Maestro abusaba de sus alumnas de primero y segundo grado dentro de escuela en Tegucigalpa

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  • Las amenazaba con aplazarlas si ellas contaban lo que les hacía.
  • Había sido capturado y tras quedar en libertad abusó de otra menor de edad, esta vez de su familia

Un maestro de educación primaria, aprovechó su puesto de trabajo y la confianza de los padres de familia para abusar sexualmente de cuatro niñas de entre 4 y 8 años de edad en una escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras, pero fue capturado gracias al trabajo coordinado entre el Programa Rescate de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial de la Niñez.

El hombre de 41 años de edad, residía en la colonia La Haya en Comayagüela y sus víctimas eran sus alumnas, de quienes abusó entre 2017 y 2019, de acuerdo al expediente del Ministerio Público.

En agosto del año 2019 el equipo del Programa Rescate obtuvo información anónima por sospechas de abuso sexual infantil por parte de un maestro, quien desde algún tiempo venía abusando sexualmente de varias niñas que eran sus alumnas de primero y segundo grado.

Una vez recopilada la información se coordinó con la Fiscalía de la Niñez y se obtuvo la declaración de las víctimas, quienes revelaron que hacía un año su profesor les tocaba sus partes íntimas, las metía bajo del escritorio y también las ponía a que lo besaran en la boca y le tocaran sus genitales.

Además, las amenazaba con aplazarlas si ellas contaban lo que les hacía. Tras documentar los hechos, la Fiscalía logró la detención preventiva del individuo por el delito de otras agresiones sexuales agravadas, sin embargo, logró cambio de medidas para defenderse en libertad.

Pese a estar con un proceso judicial pendiente, en junio de 2022, fue detenido nuevamente por otro abuso sexual cometido en perjuicio de una niña de 12 años de su círculo familiar, por lo que se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Este agresor aún no ha sido condenado y tiene juicio oral y Público señalado para el mes de febrero del año 2023.

Es de mencionar que el Programa Rescate de la ASJ, ha colaborado en otros casos similares, donde se han visto involucrados maestros agrediendo sexualmente a sus alumnas.

El programa Rescate de la ASJ lleva más de una década apoyando psicológicamente a niñas y niños víctimas de crímenes sexuales y sus familiares, trabajando el proceso terapéutico enfocado en la superación del trauma, con el objetivo de ayudar a entender, integrar y resolver aquellas experiencias que afectan a su desarrollo, a sus pautas de interacción con el entorno y a su seguridad.

Bajo amenazas, lavador de carros abusó y grabó a niños que limpiaban vidrios en bulevares de Tegucigalpa

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  • Es un hombre casado y sus víctimas eran niños varones de entre 8 y 15 años de edad que se dedican a limpiar vidrios para ganarse la vida.
  • En el celular tenía videos de todas sus víctimas mientras abusaba de ellos, lo que sirvió como prueba para acusarlo.

Un hombre de 36 años de edad que trabaja lavando automóviles abusó sexualmente de cuatro menores de bajos recursos económicos que trabajan limpiando vidrios y carros en los bulevares Morazán y Próceres de Tegucigalpa, pero fue capturado gracias al trabajo coordinado entre el Programa Rescate de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía Especial de la Niñez.

El individuo, es un hombre casado, quien residía en la colonia Las Minitas y los abusos los cometió contra cuatro niños varones a quienes también grababa con su celular.

Fue en julio del año 2021 cuando el equipo del Programa Rescate, recibió información por medio de una denuncia anónima que interpuso un testigo protegido quien además llevó una memoria USB con los videos de los abusos a la Dirección de Investigación Policial (DPI).

El hombre conocido por el alias “El Mudo”, grababa en su celular cuando abusaba sexualmente de los niños. Sin embargo, se desconocía el nombre y domicilio de las víctimas. Fue entonces que el Programa Rescate junto con el agente de investigación de la DPI asignado al caso, trabajaron juntos y lograron obtener la ubicación del sospechoso y lugar de trabajo.

Para dar con las víctimas, se realizó una serie de recorridos logrando dar con tres de las víctimas, dos de ellos hermanitos. Los tres menores fueron llevados a la Fiscalía de la Niñez donde declararon cómo este individuo abusaba de ellos en un solar baldío frente a Despensa Familiar de Los Próceres. Revelaron que se los llevaba amenazados y en otras ocasiones ellos iban porque les daba entre 200 y 500 lempiras.

Tras obtener las tres declaraciones y evaluaciones físicas de los tres niños, se documentó la investigación y el 06 de agosto del 2021, alias “El Mudo” fue detenido, en la colonia 21 de Octubre, bajo arresto preventivo por la comisión de los delitos de violación agravada, otras agresiones sexuales agravadas y pornografía infantil.

Como Programa Rescate, se ha brindado todo el apoyo a las víctimas y su familia desde el inicio del proceso investigativo para seguir impulsando el desarrollo del proceso legal hasta la condena del imputado, actualmente se brinda seguimiento a las víctimas y su familia.

Mientras que el imputado se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Tamara, aún está pendiente fecha de juicio oral y público por las acusaciones que presentó el Ministerio Público, por tres de sus víctimas.

El Programa Rescate de la ASJ lleva más de una década apoyando psicológicamente a niñas y niños víctimas de crímenes sexuales y sus familiares, trabajando el proceso terapéutico enfocado en la superación del trauma, con el objetivo de ayudar a entender, integrar y resolver aquellas experiencias que afectan a su desarrollo, a sus pautas de interacción con el entorno y a su seguridad.

Cortés, muestra pocas acciones de protesta o búsqueda de soluciones pese a criminalidad, migración y abandono gubernamental, revela informe de la ASJ

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  • La participación ciudadana se ha “acomodado” al esquema imperante de clientelismo político y del manejo centralizado de los programas y proyectos
  • Sin acceso a educación y con empleos mal remunerados, se perpetúa en la zona un ciclo vicioso que estimula el interés de emigrar.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida..

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Cortés, las problemáticas originadas por la corrupción son: pérdida de confianza en las instituciones que obstaculiza el desarrollo del país “muy prioritario” (67%); “algo prioritario” (33%). En educación. los temas que se muestran como muy prioritarios son la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos (100%), la reducción del presupuesto para educación junto con la baja eficiencia del gasto (100%) y el estancamiento en los resultados de aprendizaje (100%) y es manifiesta la preocupación ante la cantidad de NINIs (25% de la población de jóvenes).

Sin acceso a educación y con empleos mal remunerados, se perpetúa en la zona un ciclo vicioso que estimula el interés de emigrar, y el porcentaje de la población migrante retornada en Cortés, es el más alto del país con un (13%). La baja productividad en la economía rural (100%) son también problemas centrales relacionados con la pobreza. Son prioritarios para los participantes también los temas del sistema legal restrictivo (80%), y un 60% de los participantes consideran como muy prioritario el problema de baja competitividad y facilidad para hacer negocios. Mientras que, en salud, la capacidad de cobertura se ve sobrepasada y la alta tasa de homicidios y el narcotráfico siguen siendo obstáculos para lograr la seguridad ciudadana.

Pese a la gran cantidad de problemas que afectan sus garantías individuales, son muy pocas las personas y organizaciones que coordinan acciones de protesta o búsqueda de soluciones en la zona de Cortés. Se ha invisibilizado el papel de los gobiernos locales, se descontinuó el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales y de la descentralización. En este sentido, la participación ciudadana se ha “acomodado” al esquema imperante de clientelismo político y del manejo centralizado de los programas y proyectos, en la que las organizaciones y ciudadanía dejan de ser realmente críticas de las situaciones y se alinean a las directrices gubernamentales

Sin embargo, para tratar de fortalecer los espacios de participación ciudadana, se han llevado a cabo procesos de formación en diferentes temáticas, esto con el propósito de ampliar los conocimientos de diferentes organizaciones de la zona en temas de transparencia, rendición de cuentas, incidencia política y veeduría social.

Pobreza, abandono gubernamental, corrupción e intimidación limitan espacios de participación ciudadana en Yoro, revela informe de la ASJ

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  • Hay criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Yoro, gran parte de la población resiente las debilidades en los servicios que se brindan con fondos estatales. Consideran que las problemáticas originadas por la corrupción como temas prioritarios son: el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes (88%), pérdida de confianza en las instituciones democráticas (88%) y la impunidad (88%) y otros aspectos relacionados con la captura del estado (62.5%). El tema de la impunidad en la región se ha visto amplificado por numerosos casos de corrupción de figuras públicas, ya que el sistema de justicia ha sido cooptado por grupos políticos y económicos, de acuerdo al informe.

A raíz de la pandemia y tras los huracanes Eta y Iota, ha habido mayor cierre de espacios de participación, aumentó la cooptación política de estos espacios por parte de los partidos tradicionales y la estigmatización de las personas y movimientos que critiquen o se opongan a procesos, proyectos o políticas impulsados desde las instituciones gubernamentales, con el único fin de deslegitimar la crítica y minimizar la participación ciudadana.

A pesar del abandono gubernamental, graves casos de corrupción y de estar en una permanente crisis en las instituciones del estado proveedoras de servicios, son muy pocas las personas y organizaciones que coordinan acciones de protesta o búsqueda de soluciones en la zona de Yoro.

Además, la participación de la Sociedad Civil ha sido prácticamente anulada, se reporta la criminalización de la protesta, judicialización de líderes y lideresas comunitarias, intimidación y presión constante de organizaciones estatales y locales que no están de acuerdo con aquellos grupos o personas que les señalan. En este sentido, se destaca en la región el trabajo de organizaciones emblemáticas como ERIC-SJ y Radio Progreso, que trabajan desde la formación política, la denuncia y el acompañamiento de presos políticos en el marco de la crisis postelectoral y también mediante la realización de sondeos de opinión, investigaciones y manifiestos públicos.

Pese a todas las limitaciones, vale destacar que las formas en las que la ciudadanía se organiza y participa en la región de Yoro, son diversas. Hay trabajo a nivel de redes con otras organizaciones, redes de mujeres y también redes juveniles que promueven los liderazgos locales y que, a pesar de la pandemia, han estado muy activos sobre todo en entornos virtuales.

Participación ciudadana en Atlántida se ve limitada por la pobreza, impunidad, secuestro y asesinato de líderes y lideresas, revela informe de la ASJ

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  • Las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización.
  • La invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, y el aumento de la criminalidad, contribuye a la deserción escolar y la migración.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Atlántida, el tema de la impunidad se ha visto magnificado por casos emblemáticos como el secuestro y desaparición (asesinato) de líderes garífunas y la venta ilegal de territorios ancestrales. Se ha ido incrementando la presencia de grupos y organizaciones criminales (maras y pandillas) que ponen en precario la convivencia pacífica y la seguridad en la zona. El 80% de los participantes calificaron como un problema muy prioritario el de la colaboración entre elites y el crimen organizado y, además, la corrupción ha provocado un grave impacto en la educación, al punto que la mayoría solo culmina la educación básica de 6 grados; un cuarto de los jóvenes de la zona ni estudian ni trabajan.

Los índices de pobreza y desempleo han incrementado, hay un déficit de 10 profesionales de la salud, forzando a familias completas a emigrar y debido a la falta de estrategias y políticas claras por parte del Estado para enfrentar esta situación y los problemas generados por la invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, hacen que la región se vea sumida en una situación que limita el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible de la población.  Sumado a esto, los problemas muy prioritarios que se enfrentan en la región en el área de salud son la falta de presupuesto, desabastecimiento de medicinas, falta de insumos e infraestructura.

Como parte del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, se han llevado a cabo procesos de formación en diferentes temáticas, esto con el propósito de fortalecer los conocimientos de diferentes organizaciones de la zona en los temas de transparencia, rendición de cuentas, incidencia política y veeduría social, este último es el mecanismo de participación ciudadana más utilizado en temas de salud y educación.

Sin embargo, Atlántida tiene retos en el tema de participación, debido a que la población se encuentra dispersa en territorios con limitado acceso, y debido también a las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización. Es por ello que la sociedad civil se ve restringida en procesos de participación, a pesar de que hay una agenda clara desde las comunidades sobre cómo atender sus necesidades y problemas y la mayoría de los programas estatales tiene un sello político que limita la participación de la ciudadanía.

Participación ciudadana enfrenta grandes retos en Copán debido a corrupción, pobreza y falta de voluntad política, revela informe

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  • La cultura de cacicazgo limita la participación ciudadana, aumenta la corrupción, impunidad y pobreza, que obligan a los habitantes a emigrar del país.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en seis departamentos de Honduras.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.

En Copán, aparte de la consolidación y articulación de las organizaciones, uno de los grandes retos es la participación ciudadana que se ve limitada por la cultura de cacicazgo, la falta de voluntad política y la pobreza derivada de la corrupción e impunidad, así como también, la restricción de veedurías sociales, lo que impide una gestión pública transparente y rendición de cuentas efectiva.  También, el 73% de los participantes manifiestan como un problema muy prioritario la alta tasa de homicidios.

Las problemáticas originadas por la corrupción como la captura del estado, mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes, obstaculización del desarrollo del país y pérdida de confianza en las instituciones democráticas, alta tasa de homicidios, son temas considerados con una prioridad alta por los participantes (91%).

En cuanto a educación, el principal problema identificado fue el abandono escolar (1 de cada 3 niños), pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular. Además, la pobreza y la atención en salud son temas urgentes a tratar.

Pese a las limitaciones que enfrenta la sociedad civil, en Copán se ha construido un tejido social bastante fuerte que ha sido fortalecido a través del trabajo que organizaciones no gubernamentales como EROC, ASONOG, OCDIH, entre otras. La participación mediante el trabajo en redes y alianzas estratégicas ha permitido aprovechar las experiencias y capacidades instaladas de otras instituciones y organismos aglutinados alrededor de mesas de trabajo y redes de cooperación, que además brindan mayor peso y capacidad de incidencia ante las autoridades locales.

Con ello, se ha logrado tener impacto a nivel local con cabildos abiertos, plantones, veedurías sociales, procesos de visibilización y otras acciones, que logrado poner en agenda pública algunas problemáticas antes mencionadas, y por otro lado han generado políticas municipales, en favor de la dotación de insumos e infraestructura. También han hecho posible el desarrollo e implementación de herramientas de gestión que favorecen la transparencia y la rendición de cuentas.

Diagnósticos regionales revelan limitantes en la participación ciudadana para generar incidencia en problemáticas nacionales

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  • ASJ realizó diagnósticos sobre participación ciudadana con organizaciones y miembros de comunidades de seis departamentos de Honduras.
  • La iniciativa fue financiada por Viva Dinamarca.

Tegucigalpa, 15 de noviembre de 2022. En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, en este sentido, se concluyó los diagnósticos regionales realizados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en seis departamentos de Honduras.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Comayagua, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.

En cuanto a corrupción, los participantes identificaron diversas prioridades. La captura del Estado parece “muy prioritaria” para las regiones de Copán y Francisco Morazán; en tanto, el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes se ubica como “muy prioritario” en las regiones de Atlántida, Francisco Morazán y Copán. Otros aspectos preponderantes mencionados fueron la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y que la corrupción obstaculiza el desarrollo.

En materia de educación, los ciudadanos de Francisco Morazán y Cortés identificaron como temas prioritarios la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos y el estancamiento de los resultados de aprendizaje. En otras zonas como Copán y Atlántida, el principal problema identificado fue el abandono escolar, pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular.  Cabe señalar que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuatro de las regiones analizadas: Cortés, Francisco Morazán, Yoro, y Atlántida, son las que han tenido mayor índice migratorio en los últimos años.

Con respecto al tema de pobreza y desempleo, los informes regionales lo destacan como “muy prioritario” para los participantes en las jornadas, mientras en el área de salud, la priorización se enfocó en la falta de presupuesto, medicamentos, insumos e infraestructura en zonas como Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, aunque la falta de voluntad política e incapacidad de liderazgo de las autoridades para hacer cambios profundos y sostenibles en el sistema sanitario fue considerada “muy prioritaria” en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.

De igual manera, los informes abordan la estigmatización contra personas o movimientos en disenso con el Estado y la calificación de personas que protestan por sus derechos como violentas, irrespetuosas o dignas de castigo. A criterio de los entrevistados, este tipo de pensamiento permite y justifica consecuentes violaciones de los derechos humanos de quienes protestan por sus derechos.

En cuanto a las acciones adoptadas frente a las problemáticas identificadas en las distintas regiones, figuran como principales mecanismos de participación ciudadana los procesos de veeduría social en salud, educación, infraestructura y seguridad, en los que la lucha por la transparencia y contra la corrupción son un eje transversal; otros, como la defensa del territorio, destacan en regiones como Atlántida y Copán.

Producto de la reflexión, especialistas entrevistados consideran muy relevante y dinámica la participación de la sociedad civil como impulsora de reformas, creadora de políticas públicas, impulsora de cambios, impulsora de denuncias y protagonista al momento de evidenciar aspectos que no se están haciendo bien y que se deben mejorar.