Alianza por la Paz y la Justicia aboga por un Ministerio Público independiente

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  • En Honduras el índice de impunidad se aproxima al 96 por ciento, por lo que el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) es una prioridad para el Estado.

Tegucigalpa, jueves 22 de marzo de 2018. Con el objetivo de propiciar un espacio para que la sociedad se exprese acerca del proceso de elección del Fiscal General, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó este jueves el foro “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en el auditorio de Ceutec El Prado.

Al evento asistieron estudiantes de la carrera de Derecho de este centro universitario y en el mismo se discutieron sobre las perspectivas a considerar en la selección del Fiscal General y la importancia del nombramiento de un titular que no obedezca a intereses particulares.

El foro fue dirigido por Luis Reyes, coordinador de la APJ y contó con un panel conformado por Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional; Kenneth Madrid, Asesor Técnico de programas de reforma al sector Seguridad y Justicia de la ASJ y Marco Tulio García, representante de la Asociación de Estudiantes de Derecho Ceutec.

“La elección del Fiscal General de la República es trascendental para todos los hondureños porque sobre esta figura recae la conducción del ente que tiene la facultad de la persecución penal.

En un país donde el índice de impunidad se aproxima al 96 por ciento, es evidente que el fortalecimiento del Ministerio Público (MP) debe convertirse en una prioridad para el Estado”, afirmó el coordinador de la APJ.

Durante su participación, Kenneth Madrid compartió con los estudiantes que una de las principales razones para luchar por un Ministerio Público independiente es porque “a mayor impunidad, mayor violencia. El fortalecimiento del sistema investigativo es fundamental para fortalecer la lucha contra la inseguridad”.

En relación a la elección de las nuevas autoridades de la institución, Omar Rivera afirmó que el “nuevo Fiscal General debe ser una persona de altos quilates morales, debe ser un hombre o mujer decente, competente, independiente y valiente”.

Además puntualizó que es importante que los diferentes sectores de la sociedad hondureña se mantengan informados y realicen veeduría e incidencia durante la próxima elección ya que esta institución representa los intereses generales de la sociedad.

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Foro APJ Ceutec, Hacia un Ministerio Público independiente

APJ demanda que lucha contra la corrupción no tenga freno y mucho menos regresión

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  • La Alianza por la Paz y la Justicia promueve conversatorio sobre reformas legales que obstaculizan lucha contra la impunidad y corrupción en Honduras

Tegucigalpa. Ante las recientes determinaciones del Congreso Nacional de la República, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) promovió este martes un conversatorio donde se analizaron las amenazas que se ciernen en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

El evento denominado “Decisiones y Reformas Legales que Obstaculizan la Lucha Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras” contó con un panel de discusión integrado por Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh); Lester Ramirez, coordinador de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Omar Rivera, coordinador de Advocacy de la ASJ; quienes evidenciaron las implicaciones de las reformas legales originadas desde el Congreso Nacional y que incluyen la Ley General de Presupuesto y la posible reforma a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito propuesta por el diputado Denis Armando Castro Bobadilla, del partido Alianza Patriótica Hondureña (APH).

«Desde la sociedad civil incidiremos para que las reformas a la Ley de Presupuesto sean derogadas y que esa amenaza a disminuir la aplicabilidad de la Ley de Privación de Dominio de Bienes obtenidos con recursos provenientes de actividades ilícitas no se concretice; no vamos a bajar la guardia por hacer que la lucha en contra de los corruptos siga vigente», advirtió Omar Rivera durante su participación.

conversatorio APJ IUDPAS

Lester Ramírez, señaló que «pretender exonerar a cualquier funcionario de la administración pública de rendir cuentas es una gran bofetada a la ciudadanía”.

conversatorio APJ IUDPAS 5

Por su parte Castellanos recordó los casos de corrupción que han salido a la luz desde inicios del 2000 y cómo los políticos han justificado los mismos para salir bien librados: «Siempre creemos que la clase política va a sentir pudor por sus acciones, pero no lo sienten; ellos se reúnen y deciden cómo justifican lo que hacen y esto no es de hoy. Aquí el tema es definir qué hacer, quién lo hace y cómo lo hacemos para detener este tipo de acciones» que atentan contra la sociedad hondureña.

Los panelistas hicieron hincapié sobre la importancia de la próxima elección de altas autoridades en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras; entre los que destacan la integración del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el nombramiento del nuevo Procurador General de la República y Subprocurador General de la República, y la elección del nuevo Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto.

La vigencia y los alcances de la Misión de Apoyo en Contra de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue otro punto analizado con el propósito de que no se disminuya su rol mediante medidas que entorpezcan sus actividades de acompañamiento al desarrollo de capacidades de las instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado.

Entre los asistentes destacan Aurora Pineda, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de Violencia en Honduras (AVVH); Hilda Cáceres por la Pastoral Social Caritas; Gilmar Santander, apoyo fiscal de la Oficina Internacional de Antinarcóticos; Nury Alvarado y Luis Fernando Reyes de la APJ, entre otros líderes de organizaciones de sociedad civil, sector empresarial, cuerpo diplomático y estudiantes universitarios.
Al finalizar las organizaciones de sociedad civil participantes reiteraron que la lucha en contra del crimen, delincuencia y corrupción, no puede tener freno y mucho menos puede conducirse a un punto de regresión.

conversatorio APJ IUDPAS 3

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

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APJ visita capítulos regionales en el noroccidente, centro y oriente de Honduras

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  • La Alianza por la Paz y la Justicia estableció junto a sus capítulos regionales, líneas de acción concerniente a los temas de interés en 2018.

Tegucigalpa. Con el propósito de construir agendas de trabajo comunes y especializadas en temas de incidencia, investigaciones, capacitaciones y coordinación de trabajo junto a las plataformas juveniles, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunió con sus capítulos regionales en el noroccidente, centro y oriente de Honduras.

Las sesiones fueron sostenidas con miembros del Espacio Regional de Occidente (EROC) en Santa Rosa de Copán, Aldea Global en Siguatepeque, Caritas en Comayagua, OYE Honduras en El Progreso, el capítulo de APJ en San Pedro Sula y la Organización Predicar y Sanar (Predisan) en Catacamas.

“Durante estas reuniones establecimos líneas de acción referente a los temas relacionados al ‘Pacto de Impunidad’, la reforma a la Ley General de Presupuesto y la elección del Fiscal General”, informó el coordinador de la APJ, Fernando Reyes.

Además agregó que estipularon compromisos a corto plazo sobre la realización de investigaciones de percepción de violencia por parte de los jóvenes, foros regionales para la construcción del perfil del Fiscal General y la calendarización y guía metodológica de los mismos.

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La Alianza por la Paz y la Justicia también socializó un proceso sostenible de regionalización como base para lograr la incidencia ciudadana de manera continua en coordinación con los capítulos.

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

 

 

Alianza por la Paz y la Justicia, seis años trabajando por la seguridad y justicia de Honduras

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  • Desde sus inicios la Alianza por la Paz y la Justicia ha trabajado en generar espacios de participación ciudadana para un desempeño eficaz y eficiente del sistema de justicia y seguridad en Honduras.
  • En 2018, la APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) surgió en 2012 en medio de un ambiente de violencia generalizada y marcado por crímenes perpetrados por miembros de la seguridad pública.

Desde entonces su propósito como plataforma de sociedad civil es demandar un efectivo y verdadero proceso de reforma en la seguridad pública de Honduras, con una policía preparada y confiable, una Fiscalía eficiente y una Corte Suprema de Justicia objetiva y ágil.

Como resultado de los constantes señalamientos de esta coalición de organizaciones de sociedad civil de la urgente necesidad de implementar acciones de profilaxis y reingeniería en la institución policial, en abril de 2016 el gobierno de Honduras crea la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, con el objetivo de impulsar un proceso de evaluación de idoneidad de los miembros de la institución policial.

La Comisión Depuradora conformada por representantes de la sociedad civil y miembros del gobierno, impulsó procedimientos que dieron lugar a la salida obligatoria de policías vinculados al crimen organizado y narcotráfico, así como aquellos que no reunían un perfil idóneo y de moralidad que garantizara un servicio digno a la población.

A la fecha 4,925 policías salieron de la Policía Nacional por medio de la actuación de la Comisión de Depuración. La iniciativa incluyó el impulso y la aprobación de una nueva estructura orgánica, una nueva ley de policía y nueva ley de la carrera policial.

La plataforma ciudadana representada en la APJ también ha contribuido en fortalecer las capacidades de la población en la temática de seguridad y justicia, por lo que a través de los procesos formativos de Seguridad 101, jóvenes de los municipios de Siguatepeque, Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Catacamas, El Progreso y Tegucigalpa participaron en las jornadas de capacitación.

En 2017, más de 250 jóvenes pertenecientes a los capítulos regionales fueron instruidos sobre el contexto y entorno de la realidad de Honduras en la temática de seguridad y justicia.

Para 2018, la Alianza por la Paz y la Justicia aposta sus objetivos al fortalecimiento institucional del Ministerio Público y el Poder Judicial por medio de acciones que permitan una elección transparente del Fiscal General de la República, hacer más eficientes los procesos de selección de jueces y magistrados, impulsar las reformas provenientes de la gestión de la Comisión Nacional de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y continuar con el empoderamiento ciudadano por medio del robustecimiento de los capítulos regionales de la APJ.

La APJ mantiene su compromiso de impulsar un proceso dinámico de reforma y fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y justicia en el país.

Acerca de la APJ

La APJ está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), el Grupo Sociedad Civil (GSC), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), la Pastoral Social Cáritas de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), World Visión Honduras (WVH), la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia MOPAWI, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transformemos Honduras (TH), el proyecto Aldea Global, movimiento Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Comunidad Cristiana de Liderazgo, Alianza por el Dialogo, la Fundación Alfredo Landaverde, la Asociación para de Familiares y Víctimas de la Violencia, la organización Predicar y Sanar (PREDISAN), RED VIVA HONDURAS y el Espacio Regional de Occidente EROC.

 

 

 

Aunque Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no figuran entre las ciudades más violentas del mundo, lucha contra la criminalidad no debe detenerse

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  • Tegucigalpa y San Pedro Sula ya no están entre las 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
  • La APJ ha señalado la necesidad de reformar y fortalecer el sistema de seguridad y justicia del país.

Tegucigalpa. Por primera vez en los últimos cinco años, ninguna ciudad hondureña se encuentra entre los primeros puestos de la terrible lista de ciudades más violentas del mundo, emitida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

A diferencia de 2015, cuando Tegucigalpa y San Pedro Sula aparecían en los primeros puestos del ranking de muertes, en 2017 se registró un descenso importante en la tasa de homicidios.

“En 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en un año. De este modo la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en 2016 a la 26 en el de 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 a 2014)”, detalla el informe.

Por otra parte, en 2016, Tegucigalpa registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 se redujo a 48, lo que equivale a una reducción del 43.59% en un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking de 2016 a la 35 en 2017.

Y es que la tasa bajó favorablemente en Honduras de 60.02 en 2015 a 59.05 en 2016 y a 42.8 en 2017.

Pero, ¿qué hay detrás de esta reducción?

El estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal destaca una “pronunciada y rápida disminución de los homicidios en las ciudades de Honduras”, como resultado de acciones estatales.

“Estas reducciones extraordinarias no ocurrieron por casualidad, sino que son el resultado de un encomiable esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar en forma sistemática a células de grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos, distintos a los homicidios, que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones”, apunta el estudio.

De las 50 ciudades enlistadas, 15 están en Brasil, 12 en México, cinco en Venezuela, cuatro en Estados Unidos, tres en Colombia, tres en Sudáfrica y dos en Honduras. Además, una ciudad en: El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Jamaica.

El listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal lo lidera la ciudad mexicana Los Cabos, con una tasa de homicidios de 111.33, seguida de Caracas (111.19) y Acapulco (106.63).

+ Ver el informe original

Lo que sigue

Para Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – organización miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), la disminución en las tasas de homicidios “es una noticia que alegra, ya que por mucho tiempo San Pedro Sula y Tegucigalpa fueron señaladas como lugares más complicados para vivir. En relación a la violencia que estaba imperando, alegra el saber que se ha logrado salir de ese espacio, pero también esto significa que se debe de continuar mejorando y no conformarnos con lo hecho”.

En ese sentido, Omar Rivera, coordinador de Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que un factor determinante en la reducción de homicidios “es el esfuerzo porque existieran instancias de coordinación en los distintos operadores de seguridad del país, de defensa y justicia, a esto se le suma la dotación de recursos por parte del Estado para lograr esto”.

A criterio de la APJ, los resultados alcanzados deben servir de impulso para continuar y no detenerse en la lucha contra la criminalidad.

Desde su creación en 2012, la plataforma ciudadana de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha venido demandando del Estado un efectivo proceso de reforma y fortalecimiento al sistema de seguridad y justicia del país, a fin de reducir los elevados niveles de violencia e impunidad que benefician al crimen organizado y la delincuencia común.