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Comunicado de Asociación para el Desarrollo Hondureño, Patriotismo e Identidad Nacional (ADHPIN)

A través de un Comunicado Oficial, la Asociación para el Desarrollo Hondureño, Patriotismo e Identidad Nacional (ADHPIN) ha condenado de forma enérgica las amenazas e intimidación en contra de los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

La ADHPIN ha manifestado su apoyo y solidaridad con los Comisionados, al tiempo que han exigido al Ministerio Público actuar de oficio para investigar estas denuncias.

Ver comunicado a continuación:

Captura de pantalla 2016-06-01 a las 2.07.12 p.m.

APJ destaca resultados de la Comisión Depuradora

  • En 38 días de trabajo la Comisión depuró 68 policías, de 164 evaluados (41.5%)
  • Entre los separados están: 5 generales, 27 comisionados y 36 subcomisionados.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) destacó hoy los avances del trabajo de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; que ya ha depurado a 68 miembros de la Policía Nacional de Honduras (incluyendo 12 suspendidos), comenzando desde “arriba hacia abajo”.

La Comisión Especial fue nombrada el pasado 12 de abril de 2016. En ese periodo de 38 días ha demostrado entereza ya que este proceso de depuración lo inició con la alta cúpula de la oficialidad de la Policía, un proceso que difiere de otros que emprendieron diferentes instituciones.

Para el caso, en los años 2012 y 2013 la Comisión de Reforma de Seguridad Pública (CRSP) no evaluó, ni depuró, a ningún policía. Su presupuesto fue, en esos dos años, de 41 millones de lempiras.

Por su parte la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) desde 2012 al 2015 evaluó a 8,546 policías, de los que 227 fueron depurados. Los rangos de los depurados eran: sub inspectores, sub comisarios, sub oficiales, policías y cobras; es decir que no se alcanzó a la alta oficialidad de la Policía Nacional. Su presupuesto, desde 2012 al 2015, fue de 156 millones de lempiras.

La Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional ha logrado la depuración de 68 elementos de la alta oficialía de la Policía sin tener un tan solo centavo de presupuesto. Esta Comisión ha evaluado 164 altos oficiales entre Comisionados Generales, Comisionados y Subcomisionados. Actualmente ya se evalúan 108 comisarios.

Carlos Hernández Presidente Ejecutivo de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

«Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); destacó que el trabajo de la Comisión ha iniciado de arriba para abajo.  Como ciudadanos debemos apoyar a la Comisión, si hay que hacer críticas hay que hacerlas de manera constructiva, buscando la manera de que el proceso de depuración policial funcione efectivamente” añadió Hernández.

Por su parte la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos dijo que cree y confía en la Comisión, pues aun tomando conciencia de la complejidad del tema, sus miembros han asumido el reto de hacer de manera efectiva y ágil el proceso de la depuración policial poniendo en riesgo su propia vida y las de sus familias.

 

 

Cuadro Depurados Policía Honduras

 

Autoridades del TSC se reúnen con comisión de depuración de la policía

Tegucigalpa. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se reunieron hoy con los miembros que conforman la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras.

Los miembros de la Comisión, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien la preside, y los comisionados Vilma Cecilia Morales y Omar Rivera, llegaron a la sede del ente contralor del Estado atendiendo una invitación que les formulara el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

La reunión tuvo por propósito informar a los integrantes de la Comisión Especial el proceso que sigue el TSC para la investigación de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

En el encuentro, que inició a las 2:30 p.m., el magistrado presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, y las autoridades de la Dirección de Auditorías Centralizadas y Centralizadas, y de la Unidad de Investigación y Verificación, encargadas de investigar dicho delito, expusieron el proceso que sigue el TSC para investigar las denuncias por este ilícito, amparados en el marco legal vigente y acorde a parámetros nacionales e internacionales.

Respaldo:

La Comisión Especial reconoció los esfuerzos que realiza el TSC en investigar el enriquecimiento ilícito, a pesar de las limitantes; por lo que demandan apoyo.

“Hemos recibido todo el respaldo del parte del Tribunal Superior de Cuentas, creemos que vamos a recibir una colaboración no solo decidida por lo que hemos asistido sino porque esa es la tarea que ellos han venido realizando”, manifestó Vilma Morales.

“Hemos podido valorar las enormes limitaciones que el Tribunal tiene, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos, son temas que hay que ponderar y valorar”, valoró. En este contexto, comparó que el presupuesto del TSC no es siquiera el uno por ciento del Presupuesto General de la República. Además, consideró necesario que el tema de la investigación del delito de enriquecimiento ilícito debe ser una tarea del Ministerio Público.

“Creemos que es una tarea que tiene que tener otro contexto, tiene que estar claramente determinada a nivel de las leyes de la República para exclusivamente como una tarea del Ministerio Público”, apuntó Morales.

“Es importante evaluar estos temas y ponerlos en contexto sobre la tarea que viene realizando el Tribunal”, indicó. Destacó que el TSC cuenta con buena capacidad técnica, de quien recibieron aportes importantes.

Por su lado, Omar Rivera coincidió que es necesario una revisión del marco jurídico en el tema del delito de enriquecimiento ilícito, para no cargar la labor que realiza el TSC. “Debe haber reformas que permitan que el rol del Ministerio Público sea mucho más protagónico”, indicó.

La Comisión solicitó al TC priorizar en casos emblemáticos de policías que supuestamente se enriquecieron ilícitamente. Finalmente, Rivera agradeció el apoyo del TSC en facilitarles información de altos oficiales de la Policía.

Las autoridades del ente contralor del Estado reafirmaron la voluntad de apoyar la gestión de la Comisión Especial, atendiendo las solicitudes que le sean planteadas en el marco de las facultades que les confiere la Ley.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza, informó que el ente contralor del Estado conoce 27 expedientes sobre supuesto enriquecimiento ilícito, que fueron remitidos por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

De esta cifra cinco están evacuados y cuatro están por concluir su investigación, el resto se investigarán de acuerdo a la prioridad que solicita la Comisión de Depuración. El interés del TSC es responder de forma expedita cualquier solicitud o denuncias que formulen instituciones o ciudadanos, a efecto de no dilatar cualquier proceso encaminado a la administración de la justicia en nuestro país.

Por consiguiente, el TSC reafirma que las auditorías e investigaciones especiales, como resoluciones emitidas, se practican con objetividad y profesionalismo, garantizando el debido proceso a los funcionarios y exservidores públicos señalados en denuncias o en los informes de auditoría.

Que el éxito en el caso de Berta Cáceres se replique en los de Arístides González y Alfredo Landaverde

  • Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual trato y voluntad política.
  • ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las investigaciones.

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus crímenes están en total impunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho.

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera.

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo Landaverde”, reiteró.

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa institución.

 

CRC destaca lucha de ASJ contra la corrupción policial en Honduras

Dos defensores de la justicia social con conexiones a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han sido designados para formar parte de una nueva comisión de tres personas encargadas de eliminar la corrupción policial en Honduras.

“Esto es muy emocionante. Hemos estado presionando por esto durante años “, dijo Kurt Ver Beek, profesor de Sociología de la Universidad de Calvin y cofundador de ASJ, la cual recomienda apoyar la Iglesia Cristiana Reformada.

“Ahora estamos en una posición para presionar al gobierno en el tema de la corrupción y tomar decisiones al respecto”, agregó.

ASJ ha trabajado durante varios años en muchos frentes contra la corrupción y la desigualdad en Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina y consistentemente ha tenido una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

“Hemos estado llamando especialmente en los últimos cinco años a reformas para conseguir la depuración de la fuerza policial. Ha habido una gran cantidad de agentes de policía de alto nivel en la nómina de los narcotraficantes “, dijo Ver Beek.

De hecho, recientes revelaciones en medios de comunicación vinculan a la policía que el asesinato de dos altos funcionarios encargados de la lucha antidrogas que llevaron presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a formar la comisión.

El primer informe vino de un periódico en Honduras (El Heraldo) y fue seguido el 15 de abril por The New York Times. Sus historias se basaron en los expedientes elaborados por los investigadores policiales sobre los dos asesinatos, el primero de los cuales ocurrió en 2009 y otro en 2011.

“Algunos policías valientes hicieron las investigaciones y presentaron lo que encontraron a los altos funcionarios que decidieron engavetar lo que encontraron”, comentó Ver Beek.

“Pero entonces los periódicos publican los archivos del caso. Poco después, el presidente nos llamó para ser parte de la comisión”.

Los nombrados en la Comisión para la Depuración Policial son Omar Rivera, coordinador de Incidencia de ASJ; el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y miembro del directorio de ASJ; y Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Dos de los tres miembros de un comité de apoyo técnico para la comisión también están conectados con ASJ.

Hablando sobre la nueva comisión, Omar Rivera dijo que “este es el momento del cambio, el momento preciso de la transformación. Es ahora o nunca. Todos los sectores están en sintonía. No podemos fallar y no podemos fallarle a Honduras”.

La comisión se reúne todos los días y ya ha tomado decisiones importantes, tales como negarse a permitir que 36 policías implicados en actividades delictivas, renunciaran con honores, lo que significa que obtendrían una pensión completa. Además varios de estos agentes han sido suspendidos, explicó Ver Beek.

Ser invitados a ser parte de la comisión es gratificante y es una oportunidad por la cual ASJ ha estado luchando por años, pero también es atemorizante, comentó Ver Beek.

La comisión está investigando las actividades de los agentes de policía que ya han demostrado que están dispuestos a buscar venganza y matar a los que se interpongan en el camino.

“La gente en la comisión está preocupada por sus vidas. Están siendo transportados en vehículos blindados y por cuerpos de seguridad”, dijo Ver Beek. “Los miembros de su familia están siendo trasladados a lugares más seguros”.

Llamada a servir por un año, la comisión podría extenderse más tiempo si “es necesario para reestructurar y transformar la policía“, indicó Ver Beek.

Mientras tanto, ASJ está preparando una campaña para pedir a las congregaciones de CRC unirse con otras iglesias para orar por el éxito y la seguridad de los miembros de la comisión.

Además, dijo Ver Beek, pedirán a la gente ponerse en contacto con los funcionarios de Estados Unidos y buscar su apoyo en el esfuerzo por limpiar la Policía Nacional de 14,000 miembros en Honduras.

“Este problema es bastante intenso en Honduras ahora”, dijo Ver Beek. “La comisión está llamada a hacer su trabajo porque la policía no puede depurarse ella misma”.

Chris Meehan

CRC Comunicaciones

+ Vea el artículo origina de la Iglesia Cristiana Reformada (CRC) en INGLÉS aquí

APJ condena amenazas a muerte contra miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

  1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.
  1. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.
  1. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.
  1. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.
  1. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.
  1. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.

Avance positivo la captura de sospechosos de asesinar a Berta Cáceres

Nota tomada de ASJ Honduras

  • El Estado debe profundizar investigaciones e identificar autores intelectuales
  • ASJ considera que proceso judicial debe enmarcarse en el imperio de la ley

Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) califica como avance positivo la captura de los cuatro sospechosos del vil asesinato, perpetrado el pasado 3 de marzo de 2016, contra la lideresa de pueblos indígenas y lucha por el medio ambiente, Berta Cáceres.

El Ministerio Público confirmó esta mañana la detención de cuatro sospechosos por el asesinato de la presidenta del Comité Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh), en el marco de la Operación Jaguar.

Los allanamientos fueron efectuados de forma simultánea en Tegucigalpa, La Ceiba y Trujillo por parte del Ministerio Público (MP), la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, existen elementos probatorios sobre la participación de los sindicados en acto criminal, entre ellos un exmilitar y un mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en el asesinato de Cáceres.

En ese sentido, ASJ hace un llamado al Estado de Honduras para que el próximo paso en el marco de las investigaciones, sea el de dar con el paradero y captura de los autores intelectuales de este reprochable asesinato.

Berta Cáceres fue una prominente dirigente de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, por los cuales luchó en pro del respeto de sus derechos humanos y la conservación de los recursos naturales.

Su lucha le valió en abril de 2015 el Premio Medio Ambiental Goldman, la máxima presea para activistas del medio ambiente a nivel mundial.

La lideresa indígena fue acribillada dentro de su vivienda en la ciudad de La Esperanza el pasado 3 de marzo. En el hecho también resultó herido el mexicano Gustavo Castro.

ASJ destaca la labor investigativa de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público para dar con el paradero de los responsables del detestable hecho y las acciones ejecutadas hoy a raíz de este trabajo.

Asimismo ASJ demanda al Estado de Honduras que se realice el proceso judicial conforme a ley y que de existir más personas sospechosas de estar implicadas en el crimen de Cáceres, se proceda de inmediato a dar con su captura para efectos de investigación, sin importar su situación política, económica y social, especialmente si se trata de los autores intelectuales.

Capítulos regionales de APJ impulsan proceso para identificar mayores desafíos de los operadores de justicia

  • La Alianza por la Paz y la Justicia está implementando la regionalización de sus intervenciones en cuatro ciudades del país: Santa Rosa de Copán en el departamento de Copán; San Pedro Sula en el departamento de Cortés; Comayagua en el departamento de Comayagua y Catacamas en el departamento de Olancho.

San Pedro Sula. Una comisión de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunió este miércoles y jueves con diferentes funcionarios de las instituciones del sistema de Justicia de San Pedro Sula y El Progreso, a fin de analizar la problemática desde el ámbito local y definir una agenda común de trabajo.

A través de la instalación de una mesa bipartita conformada por miembros de la sociedad civil y operadores de seguridad y justicia, los capítulos de APJ de SPS y El Progreso dan inicio al proceso de “Cinco y Cinco”, iniciativa orientada a identificar los cinco principales retos y cinco necesidades prioritarias del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.

Mediante un trabajo de incidencia directa con los titulares de estas instituciones, se promueve la atención de las mayores necesidades de los operadores de seguridad y justicia de las ciudades de San Pedro Sula, El Progreso, Copán y Catacamas.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoría social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Participaron en esta reunión funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), movimientos juveniles y miembros del capítulo regional de APJ en San Pedro Sula y El Progreso.

La Alianza por la Paz y la Justicia reconoce que es imperativo el fortalecimiento de un liderazgo regional que incida desde el ámbito local en la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad y Justicia, a través de acciones de participación, incidencia política y denuncia.

Contar con Capítulos Regionales sólidos y eficaces que gocen de un propósito claro y un plan definido, constituye los cimientos sobre los cuales la APJ puede lograr resultados, tanto a corto como a largo plazo, como parte de un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras.

Acerca de los Capítulos Regionales de APJ:

A mediados del 2014, APJ inició un proceso de conformación y consolidación de plataformas ciudadanas denominados Capítulos Regionales APJ, con el objetivo de descentralizar su gestión a través del liderazgo de sus organizaciones miembros en cinco municipios de Honduras.

En Santa Rosa de Copan, a través de la Asociación de organismos no gubernamentales (ASONOG); en El Progreso con Red Viva y Oye Honduras; en Comayagua, con la Pastoral Social Caritas; en Catacamas con la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) y en San Pedro Sula con el apoyo del Foro Social Valle de Sula (FSVS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH VS), la Pastoral Penitenciaria y la organización Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha Ja).

 

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Capítulo regional de APJ