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Estudiantes universitarios analizan avances del proceso de elección del próximo Fiscal General

  • En el foro propiciado por APJ participaron expertos nacionales, catedráticos universitarios y estudiantes de derecho.
  • El Ministerio Público (MP) no es un pastel que puede ser repartido entre partidos políticos; el MP es la institución que representa los intereses de la sociedad, no la entidad que deba atender las demandas de grupos partidarios”, afirma Omar Rivera.

Tegucigalpa, 23 de mayo de 2018. Con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo para que la sociedad se exprese acerca del proceso de selección del Fiscal General, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó este miércoles el foro “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), campus de Tegucigalpa.

Al evento asistieron estudiantes de la carrera de Derecho de este centro universitario y en el mismo se discutieron sobre las perspectivas a considerar en la selección del Fiscal General y la importancia del nombramiento de un titular que sea: valiente, honesto, con una alta formación profesional y libre de cualquier vinculación política o interés económico, gremial o sectario.

El foro fue dirigido por Kenneth Madrid, asesor técnico de programas de reforma al sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y contó con un panel conformado por Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; Andrés Pérez Munguía, coordinador de la Unidad de Reformas Legales de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); Katherine Paz, pasante de la carrera de Derecho de la UTH y el abogado Félix Antonio Ávila, catedrático y especialista en Derecho Penal.

Durante su intervención, Omar Rivera subrayó que “el Ministerio Público (MP) no es un pastel que puede ser repartido entre partidos políticos; el MP es la institución que representa los intereses de la sociedad, no la entidad que deba atender las demandas de grupos partidarios”.

Además, agregó que es importante que la ciudadanía en general defienda “lo mucho que se ha hecho –desde el MP- en el combate al narcotráfico y maras, avanzar en el desmantelamiento de esas estructuras criminales, aprovechando que mucho del liderazgo de las mismas están privados de libertad y extraditados; no podemos retroceder, y –sin duda alguna- nombrar un triunvirato politizado al frente del MP, es una clara regresión”.

Por su parte Kenneth Madrid, recordó que la Junta Proponente para la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, “debe tomar todo el tiempo necesario, y buscar con lupa, a candidatos 5 estrellas, para poder tener al frente del MP –en los próximos 5 años- a hombres y mujeres 5 estrellas; deben buscar un Fiscal General, igual o mejor que el actual, que sea decente, competente, diligente, independiente y valiente”.

 Finalmente, Felix Avila, catedrático de UTH y especialista en Derecha Penal, recordó que «el Ministerio Público debe ser una institución apolítica porque la politización de esta institución produce efectos catastróficos en la administración de justicia del país

La Alianza por la Paz y la Justicia ha organizado a la fecha seis foros “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en los municipios de Santa Rosa de Copán, El Progreso, Comayagua, Catacamas y dos de ellos en universidades de Tegucigalpa.

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Foro APJ UTH Independencia del Ministerio Público 

Sociedad civil advierte que grupos corruptos y criminales pretenden cooptar Ministerio Público por medio de junta interventora tripartita

  • Sociedad civil hondureña hizo un llamado a la ciudadanía a dar “seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República”.

Tegucigalpa. Organizaciones de sociedad civil pertenecientes a la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), emitieron este miércoles un pronunciamiento en relación a la pretensión de grupos políticos de nombrar una Comisión Interventora al Ministerio Público con el propósito de “garantizar la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras».

A la conferencia de prensa asistieron: Amanda Madrid, directora de Predicar y Sanar (Predisan); Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Chester Thomas, director de Aldea Global; Carlos Hernández y Kurt Alan VerBeek de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Aurora Pineda de la Asociación Víctimas de la Violencia; padre Germán Cálix de la Pastoral Social Caritas y Jorge Galeano, director de World Vision.

En el pronunciamiento, los miembros de la APJ, afirmaron que: “las acciones de judicialización de los últimos meses, entre las cuales destacan la persecución penal a altos exfuncionarios, actuales parlamentarios y exmiembros del Poder Legislativo que administraron indebidamente fondos públicos, así como las líneas de acción que el MP ejecuta –en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)- en contra de dirigentes políticos, policías depurados y empresarios, coloca a la institución en posición de amenaza, ya que quienes se han aprovechado de los bienes y recursos del Estado, o han utilizado sus puestos para beneficio personal, familiar y para ampliar el espectro de relaciones con políticos y empresarios beneficiados de la corrupción y la impunidad, no escatimarán recursos para debilitar la entidad. Es la misma posición de amenaza que estos grupos vieron en el MP en 1999, cuando lo debilitaron, al eliminar la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Se olvidan los políticos que el MP es una institución del Estado que funciona con fondos de los contribuyentes, creada para perseguir a los que cometen delitos y NO PARA PROTEGERLOS”.

Asimismo, señalan que: “Los sectores investigados y judicializados, y los que sienten que pueden llegar a ser perseguidos, han desarrollado un espíritu de cuerpo, posición que comparten en el Congreso Nacional las cúpulas –oficialistas y de oposición- de las principales fuerzas partidarias ahí representadas. La búsqueda de opciones para dar otro rumbo al MP y controlar las acciones que desde ahí se ejecutan, es compartida y asumida por estos tres grupos parlamentarios”.

También destacan que en “2018, los diputados han aprobado disposiciones legales que debilitan la acción penal, postergan y retrasan las acciones para aplicar las leyes, y debilitan el MP. Es en estas decisiones del Congreso Nacional en las que se fundamenta la certeza que buscan un Fiscal General que se convierta en su defensor y su cómplice; y que este alto funcionario no cumpla con el mandato constitucional de defender a la sociedad”.

Por otra parte, expresan su preocupación por el “poco número de aspirantes al cargo, y más todavía sabiendo que entre los que aspiran hay algunos de militancia partidaria abierta, y hay otros de desempeños cuestionados. Y ante la inexplicable prisa que aparentan tener los nominadores, conocemos que –secretamente- algunos grupos de interés tienen la intención de elegir una Instancia Tripartita, denominada Comisión Interventora, integrada por los tres sectores políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional, que asuma la conducción del MP mientras se eligen autoridades de esa entidad operadora de justicia. Esta histórica forma de llegar a acuerdos se inscribe en la tradición de distribuirse las instituciones para autoprotegerse. Y, en consecuencia, ningún caso bajo investigación u otros que surjan, en los que hay políticos de estas formaciones partidarios, avanzarán o se iniciarán investigaciones”.

Otro foco de inquietud de esta plataforma de la sociedad civil es que la “labor de la MACCIH se vería obstruida debido a la falta de voluntad política de los rectores de la política de persecución penal en el país, que bloquearían los programas de asistencia técnica que se están implementando a fin que fracase la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se corre – inclusive- el peligro que muchos de los casos priorizados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la MACCIH, sean descartados cuando en ellos estén involucrados altos dirigentes políticos de los partidos que conformar el triunvirato promotor del debilitamiento e independencia institucional del MP”.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en particular, para que “den seguimiento a este proceso de elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto de la República, y de esta forma se pueda incidir ante la Junta Proponente y el Congreso Nacional de la República, para que seleccionen a los más decentes, competentes, diligentes, independientes y valientes profesionales, para que asuman la conducción exitosa del MP”.

APJ demanda que lucha contra la corrupción no tenga freno y mucho menos regresión

  • La Alianza por la Paz y la Justicia promueve conversatorio sobre reformas legales que obstaculizan lucha contra la impunidad y corrupción en Honduras

Tegucigalpa. Ante las recientes determinaciones del Congreso Nacional de la República, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) promovió este martes un conversatorio donde se analizaron las amenazas que se ciernen en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

El evento denominado “Decisiones y Reformas Legales que Obstaculizan la Lucha Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras” contó con un panel de discusión integrado por Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh); Lester Ramirez, coordinador de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Omar Rivera, coordinador de Advocacy de la ASJ; quienes evidenciaron las implicaciones de las reformas legales originadas desde el Congreso Nacional y que incluyen la Ley General de Presupuesto y la posible reforma a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito propuesta por el diputado Denis Armando Castro Bobadilla, del partido Alianza Patriótica Hondureña (APH).

«Desde la sociedad civil incidiremos para que las reformas a la Ley de Presupuesto sean derogadas y que esa amenaza a disminuir la aplicabilidad de la Ley de Privación de Dominio de Bienes obtenidos con recursos provenientes de actividades ilícitas no se concretice; no vamos a bajar la guardia por hacer que la lucha en contra de los corruptos siga vigente», advirtió Omar Rivera durante su participación.

conversatorio APJ IUDPAS

Lester Ramírez, señaló que «pretender exonerar a cualquier funcionario de la administración pública de rendir cuentas es una gran bofetada a la ciudadanía”.

conversatorio APJ IUDPAS 5

Por su parte Castellanos recordó los casos de corrupción que han salido a la luz desde inicios del 2000 y cómo los políticos han justificado los mismos para salir bien librados: «Siempre creemos que la clase política va a sentir pudor por sus acciones, pero no lo sienten; ellos se reúnen y deciden cómo justifican lo que hacen y esto no es de hoy. Aquí el tema es definir qué hacer, quién lo hace y cómo lo hacemos para detener este tipo de acciones» que atentan contra la sociedad hondureña.

Los panelistas hicieron hincapié sobre la importancia de la próxima elección de altas autoridades en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras; entre los que destacan la integración del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el nombramiento del nuevo Procurador General de la República y Subprocurador General de la República, y la elección del nuevo Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto.

La vigencia y los alcances de la Misión de Apoyo en Contra de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue otro punto analizado con el propósito de que no se disminuya su rol mediante medidas que entorpezcan sus actividades de acompañamiento al desarrollo de capacidades de las instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado.

Entre los asistentes destacan Aurora Pineda, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de Violencia en Honduras (AVVH); Hilda Cáceres por la Pastoral Social Caritas; Gilmar Santander, apoyo fiscal de la Oficina Internacional de Antinarcóticos; Nury Alvarado y Luis Fernando Reyes de la APJ, entre otros líderes de organizaciones de sociedad civil, sector empresarial, cuerpo diplomático y estudiantes universitarios.
Al finalizar las organizaciones de sociedad civil participantes reiteraron que la lucha en contra del crimen, delincuencia y corrupción, no puede tener freno y mucho menos puede conducirse a un punto de regresión.

conversatorio APJ IUDPAS 3

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

Alianza por la Paz y la Justicia lamenta renuncia de Juan Jiménez Mayor y otros funcionarios de la MACCIH

LA ALIANZA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA, ANTE LA RENUNCIA DEL JEFE DE MISIÓN DE LA MACCIH Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA MISMA, SE PRONUNCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

  1. Lamentamos la renuncia del abogado Juan Jiménez Mayor y la de otros funcionarios que integran la MACCIH. Pero sobre todo lamentamos las causas que les obligaron a tomar esta decisión, ya que develan situaciones internas en la OEA, que nos hacen reflexionar sobre el verdadero impacto que, de tomar medidas correctivas, podrá tener la MACCIH en el país.
  1. La MACCIH enfrenta problemas internos que imposibilitan su funcionamiento, pero no olvidemos las dificultades que enfrenta en el país. Uno de ellos: la aprobación de las reformas a la ley de presupuesto, que ésta misma Misión denominó “Pacto de Impunidad”, y que restringe una lucha efectiva contra la corrupción.
  1. Reconocemos que el Ministerio Público, con la gestión del abogado Oscar Chinchilla, ha emprendido una lucha más marcada en contra de la corrupción y en la defensa de los derechos del pueblo. Por lo que ratificamos nuestro apoyo al Fiscal General, para que en este momento más que nunca, estos esfuerzos se sostengan y luchemos por que la justicia sea establecida.
  1. Los hondureños debemos recordar la génesis de la Misión, que surgió de la demanda del pueblo ante el escándalo de corrupción en el IHSS y la debilidad de nuestra institucionalidad. Por lo que exhortamos a la ciudadanía organizada o no, a estar atentos, para que la lucha contra la corrupción e impunidad en el país no se detenga, ni retroceda, y hacer lo que corresponda para asegurar que este propósito se cumpla.

Foprideh condena falta de apoyo a la MACCIH y exige nombramiento transparente de nuevo vocero

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), ante la renuncia repentina de Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), se pronuncia en los siguientes términos:

1. Lamentamos profundamente la renuncia del Señor Juan Jiménez Mayor, la cual es – sin duda alguna – un fuerte golpe para la lucha contra la corrupción en Honduras.

2. Condenamos la falta de claridad y apoyo del Señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), hacia los esfuerzos de los hondureños para reducir la corrupción e impunidad en el país.

3. Demandamos que el nombramiento del próximo representante de la MACCIH en Honduras se haga de acuerdo a estándares transparentes que garanticen que la lucha contra la corrupción continuará sin dilaciones.

4. Foprideh respalda la institucionalidad del Ministerio Público, a través de la labor del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, a quien anima a continuar dando seguimiento a los casos investigados en el marco de la MACCIH.

Posicionamiento público capítulo regional de la APJ en San Pedro Sula

  • Es importante que en un año electoral que a la fecha ya muestra diversos conflictos, primen la transparencia, el diálogo y los intereses del país.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) Capítulo Regional de San Pedro Sula, en vista de los complejos y diversos fenómenos sociales y políticos existentes en el país y como parte de la sociedad civil hondureña, quienes como ciudadanos vemos las dificultades que envuelven las diferentes coyunturas a la realidad del país, demandamos públicamente:

Que, en cuanto al conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tal cual lo hizo ver el Consejo Coordinador de la APJ en un reciente comunicado, creemos que:

1)      La educación es el vehículo más eficaz para lograr el pleno desarrollo en el país y la UNAH, juega un papel esencial para la formación de las nuevas generaciones que estarán a cargo de liderar la trasformación de la nación que genere prosperidad generalizada.

2)      Es indispensable que se tomen las medidas pertinentes para renovar la conformación de los diferentes órganos de representación, decisión y control de la UNAH, a fin de poder elegir –en el marco de procesos democráticos e incluyentes- a las autoridades de gobierno y de dirección académica. No debe considerarse como opción inmediata intervenir la UNAH, desde instancias externas que se presten a manipulaciones con sesgo político que vengan a disminuir el principio de autonomía universitaria, en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica y administrativa, que se constituye en la matriz esencial y sustantiva que define la más genuina naturaleza e identidad institucional de la universidad pública.

3)      Apelamos a que todos los sectores de la comunidad universitaria puedan –sobre la base de la responsabilidad y legalidad- avanzar en el proceso de diálogo y consenso, absteniéndose ambas partes de utilizar la violencia y la fuerza como medio para superar diferencias, privilegiando los más sublimes intereses de la UNAH y de Honduras, garantizando un ambiente de respeto y compromiso, sin hostilidad ni confrontación. Recordamos la frase de Mahatma Gandhi: No hay camino a la paz, la paz (el dialogo y la reconciliación) es el camino.

Luis León, subcoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Luis León, subcoordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Entorno al año político y electoral:

4)      Exigimos que, en el inicio de la próxima campaña política, lo que primen sean propuestas que respondan a la solución de la problemática socioeconómica y de seguridad del país y no los intereses personales de los diferentes aspirantes a cargos públicos, teniendo como principal fin el bienestar y desarrollo del pueblo hondureño.

5)      Exigimos a las juntas directivas de los partidos políticos sacar a las manzanas podridas y de esta manera demostrar voluntad política de realizar una verdadera profilaxis en sus institutos políticos.

6)      Exigimos a los candidatos a puestos públicos la manifestación explícita de su motivación y planes de trabajo con la transparencia necesaria sobre su estado patrimonial y responsabilidades como contribuyente, con el fin de poner de manifiesto su voluntad de servicio al pueblo hondureño.

El abogado Ramón Barrios, miembro del capítulo de la APJ en San Pedro Sula, tras la conferencia de prensa.

El abogado Ramón Barrios, miembro del capítulo de la APJ en San Pedro Sula, tras la conferencia de prensa.

En cuanto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)

7)      Desde nuestra plataforma de sociedad civil, brindamos completo respaldo a las acciones y el desenvolvimiento de la MACCIH, reconocemos el esfuerzo y el compromiso de la comunidad internacional en cuanto al aporte que brindan a la Misión y creemos firmemente que ningún interés particular por desprestigiar las acciones que ésta realiza debe poner en peligro los resultados que se puedan alcanzar en cuanto a la lucha contra la corrupción.

En el Capítulo Regional de la APJ, en San Pedro Sula, creemos fielmente que los problemas del país se resuelven con diálogo, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana como mecanismos democráticos que fortalecen la realización del Estado de derecho.

Ramón Barrios, Karen Rodríguez y Leonardo Pineda, miembros del capítulo de la APJ en San Pedro Sula.

Ramón Barrios, Karen Rodríguez y Leonardo Pineda, miembros del capítulo de la APJ en San Pedro Sula.

Celebramos que el Gobierno y la MACCIH, liman asperezas, y empiezan a definir acciones concretas contra la corrupción

Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), manifestó que «resulta oportuno que autoridades gubernamentales, operadores de justicia e integrantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), establezcan un diálogo sincero y próximo, y se sienten a planificar como pueden revertir efectivamente la generalizada impunidad que ha imperado en el país por décadas».

Rivera, dijo que «es alentador que se olviden de las diferencias y discrepancias, y se enfoquen en establecer mecanismos efectivos para luchar contra la corrupción».

«No es momento para hipersensibilidades, ni para distracciones, y mucho menos para perder el entusiasmo, aun en medio del disenso; es tiempo de aprovechar la experiencia de los peritos, forenses, investigadores, fiscales y jueces internacionales que MACCIH pondrá a disposición de los órganos contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia para identificar patrones de conducta ilícita y desmantelar redes corruptas y bandas del crimen organizado» señaló el dirigente de la sociedad civil.

El coordinador de la APJ, valoró como positivo este acercamiento; «nos llena de esperanza, estamos seguros que algo positivo surgirá hacia el futuro de estas jornadas de planificación».

«La sociedad civil espera victorias tempranas de este modelo de colaboración activa entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de la República, para investigar con rigurosidad, judicializar de forma expedita y sancionar ejemplarmente a los corruptos, criminales y delincuentes que se han enriquecido ilícitamente o han participado en casos emblemáticos como el del atraco al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) o las barbaridades acaecidas en la Policía Nacional» acotó.

Yo empezaría a evaluar desde el fiscal adjunto para abajo

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que “es digno de valorar como positivo” el hecho que el Fiscal General del Estado haya solicitado a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el acompañamiento en el proceso de evaluación y certificación de los servidores y funcionarios del Ministerio Público (MP).

“Ya antes el Fiscal General había invitado a las organizaciones de sociedad civil a ejercer auditoría social en los procesos de evaluación del desempeño e idoneidad de fiscales, agentes de investigación criminal, peritos y personal administrativo de los diferentes organismos del MP, lo que celebramos en su momento; ahora que esa invitación se amplía a la MACCIH, se constata la voluntad política de hacerle frente al reto de depurar y hacer la ansiada profilaxis en fiscalías especiales y unidades de investigación de tan importante entidad operadora de justicia” dijo Rivera.

El dirigente de sociedad civil recomendó que esa “certificación” se haga “arriba hacia abajo”, tal cual se está haciendo en la Policía Nacional; “debe empezar desde la cúpula hasta la base, desde la cima hasta la escala inferior, para que claramente se deje constancia que no hay privilegios para nadie” señaló.

“Yo que el abogado Óscar Chinchilla, empezaría a evaluar desde la periferia de su despacho; desde el Fiscal Adjunto para abajo; así debe ser, ojala así sea” indicó el depurador.

Comisión Especial y Organización de los Estados Americanos (OEA) trazan ruta para la transformación de la Policía Nacional

Los integrantes de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, se reunieron con altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de discutir asuntos inherentes al proceso de reforma del sector seguridad en Honduras.

Los depuradores sostuvieron una larga jornada de trabajo con Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA; y Juan Federico Jiménez Mayor, Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en la cual trazaron la hoja de ruta que permitirá transformar los diferentes organismos policiales.

Luego de una revisión minuciosa a los logros y desafíos del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, durante los últimos seis meses, con énfasis en la reforma al marco jurídico, estratégico, orgánico de la entidad policial, las partes acordaron priorizar acciones conjuntas en materia de modernización del sistema de educación de altos oficiales y generar espacios efectivos de participación ciudadana.

En torno a modernizar el sistema educativo policial hondureños se planteó impulsar cooperación horizontal entre los países del continente americano y recibir apoyo técnico de universidades de prestigio como Georgetown University de los Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad de Quilmes de Argentina.

En representación de la Comisión Especial se hicieron presentes en la sesión, Julián Pacheco, Secretario de Seguridad; los comisionados Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano; asimismo, los asesores Jorge Machado y Carlos Hernández.

La OEA, a través de la MACCIH, propone mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; entre sus líneas de acción más importantes tiene la de promover la implementación de las recomendaciones identificadas en el reporte de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) elaborado por la Secretaria General de la OEA.

Sociedad Civil avanza en la construcción de propuesta para la creación del observatorio de justicia

  • Documento final será presentado ante la MACCIH en próximos días.
  • Propuesta pondrá énfasis en el papel de las municipalidades.

Tegucigalpa. Bajo el auspicio de la Fundación del Debido Proceso, se instaló hoy una nueva mesa de trabajo donde representantes de sociedad civil se reunieron por tercera vez, para la construcción de un documento que busca consolidar la propuesta para la creación del Observatorio de Justicia que desde sociedad civil será presentada a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El convenio de la MACCIH establece “la creación de un Observatorio de Justicia integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil hondureña para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma del sistema de justicia hondureño”.

A la jornada de trabajo asistió el coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, quien enfatizó como el aporte de sociedad civil es fundamental para compartir la experiencia que se ha tenido en el último año en el que se ha venido trabajando muy de cerca con la Misión de Apoyo.

“Se está trabajando para consolidar una matriz de seguimiento y actividades para el trabajo de veeduría que va hacer la sociedad civil, a través de este observatorio del sistema penal” puntualizó.

El documento incluye insumos relacionados a derechos humanos, Ley de Secretos, reformas al sistema anticorrupción y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; además la propuesta de sociedad civil pone especial énfasis en el rol que juegan las municipalidades.

Ramírez mencionó que “hay elementos relacionados al rol que tienen las municipalidades en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, buscamos priorizar en el compromiso y participación de las instancias locales, las comisiones ciudadanas de transparencia, la efectividad en la gestión municipal y la transparencia en el manejo de los recursos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Nery Cerrato destacó que existe la disposición desde las municipalidades para implementar mayores controles internos que permitan fortalecer el combate a la corrupción y el cese a la impunidad.

“La propuesta que estamos trabajando impulsa elementos como la incorporación de la carrera administrativa municipal, eso significa la profesionalización de los servidores públicos locales además que existan portales de transparencia a los que accedan las personas detalló Cerrato.

La MACCIH es un organismo creado con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y tiene como fin acompañar procesos de investigación para combatir la corrupción tanto pública como privada. La misión se instaló oficialmente en Honduras el pasado 22 de febrero de 2016.