la APJ también se generó conciencia entre los integrantes del equipo sobre la importancia de la gestión estratégica y cómo el desarrollo de competencias claves aporta a la eficiencia interna. Finalmente, se desarrollaron ejercicios de integración grupal, convivencia y recreación.

El taller se desarrolla en un centro de retiro de la Ciudad Colonial.

El taller se desarrolla en un centro de retiro de la Ciudad Colonial.

La APJ es una coalición interinstitucional conformada por organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias e instituciones académicas que ejecutan acciones de auditoría social e incidencia política ante las entidades operadoras de justicia y seguridad en Honduras; en forma consistente con los principios de gobernabilidad democrática, con énfasis de control interno, rendición de cuentas, transparencia y una sociedad activa.

La estrategia de intervención de la APJ se enfoca en la labor de cuatro componentes: Investigación, Comunicaciones y Campaña, Movimiento y Regionalización, e Incidencia política.