Plataforma Juvenil por la Democracia insta al Congreso Nacional a discutir de forma abierta, participativa y transparente la nueva Ley Electoral

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Nosotros y nosotras, jóvenes pertenecientes a distintas organizaciones y regiones del país, representamos más del 40% de la población en Honduras, hemos sido víctimas de la violencia, desempleo, la falta de acceso a la educación, salud, no hemos tenido una representación efectiva en las instituciones democráticas, a pesar de que cada proceso electoral 600,000 nuevos jóvenes entran al Censo Nacional Electoral para participar en procesos electorales. Por medio de la juventud organizada es que se han visibilizado los errores cometidos en la toma de decisiones en el sector público y la necesidad de que la ciudadanía participe activamente en los procesos democráticos.

El lunes 7 de septiembre de 2020, la Secretaría General del Congreso Nacional recibió el dictamen de la nueva Ley Electoral para su discusión en el pleno de diputados y diputadas. Por este motivo, y dada la importancia que reviste la aprobación de esta ley previo a la convocatoria de las elecciones primarias prevista para el 13 de septiembre de 2020, las organizaciones suscritas en este posicionamiento se pronuncian con respecto a los siguientes puntos:

1. Deliberaciones participativas y transparentes. Dado que el Congreso Nacional efectuará la discusión sobre la nueva Ley Electoral por medio de sesiones virtuales, con el objetivo de garantizar el debate participativo y el acceso a la información pública:
– La efectiva participación en el debate de los diputados de las diferentes bancadas del Congreso, para evitar arbitrariedades en el uso de la palabra y promover el debate razonado sobre las disposiciones y los temas en los que no se han alcanzado consensos para su aprobación.
– La transmisión de estas sesiones por medio del canal oficial del Congreso Nacional y de sus redes sociales;
– La publicación del dictamen de la Ley Electoral y de las actas de las sesiones en las que se discuta y apruebe su contenido; y,
– Los resultados de las votaciones y la identificación del voto emitido por cada diputada y diputado propietario.

2. El enfoque ciudadano de la reforma. Durante los últimos años, a través de diferentes movilizaciones juveniles, organizaciones sociales e iniciativas ciudadanas, se han impulsado reformas estructurales para el sistema democrático hondureño. Por esta razón, es un imperativo que esta nueva Ley Electoral contenga disposiciones que resuelvan demandas ciudadanas como: la segunda vuelta electoral, la fiscalización del financiamiento político, la actualización del Censo Nacional Electoral, la integridad en el sistema de transmisión de resultados, la participación política de las mujeres y el abordaje de la reelección presidencial desde una perspectiva técnica, constitucional y deliberativa. Estas reformas contribuirían a fortalecer la confianza y legitimidad ciudadana sobre el proceso electoral, sus resultados, y a evitar conflictividad y polarización social.

La reconstrucción de la política y la democracia hondureña pasa por lograr inclusión real de la juventud en la discusión de temas de interés nacional, en la que se dé la convergencia de ideas y opiniones entre todos los sectores de la sociedad. El inicio del proceso electoral, con su convocatoria realizada a partir del 13 de septiembre requiere la confianza y legitimidad ciudadana necesaria para que los órganos del sistema electoral dispongan del marco legal que les permita cumplir con sus deberes, y para que los ciudadanos hagan efectivo el ejercicio de sus derechos políticos.

Intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP) no debe servir para repolitizar la institucionalidad del Estado hondureño

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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ante la iniciativa del Congreso Nacional de la República de Honduras de intervenir el Registro Nacional de las Personas (RNP), se pronuncia en los siguientes términos:

1) El sistema político de Honduras y las instituciones responsables de organizar, dirigir, administrar y desarrollar los procesos políticos electorales, necesitan reformas integrales, realizadas de manera urgente, a fin de asistir al próximo proceso electoral con otras normas y una conducción que dé credibilidad a los resultados electorales.

2) Los dirigentes de los partidos políticos: Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Democracia Cristiana de Honduras, Partido Libertad y Refundación y demás, deben dejar de concebir estas instituciones como de su propiedad y asumir la responsabilidad histórica de dar paso a crear instituciones del Estado de Honduras que garanticen estabilidad, confianza y gobernabilidad al sistema político.

3) Señalamos con firmeza y convicción que no estamos de acuerdo en impulsar –como muchos partidos pretenden- una intervención que convierta al RNP en un botín político para las facciones parlamentarias que se aprestan a aprobar esta iniciativa; la intervención del RNP no debe servir para repolitizar la institucionalidad del Estado hondureño.

4) La intervención al RNP debe tener como objetivos fundamentales la elaboración de un diagnóstico y propuesta de reforma institucional que permita mejorar su desempeño, la depuración del sistema del registro de las personas que incluya el censo electoral y emisión de una nueva tarjeta de identidad a través de procesos de contratación competitivos y transparentes.

5) El perfil de los potenciales interventores al RNP debe ser caracterizado por su integridad, compromiso, independencia y profesionalismo.

6) Las reformas político-electorales deben ser integrales y acordes a las demandas ciudadanas y las exigencias de los retos y desafíos que tenemos como nación; del mismo modo, deben ser incluyentes y participativas, a fin de garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan aportar sus propuestas, evitando que los procesos de diálogo, consenso y acuerdo de reformas se circunscriban a las cúpulas que integran los partidos políticos, continuando con el estilo y la práctica de distribuirse estas instituciones y ponerlas a sus servicio y de su clientela política.

7) La práctica de repartirse los organismos electorales y otras instituciones del Estado es lo QUE MÁS DESCONFIANZA PROVOCA, MAYOR INESTABILIDAD GENERA y nos ha conducido a la crisis actual y otras crisis políticas en el pasado. Los partidos políticos deben aprender, rectificar y LEGISLAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y NO PARA PROVOCAR MÁS DE LOS QUE YA ENFRENTA HONDURAS.

8) La APJ está esperando un avance del proceso del diálogo que está en curso, al mismo tiempo trabaja en una propuesta de reforma electorales integrales, que incluye el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, la creación de Tribunales Electorales; además, bajo la convicción de que los ciudadanos sean los actores claves y los partidos políticos, como interesados de llegar al poder, NO CONDUZCAN EL PROCESO ELECTORAL, pues es éste interés el que los lleva a manipular o desacreditar los resultados electorales.

9) Desde la sociedad civil rechazamos una intervención que repolarizaría a los órganos electorales y estaremos dándole seguimiento a la aprobación de esta iniciativa en el seno del Poder Legislativo, advirtiéndole a los congresistas que será inaceptable una decisión encaminada a politizar, en función de los intereses de los partidos, las reformas electorales en general y la intervención del RNP, en particular.

Comunicado: Diputados del Congreso Nacional de la República deben colocar los intereses del país por encima de los personales

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Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), en el marco de la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, se pronuncian de la siguiente manera:

1)     Luego que la Junta Nominadora definiera los nombres de los profesionales del derecho que integran la lista de candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y que la misma haya sido entregada a la Secretaría de la Junta Directiva del Congreso Nacional, se impone como esencial reto que los legisladores de las diferentes bancadas representadas en el Poder Legislativo, seleccionen a los nominados más idóneos para desempeñarse en la titularidad del Ministerio Público (MP), entidad que representa los intereses de la sociedad y tiene el monopolio de la persecución penal en el país.

2)     En esta coyuntura en la cual varios parlamentarios están siendo acusados ante los tribunales de justicia por la supuesta comisión de delitos, es pertinente que los involucrados no tengan un papel relevante en el proceso de designación del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, por el conflicto de intereses que se presenta de conformidad al Código de Conducta Ética del Servidor Público.  En ese sentido, que los investigados y acusados por el MP, participen en la elección de – precisamente – quienes van a dirigir esta institución en el próximo quinquenio, restará credibilidad y legitimidad a una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras. Diputados deben colocar los intereses del país por encima de los personales.

3)     Los diputados de las diferentes facciones partidarias con representación en el hemiciclo legislativo, que no estén siendo imputados de la comisión de delitos, deben actuar con responsabilidad al evaluar las hojas de vida y la trayectoria de los 5 sugeridos por la Junta Proponente, sometiéndolos –de ser necesario- a procedimientos internos de evaluación que amplíen el apropiamiento del perfil y pensamiento de quienes aspiran a convertirse en Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República; en los próximos dos meses, antes que venza el plazo para la elección de estos dos altos funcionarios, existe un tiempo prudente para que con rigor y transparencia se busquen los consensos y acuerdos necesarios para obtener la mayoría calificada que permita el nombramiento de quienes dirigirán tan importante ente operador de justicia.

4)     En esta elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, ni se admiten prisas injustificadas, ni manipulación de los grupos de poder político, económico o criminal, ni mucho menos el intento de quebrantar las disposiciones que ya establece la Constitución de la República y la Ley del MP, para elegir a tan importantes funcionarios del Estado; violar la Ley para obviar el deber que tienen los legisladores de elegir un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, apostándole a nombrar un Triunvirato Interventor que convierta al MP en un botín político-partidario o en un instrumento para prolongar la impunidad que ya se está empezando a revertir, sería un acto reprochable y constitutivo de delito.

5)     Finalmente, hacemos un llamado a la población en general y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que le den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante el Congreso Nacional, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP, y que lo mucho que se ha logrado no se eche por la borda.

Sociedad civil advierte que grupos corruptos y criminales pretenden cooptar Ministerio Público por medio de junta interventora tripartita

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  • Sociedad civil hondureña hizo un llamado a la ciudadanía a dar “seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República”.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil pertenecientes a la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), emitieron este miércoles un pronunciamiento en relación a la pretensión de grupos políticos de nombrar una Comisión Interventora al Ministerio Público con el propósito de “garantizar la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras».

A la conferencia de prensa asistieron: Amanda Madrid, directora de Predicar y Sanar (Predisan); Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Chester Thomas, director de Aldea Global; Carlos Hernández y Kurt Alan VerBeek de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda de la Asociación Víctimas de la Violencia; padre Germán Cálix de la Pastoral Social Caritas y Jorge Galeano, director de World Vision.

En el pronunciamiento, los miembros de la APJ, afirmaron que: “las acciones de judicialización de los últimos meses, entre las cuales destacan la persecución penal a altos exfuncionarios, actuales parlamentarios y exmiembros del Poder Legislativo que administraron indebidamente fondos públicos, así como las líneas de acción que el MP ejecuta –en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)- en contra de dirigentes políticos, policías depurados y empresarios, coloca a la institución en posición de amenaza, ya que quienes se han aprovechado de los bienes y recursos del Estado, o han utilizado sus puestos para beneficio personal, familiar y para ampliar el espectro de relaciones con políticos y empresarios beneficiados de la corrupción y la impunidad, no escatimarán recursos para debilitar la entidad. Es la misma posición de amenaza que estos grupos vieron en el MP en 1999, cuando lo debilitaron, al eliminar la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Se olvidan los políticos que el MP es una institución del Estado que funciona con fondos de los contribuyentes, creada para perseguir a los que cometen delitos y NO PARA PROTEGERLOS”.

Asimismo, señalan que: “Los sectores investigados y judicializados, y los que sienten que pueden llegar a ser perseguidos, han desarrollado un espíritu de cuerpo, posición que comparten en el Congreso Nacional las cúpulas –oficialistas y de oposición- de las principales fuerzas partidarias ahí representadas. La búsqueda de opciones para dar otro rumbo al MP y controlar las acciones que desde ahí se ejecutan, es compartida y asumida por estos tres grupos parlamentarios”.

También destacan que en “2018, los diputados han aprobado disposiciones legales que debilitan la acción penal, postergan y retrasan las acciones para aplicar las leyes, y debilitan el MP. Es en estas decisiones del Congreso Nacional en las que se fundamenta la certeza que buscan un Fiscal General que se convierta en su defensor y su cómplice; y que este alto funcionario no cumpla con el mandato constitucional de defender a la sociedad”.

Por otra parte, expresan su preocupación por el “poco número de aspirantes al cargo, y más todavía sabiendo que entre los que aspiran hay algunos de militancia partidaria abierta, y hay otros de desempeños cuestionados. Y ante la inexplicable prisa que aparentan tener los nominadores, conocemos que –secretamente- algunos grupos de interés tienen la intención de elegir una Instancia Tripartita, denominada Comisión Interventora, integrada por los tres sectores políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, que asuma la conducción del MP mientras se eligen autoridades de esa entidad operadora de justicia. Esta histórica forma de llegar a acuerdos se inscribe en la tradición de distribuirse las instituciones para autoprotegerse. Y, en consecuencia, ningún caso bajo investigación u otros que surjan, en los que hay políticos de estas formaciones partidarios, avanzarán o se iniciarán investigaciones”.

Otro foco de inquietud de esta plataforma de la sociedad civil es que la “labor de la MACCIH se vería obstruida debido a la falta de voluntad política de los rectores de la política de persecución penal en el país, que bloquearían los programas de asistencia técnica que se están implementando a fin que fracase la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se corre – inclusive- el peligro que muchos de los casos priorizados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, sean descartados cuando en ellos estén involucrados altos dirigentes políticos de los partidos que conformar el triunvirato promotor del debilitamiento e independencia institucional del MP”.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que “den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional de la República, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP”.

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APJ insta al Presidente de la República a vetar el decreto que reforma la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito

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Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), instancia de la sociedad civil hondureña, fundada en el año 2012, con el objetivo de ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política al Sistema de Seguridad y Justicia en el país, ante las recientes acciones del Congreso Nacional de la República, que reforman el marco jurídico que aplica al combate a la criminalidad, delincuencia y corrupción en el territorio nacional, se pronuncia de la siguiente forma:

1) LAS DEMANDAS CIUDADANAS HICIERON QUE EL ESTADO ACTUARA CONTRA LOS DELINCUENTES: En los últimos años, ante las demandas y el hartazgo de la sociedad civil organizada, las movilizaciones sociales  y  las manifestaciones espontáneas; el Poder Legislativo, Gobierno de la República, instituciones operadoras de justicia y entidades contraloras del Estado, realizaron esfuerzos y acciones conjuntas que permitieron crear  un  marco legal, estratégico y operativo proporcional a los delitos que las bandas del crimen organizado, cárteles del narcotráfico, maras y pandillas, y redes de corrupción cometen.  El descabezamiento de los principales cárteles del narcotráfico, el desmantelamiento del andamiaje financiero de las principales bandas del crimen organizado, el juzgamiento y castigo de cabecillas de redes de corrupción gubernamental y la depuración de entidades estatales como la Policía Nacional, son ejemplos concretos del éxito que este nuevo marco institucional ha permitido obtener.

2) NADA JUSTIFICA REVERTIR LA LUCHA CONTRA CRIMINALES, DELINCUENTES Y CORRUPTOS: Desde la perspectiva de la APJ, valoramos como positivas estas medidas que han permitido investigar, juzgar y castigar a algunos transgresores de la Ley que mediante actividades criminales, negocios ilícitos y ejecutorias corruptas se han enriquecido. Nada justifica revertir lo mucho que –en los últimos años- se ha hecho en la nación, a fin de perseguir a los facinerosos que tanto daño le ha causado a la sociedad y al Estado y han privado a las familias de recursos que reducirían la brecha de la pobreza y desigualdad. Es deber ineludible de los ciudadanos ejercer presión continua y exigir resultados para que esta dinámica no disminuya en su intensidad y denunciar a quienes pretendan echar por la borda lo mucho que se ha conseguido.

3) DEMANDAMOS DEROGAR LEYES QUE ENTORPECEN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Las recientes decisiones tomadas por el Congreso Nacional de la República, en torno a reducir las penas aplicables a delitos de corrupción contenidas en el proyecto original del nuevo Código Penal (agosto 2017), modificar la Ley Orgánica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (enero 2018), y reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (marzo 2018), son una lamentable e inequívoca señal de que se está gestando en el país una tendencia regresiva que crea un ambiente habilitante a los criminales, delincuentes y corruptos, en contraria dirección del anhelo ciudadano que clama por mantener rígida la gestión estatal en contra de los que cometen actos ilegales y se benefician de ellos. La APJ, no admite que la lucha en contra de los que atentan contra la integridad física de los hondureños, atentan en contra de los bienes del Estado y drenan el erario nacional tenga freno y se impulse su retroceso desde el Congreso Nacional.  Demandamos de los diputados entender este deseo ciudadano, no dar la espalda a esta justa lucha y les pedimos derogar de inmediato estas reformas que entorpecen la ofensiva estatal en contra de quienes irrespetan la Ley.

4) INSTAMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A VETAR EL DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO: Asimismo, la APJ insta al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, a vetar el decreto legislativo que reformó la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, ya que el mismo manda a un repliegue de la institucionalidad del Estado en la lucha en contra de la criminalidad, delincuencia y corrupción. El Congreso Nacional no cuestionó este instrumento cuando se le aplicaba a narcotraficantes, mareros y burócratas de segunda categoría, pero se ha incomodado ahora que amenaza con ser aplicada a las cúpulas políticas y empresariales.  Si algún exceso se ha cometido o alguna injusticia se ha realizado en la aplicación de la norma vigente,  habrá que tomar las medidas del caso para corregir la falla y deducir las responsabilidades a los funcionarios que hayan abusado de autoridad o violentado derechos; un error o exceso humano no debe convertirse en la coartada para fomentar la impunidad.

5) LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEBEN ESTAR VIGILANTES A FUTUROS EVENTOS: Finalmente, quienes conformamos la APJ, alertamos que de continuar los diputados con esta propensión a alterar la correcta ruta por la cual transitamos en la lucha en contra de los consorcios dedicados a lo ilícito, las secuelas serán funestas y acarreará perjuicio en contra de la colectividad y el patrimonio del Estado, y –lo que es más grave- instaurarán un Estado de Arbitrariedad que es inaceptable cuando la aspiración colectiva es avanzar para fortalecer el Estado de Derecho. En tal sentido, reiteramos el llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones de la sociedad civil en particular, a estar vigilantes a futuros eventos que –como la elección del próximo Fiscal General de la República- pudiesen convertirse, de no hacerse lo pertinente, en un aldabonazo a la incipiente institucionalidad del Estado que lucha en contra de los malhechores.

Pronunciamiento público plataforma juvenil del capítulo de la Alianza por la Paz y Justicia San Pedro Sula, Cortés

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San Pedro Sula, 14 de noviembre de 2017. En el marco del proceso electoral que está próximo a desarrollarse y tomando en cuenta que los informes de Transparencia Internacional (TI) han catalogado a Honduras como uno de los países más corruptos, consideramos importante que este proceso electoral atípico se lleve a cabo en condiciones de igualdad, con la mayor transparencia posible, con participación ciudadana y de manera pacífica, para que exista una verdadera DEMOCRACIA. En ese sentido, la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia expresa lo siguiente:

1. CONSIDERANDO que en el flagelo de la corrupción ha afectado Honduras por décadas como fenómeno motivado por la ambición de poder para obtener un benéfico personal o colectivo de índole económico, social o político, fomentando así la desigualdad de condiciones óptimas para gran parte de la población y favoreciendo únicamente a una minoría.

2. CONSIDERANDO que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de TI ubica al país en el puesto 123 de 176 países evaluados en 2016, lo que nos llama a reflexionar en que la corrupción no solamente es un problema moral, sino que tiene severas consecuencias económicas, incrementa la pobreza, profundiza el subdesarrollo y termina afectando los derechos fundamentales de las personas y en particular de los más pobres.

3. CONSIDERANDO que de acuerdo al Informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de TI, uno de cada tres hondureños pagó soborno por un servicio público y que de estos el 56% lo hizo en tribunales, es evidente que la deficiente aplicación de justicia de nuestro sistema, ante la ola de corrupción que afronta el país genera impunidad, inseguridad, desconfianza e incredulidad en los operadores de justicia.

4. CONSIDERANDO que es de vital importancia la participación ciudadana en este proceso democrático, ya que es un derecho elegir y es un deber ejercer el sufragio, porque en nuestras manos está el presente y futuro de Honduras.

Por lo anterior,
5. EXHORTAMOS a las próximas autoridades del país a crear y consolidar políticas sólidas contra la corrupción, para que exista un verdadero Estado de derecho que asegure a la población el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social.

6. PROPONEMOS informar a la sociedad periódicamente sobre el desempeño de las funciones y el uso de los recursos públicos que hacen las instituciones gubernamentales y municipalidades, mediante la rendición de cuantas, para que la sociedad sea veedora de la transparencia que debe imperar en el país.

7. RECALCAMOS que la juventud representa la mayor población en San Pedro Sula, por lo tanto exigimos que existan espacios de participación juvenil activa para la construcción de paz, seguridad y justicia, y que esto se vea reflejado en mejores condiciones de vida para la población sampedrana.

Reforma Universitaria no debe revertirse

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Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la crisis y confrontación que se ha suscitado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en los últimos meses, que impide el adecuado y normal desenvolvimiento de las actividades académicas en el Alma Máter, se pronuncia de la siguiente forma:

1) La educación es el vehículo más eficaz para lograr el pleno desarrollo en el país, y la UNAH, juega un papel esencial para la formación de las nuevas generaciones que estarán a cargo de liderar la trasformación de la nación que genere prosperidad generalizada.

2) La reforma universitaria impulsada en la última década ha permitido mejorar los procesos institucionales en la UNAH, fortalecer sus capacidades logísticas y modernizar la infraestructura de la más importante casa de estudios del país, elevar el desempeño académico de los estudiantes universitarios y colocar la entidad en un sitial de prestigio y en la ruta hacia su innovación.

3) La reforma universitaria no debe retroceder, no puede ser revertida por ningún interés ideológico o político-partidista, ni mucho menos por propósitos egoístas de sectores perversos que buscan beneficiar a grupos que a lo largo de los últimos años han perdido la influencia que en un tiempo tuvieron en la UNAH y de la cual sacaron beneficios particulares; la acción del cambio no puede detenerse, ni los logros alcanzados deben anularse y mucho menos volver a un pretérito en el cual la anarquía, mediocridad e incertidumbre imperaban en el Alma Mater.

4) Es indispensable que se tomen las medidas pertinentes para renovar la conformación de los diferentes órganos de representación, decisión y control de la UNAH, a fin de poder elegir –en el marco de procesos democráticos e incluyentes- a las autoridades de gobierno y de dirección académica; no debe considerarse como opción inmediata intervenir la UNAH, desde instancias externas que se preste a manipulaciones con sesgo político que vengan a disminuir el principio de autonomía universitaria, en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica y administrativa, que se constituye en la matriz esencial y sustantiva que define la más genuina naturaleza e identidad institucional de la Universidad Pública.

5) Apelamos a que todos los sectores de la comunidad universitaria puedan –sobre la base de la responsabilidad y legalidad- avanzar en el proceso de diálogo y consenso, absteniéndose de utilizar la violencia y la fuerza como medio para superar diferencias, privilegiando los más sublimes intereses de la UNAH y de Honduras, garantizando un ambiente de respeto y compromiso, sin hostilidad ni confrontación.

Pronunciamiento de la Confraternidad Evangélica de Honduras sobre distribución de guías de educación sexual

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PRONUNCIAMIENTO

La Secretaria de Educación confirmó recientemente la distribución que realizará este año en ocho departamentos del país de las Guías de Educación Sexual “Cuidando mi salud y mi vida”; al respecto, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), se permite establecer su posición, para información de su membresía, los evangélicos y el pueblo hondureño en general:

1. Reconocemos la importancia de la educación sexual para los niños y niñas, siempre y cuando la misma se fundamente en valores morales y espirituales, y que su orientación sea hacia la promoción de conductas basadas en valores éticos, como respeto, responsabilidad, autocontrol sexual, integridad y fidelidad.

2. Aclaramos que con la Confraternidad Evangélica de Honduras no se ha consensuado estas Guías, tal como ha trascendido en algunos medios de comunicación del país. Lamentamos que se utilice el nombre de las iglesias para pretender avalar este tipo de materiales ante los padres de familia y el pueblo hondureño.

3. Reiteramos lo que hemos establecido hace varios años, cuando se comenzó a plantear este tema, que estamos en la mejor disposición de participar en la construcción de una estrategia integral, siempre y cuando no se limite únicamente al campo biológico y que promueva un programa de educación sexual fundamentado en los principios y valores cristianos, los cuales profesa la amplia mayoría de la nación hondureña.

4. Nos preocupa la evidente insistencia en desarrollar materiales sin el consenso previo que corresponde, por la trascendencia y complejidad del tema; y por ello nos hemos opuesto reiteradamente a cualquier intento de editar guías –bajo cualquier denominación que se le quiera dar- que en lugar de formar, más bien desorienten, afecten o perviertan a nuestra niñez.

5. Recordamos asimismo, que en el tema de educación sexual, no solo son importantes los materiales en si, sino también la formación, capacidad, responsabilidad y calidad de quien los enseña; para lo cual debe plantearse un plan de formación integral de los educadores. Es nuestra oración y clamor que Dios bendiga a Honduras, y de sabiduría y discernimiento a nuestras autoridades.

«Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.». Proverbios 22:6

Tegucigalpa, M. D. C. 17 de enero de 2,017.

Confraternidad Evangélica de Honduras

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.
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