Atlántida es el tercer departamento de Honduras con más casos de abuso sexual infantil, revela informe de ASJ

• Índice de Impunidad en casos de abuso sexual infantil en Honduras es de 84%, según informe de ASJ.
• Más de 800 denuncias de abuso sexual infantil reportó Atlántida entre 2016 y 2020.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, presentó un informe donde revela que cada seis horas, un niño o niña es víctima de Abuso Sexual Infantil (ASI) en el país, y el 83.74% de los casos quedan en la impunidad.

El informe titulado Índice de Impunidad y Respuesta Institucional ante el Abuso Sexual Infantil, detalla que entre el 85% a 90% de los casos ocurrieron en el entorno cercano a la víctima y Atlántida se ubica como el tercer departamento con la mayor cantidad de denuncias: Francisco Morazán (2,038), Cortés (1,151), Atlántida (836), Comayagua (807) y El Paraíso (787).

En ese sentido, Atlántida fue uno de los departamentos que tuvo tasas de denuncias más altas entre 2016 y 2020, con una tasa de denuncia del 92.10 de promedio por cada cien mil habitantes (niñas y niños) en esos cinco años. Siendo el 2018 el año con mayor tasa de denuncias (111.18).

De igual forma, Atlántida reporta 201 casos judicializados, de los cuales 123 recibieron sentencia condenatoria.

Para 2020, la tasa anual de denuncias por abuso sexual infantil disminuyó en 9 denuncias por cada cien mil habitantes, hasta 46.83, no obstante Islas de la Bahía (164.10), El Paraíso (82.20), Atlántida (72.58) y Francisco Morazán (55.74), son considerados departamentos de nivel alto de denuncias en 2019 y que se mantuvieron con niveles altos en 2020.

En el dato global de impunidad departamental, Atlántida reporta un índice de impunidad en casos de abuso sexual infantil de 85.29%.

La investigación, agrega que a nivel nacional hubo cerca de 4,345 embarazos en estudiantes de 8 a 17 años, de los que 907 corresponden a niñas de 8 a 14 años, lo que supone automáticamente la comisión de un delito de violación debido a la edad.

Los datos establecen que en esa línea de tiempo el Sistema de administración de Justicia Penal ante el ASI, registró en el país 8,945 denuncias por delitos relacionados con el abuso sexual infantil (siendo un total de 8,732 niñas; mientras que 1,099 fueron niños), de estas denuncias solo 1,454 (16.25%) finalizaron con una sentencia condenatoria, implicando que el 83.74% de las denuncias quedó en impunidad, el 2020 tiene el índice de impunidad en casos de ASI más alto con 87.19% y el 2019 el más bajo con un 80.93%, adicionalmente el informe revela que los menores de 15 a 17 años son el grupo etario más afectado, así mismo se establece que el promedio de la tasa de denuncia de ASI a nivel nacional para 2016-2020 fue de 51.75 por cada cien mil habitantes (niños/niñas).

Ante estas cifras, preocupa la mínima o nula aplicación de justicia contra los agresores, ya que, de 10 casos denunciados, más de ocho quedaron en impunidad; de 10 casos judicializados, solo en cinco hubo una sentencia condenatoria; mientras que de cada 10 denuncias ingresadas solo cuatro fueron concluidas con una investigación y, además, de cada 10 investigaciones concluidas solo en seis se presentó requerimiento fiscal.

El informe de ASJ, también revela la ausencia de un sistema de atención para menores víctimas de ASI, que les restituya derechos violentados, garantice su protección y acceso a una justicia eficaz y eficiente. Se expone, además, que el sistema sanitario no cuenta con estructura institucional y equipo de profesionales suficientes ni con normas procedimentales, para contribuir al restablecimiento de la salud mental de niños y niñas.

Ante esta situación, el capítulo de Transparencia Internacional recomienda efectuar acciones para el diseño e implementación efectiva de políticas públicas de prevención, detección, atención de la violencia sexual y protección de niños y niñas, que asegure la reducción de la violencia sexual a partir de la caracterización del problema, una mayor inversión pública, el fortalecimiento institucional y la intervención colaborativa de los sectores de protección, sanitario, educativo, de justicia, seguridad y protección social, entre otras.