Expertos internacionales analizan el impacto generado por el COVID-19 en los Derechos Humanos

• Durante el foro virtual, se detallaron los mecanismos de contención inteligente que se pueden implementar en el marco de la emergencia sanitaria.
• Se analizaron las falencias en derechos humanos en América Central.

Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó un conversatorio virtual con la participaron de expertos internacionales, quienes detallaron la importancia de los Derechos Humanos en el marco de la emergencia mundial generada por el COVID-19.

El webinar “Derechos Humanos en tiempos del COVID-19”, contó con la participación de María Asunción Moreno, especialista en derecho penal de Nicaragua; Luis Ramírez, experto en reformas de justicia penal de Guatemala y Russlan Espinal, oficial de Derechos Humanos de la APJ.

Durante el encuentro virtual, los expertos analizaron las falencias en derechos humanos en los países de América Central durante la emergencia sanitaria, al tiempo que discutieron la estructura judicial por el no cumplimiento de la ley, el rol del Estado en materia a derechos inherentes, población en situaciones de vulnerabilidad y el manejo de fondos económicos dirigidos a contrarrestar la pandemia.

La nicaragüense María Moreno instó a los gobiernos de la región a emprender acciones que permitan promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos, especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad. “Cuando tienes un Estado que omite sus obligaciones en garantizar y velar por la seguridad y ofrecer protección a los sectores más vulnerables sobre temas de derechos humanos, lo único que nos queda a nosotros es aplicar el aislamiento social para protegernos y proteger a los demás”, comentó.

Por otra parte, el especialista en derecho penal de Guatemala, Luis Ramírez, aseguró que una cuarentena vigilada donde prevalezcan los Derechos Humanos es fundamental en medio de esta crisis.

“El enfoque para salir de esta crisis mundial, no es reactivando la economía si no, hacer una cuarentena vigilada donde prevalezcan los derechos y garantizar que podamos tener una interacción social con el menor impacto posible; asimismo, crear una reconstrucción de la normalidad que existía y ver el COVID-19 como una oportunidad de volver al enfoque de los derechos humanos”, detalló Ramírez.

En la parte final del encuentro virtual, los panelistas detallaron los mecanismos de contención inteligente que se pueden implementar para fortalecer los sistemas económicos de salud y educativos; además, exhortaron a las autoridades de Guatemala, Nicaragua y Honduras a crear políticas sociales positivas y estrategias de seguridad pública para consolidar los derechos de los ciudadanos.

“Las políticas que deben adoptar los gobiernos y cada uno de los ciudadanos son el distanciamiento social de manera permanente hasta contrarrestar el virus, el uso obligatorio de la mascarilla, la no asistencia a lugares con mucha aglomeración de personas y crear campañas de solidaridad y de responsabilidad social”, mencionó Russlan Espinal, oficial de derechos humanos de la APJ.

Suspensión de garantías constitucionales durante pandemia por COVID-19 ha impactado acceso a la justicia y respeto a derechos humanos

Tegucigalpa. La coalición de organizaciones de sociedad civil, representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), realizó este miércoles un conversatorio virtual con el objetivo de analizar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la situación que atraviesa el país en materia de impunidad.

El webinar “Derechos Humanos, Justicia e Impunidad en Honduras”, contó con la participación de: Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, (CODEH); Ramón Barrios, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) y Russlan Espinal, oficial de derechos humanos de la APJ.

Durante el encuentro virtual se analizó las taxativas en el acceso a los tribunales de justicia y el respeto a los derechos humanos, en el marco de las garantías constitucionales suspendidas durante la emergencia sanitaria.

Hugo Maldonado lamentó que la suspensión de garantías constitucionales que permiten la movilidad de las personas, este limitando la labor de los defensores de derechos humanos en el país “estos tres meses han sido bastante difíciles, pues estas restricciones no nos han permitido ejercer nuestra labor como activistas de derechos humanos al cien por ciento”.

En ese sentido, el catedrático universitario Ramón Barrios, señaló como estas limitaciones en la movilidad ciudadana, han impactado en el acceso a la justicia; “los profesionales del derecho no hemos tenido acceso a los tribunales de legalidad, lo que representa que los imputados, personas sometidas a un proceso penal o que han sido detenidas en esta cuarentena no han contado con una legítima defensa sencillamente porque los abogados en el ejercicio independiente de su profesión no han tenido libre acceso y movilidad”.

Los panelistas coincidieron que el principal problema de los derechos humanos en Honduras, se centra en la falta de castigo para los delincuentes, situación que representa el primer paso a la impunidad.

En consecuencia, en la parte final del encuentro se reflexionó en torno a las cifras de impunidad y homicidios que se reportan en el país, en donde “según datos de la APJ, en el 2019 tan solo el 13% de los casos que llegaron a los Tribunales de Justicia eran resueltos, lo que representa un índice de impunidad de 87% en el país”, compartió Russlan Espinal.