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Urge que depuración inicie en el Ministerio Público y el Poder Judicial

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  • No solamente debe depurarse la Policía Nacional, también la profilaxis debe ejecutarse en las diferentes fiscalías del Ministerio Público y los distintos organismos judiciales

Porque el andamiaje institucional del Sistema de Seguridad y justicia no se circunscribe a la Policía Nacional y se vuelve impostergable una profunda limpieza en las diferentes estructuras de los entes operadores de justicia, Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, instó al Fiscal General del Estado y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a “evaluar el personal de las diferentes fiscalías y juzgados” con la intención de determinar quiénes son los idóneos para continuar en el servicio estatal y transformar a tan importantes instituciones responsables de ejecutar la acción penal y sancionar a quien transgrede la Ley.

“Está es una mesa de tres patas; una pata es la Policía Nacional, otra es el MP y la otra el Poder Judicial. Las tres deben ser sólidas, fuertes y resistentes; deben ser funcionales, cumplir a cabalidad su papel en el ámbito de su mandato y no pueden fallar. Si alguna de ellas es débil, si alguna se presenta enclenque, si alguna falla, el sistema no funcionará de forma óptima” reflexionó Rivera.

El integrante de la Comisión Especial indicó que “es necesario depurar, reformar y fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional, el MP y el Poder Judicial; por esa razón hemos estado pidiendo desde hace varios años que se certifiquen los recursos humanos que laboran en esas entidades, que se avance en el proceso de reingeniería orgánica y de procesos, y que se asignen mayores recursos, especialmente presupuestarios”.

Los recientes hechos que involucran a funcionarios y empleados judiciales en actos ilícitos han hecho que varios sectores de la sociedad exijan acciones inmediatas para adecentar las diferentes instituciones del Estado que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras.

Pueblo hará depuración de los políticos en las próximas elecciones

A los políticos de los diferentes partidos los debe evaluar el pueblo hondureño en las próximas elecciones generales. La población es la única que puede depurar a la clase política; ojala esa depuración se genere en el próximo proceso electoral para tener eficientes administradores del erario nacional y fieles representantes de los intereses del pueblo» dijo el también Coordinador General de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

El dirigente de la sociedad civil manifestó estar entusiasmado con los cambios y reformas que se están gestando en el país y tiene la esperanza que “los procesos de profilaxis y transformación se realicen también a lo interno de los distintos partidos políticos en el país”.

 

Juventud comayagüense exige a operadores de justicia implementar políticas que garanticen los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad

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Jóvenes del municipio de Comayagua, demandaron, este fin de semana, a las autoridades del sistema de seguridad y justicia del país diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, entre otros.

En el marco de la jornada, denominada Seguridad 101, celebrada en la cabecera departamental de Comayagua, y auspiciada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Edras Suazo, coordinador regional del movimiento “Jóvenes contra la violencia” en la zona central de Honduras, dijo que “la juventud espera que la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, nombren personal especializado en atender las demandas de los grupos que históricamente marginados y que inviertan más en la prevención de la violencia en todas las regiones de la nación, que incluya a ciudades intermedias como Comayagua, Santa Rosa de Copan, La Ceiba, El Progreso y Choluteca”.

La APJ, con apoyo de la organización europea Viva Dinamarca, llevó a cabo esta jornada de capacitación destinada a que jóvenes del municipio de Comayagua, puedan comprender cuál es la actual situación de violencia y criminalidad en Honduras, cuales son los factores causa de la impunidad imperante en el territorio nacional y cómo funciona el sistema de seguridad y justicia en el país; la actividad formativa está focalizada en desarrollar capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

Este proceso de capacitación será realizado, en los próximos días, en otros municipios en los cuales funcionan los Capítulos Locales de la APJ, siendo estos Santa Rosa de Copán, El Progreso y Catacamas; recientemente, esta actividad fue llevada a cabo en San Pedro Sula, Cortés.

 

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APJ - Comayagua - Seguridad y Justicia

DPI cumple un año en funciones con importantes logros

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  • Unidad policial fue creada el 1 de septiembre de 2015 en sustitución de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
  • “Es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones”: Omar Rivera.

Tegucigalpa. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cumple este jueves su primer aniversario de creación con importantes logros en materia de lucha contra la inseguridad y narcotráfico.

La DPI se fundó el 1 de septiembre de 2015 con mil miembros y una inversión inicial de 203 millones de lempiras. Los fondos fueron proporcionados en calidad de préstamo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el acondicionamiento de instalaciones, capacitaciones de investigadores y técnicos, equipo científico y tecnológico.

La DPI fue fundada con el objetivo de reestructurar el servicio de investigación criminal en la Policía Nacional, con base en un nuevo modelo de investigación criminal, profesional, especializado y confiable.

Si bien la dirección policial ha sido considera el “Talón de Aquiles” del sistema de seguridad en Honduras, en los últimos 12 meses ha realizado exitosos operativos que derivaron en la presentación de sospechosos de cometer crímenes como tráfico de drogas, extorsión y homicidios ante los tribunales de justicia.

Entre estas iniciativas destaca la Operación Trueno, ejecutada en agosto por la DPI en conjunto con el Ministerio Público, Policía Militar y otras unidades de la Secretaría de Seguridad mediante al menos 113 allanamientos en 17 departamentos de Honduras.

En la operación fueron detenidos medio centenar de ciudadanos en operativos de saturación, retenes policiales, acciones de investigación y seguimiento de estructuras criminales.

Entonces, 40 armas de fuego de diferentes calibres y 12 vehículos con reporte de robo e irregularidades fueron decomisados, así como 110 mil lempiras en efectivo.

Acciones similares han sido ejecutadas, además de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Gracias, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Choloma, El Progreso, Roatán, La Ceiba y otras localidades del país.

Cabe destacar que la DPI cuenta actualmente con cinco laboratorios móviles de criminalística a cargo de personal certificado, donde la población puede acercarse a interponer denuncias por cualquier delito, permitiendo el anhelado acercamiento con la comunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha seguido de cerca el funcionamiento de la institución, colaborando de cerca con sus autoridades para mejorar el proceso de investigación criminal en el país.

A criterio de Omar Rivera, coordinador de la APJ, el fortalecimiento de la investigación criminal en Honduras mediante la DPI y otras unidades como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público es una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña para revertir los elevados niveles de impunidad que imperan en la nación.

Estas unidades conforman un “andamiaje de investigación criminal que, teniendo cobertura nacional y un elevado nivel técnico, puede generar los insumos que los demás operadores de justicia necesitan para sancionar a criminales, delincuentes y corruptos”, expresó Rivera.

No obstante, insistió en que es necesario tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes y evitar excesos e ilegalidades de quienes tienen la facultad de investigar.

Omar Rivera: Expedientes van teñidos de sangre y lodo

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  • Comisión Depuradora entregó al menos 144 casos de policías vinculados a presuntos delitos al Ministerio Público.
  • Ciudadanos presentaron 107 denuncias a través de la plataforma Honduras Denuncia.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que los expedientes de policías vinculados a supuestos actos ilícitos que fueron entregados este miércoles al Ministerio Público «van teñidos de sangre y lodo».

El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), expresó que “los expedientes de supuestos indicios de responsabilidad penal relacionados a integrantes de la carrera policial van teñidos de sangre y lodo, pues evidencian que muchas policías se dedicaron matar, robar, extorsionar y a enriquecerse ilícitamente”.

“Los expedientes entregados al Ministerio Público (MP) contienen historias dantescas en las cuales criminales, delincuentes y corruptos son aquellos que precisamente eran los responsables de combatir el accionar ilícito del crimen organizado y la delincuencia común; es decir, altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional son los malos de la película”, agregó.

El depurador señaló que “la Comisión Especial confía en la responsabilidad, valentía y capacidad del Fiscal General del Estado para procesar toda la documentación que se le ha remitido y que a través de una fuerza de tarea especializada dará persecución penal a quienes transgredieron la Ley”.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil reconoció que un factor determinante para completar toda la documentación que sustenta los expedientes remitidos a la Fiscalía General del Estado fue “la participación de la gente, el aporte ciudadano y la decisión de los hondureños a no quedarse callados ante los excesos de quien ha mal utilizado la autoridad que se les ha concedido”; por lo que motivó a la ciudadanía a “seguir colaborando con la Comisión Especial y denunciar a los malos policías que son negligentes o cometen actos ilícitos en el desempeño de sus funciones”.

Finalmente, Rivera pidió a la Secretaria de Finanzas y al Congreso Nacional de la República hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto del MP durante el ejercicio fiscal 2017, ya que “para enfrentar los retos y desafíos del combate a la corrupción policial, las diferentes fiscalías especiales van a necesitar mayor cantidad de recursos humanos, logísticos y materiales”.

Asimismo, advirtió que “si no se fortalecen las capacidades del MP será difícil que puedan evacuar todas las denuncias contra policías picaros y casos en cartera que implican redes corruptas conformadas por oficiales y agentes”.

APJ insta al Ministerio Público iniciar proceso de certificación de su recurso humano

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  • Fiscal General del Estado invitó a la APJ a colaborar en proceso de depuración fiscal.
  • APJ respalda solicitud de incremento al presupuesto del MP.
  • La próxima semana, Comisión Depuradora entregará al MP expedientes de policías.

Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron la mañana de este jueves con el Fiscal General de la República, abogado Óscar Fernando Chinchilla con el propósito de verificar el avance en el proceso de modernización de la gestión del Ministerio Público (MP), el monitoreo a la persecución penal en casos emblemáticos y la contribución de diferentes fiscalías especiales a la corrupción policial.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ insistió que es un tema primordial para esta plataforma ciudadana el fortalecimiento de las capacidades y la especialización del MP, como parte del enorme desafío que se enfrenta en el país, de luchar contra la corrupción y la impunidad.

“Estamos convencidos que el trabajo del MP es determinante, como sociedad civil tenemos enormes expectativas para que se revitalice la acción penal y para esto es indispensable un proceso interno de transformación que implique una evaluación de los actuales fiscales para determinar quienes ya no caben en función de los desafíos que se plantean” apuntó el representante de sociedad civil.

En ese sentido, el Fiscal General del Estado anunció a los representantes de la APJ que se viene un proceso de certificación del recurso humano a lo interno del MP, donde se solicitará la participación activa de la sociedad civil, por lo que invitó a la plataforma ciudadana representada en la APJ a colaborar para que ejecute acciones de auditoría social.

Además, el titular del MP adelantó que se solicitará una ampliación del presupuesto para el año 2017, con el fin de aumentar el número de fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), así como de agentes de medicina forense.

En ese mismo orden, Rivera detalló que se considera fundamental el respaldo financiero que pueda darse a la institución, “con un incremento al presupuesto del ejercicio fiscal 2017, el MP podrá impactar positivamente con un mejor desempeño, no solamente en la ampliación de la cobertura de servicios, sino también en la especialización, la persecución de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lucha en contra de maras y pandillas y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad”

Actualmente el MP opera con un presupuesto de 1,415, 307,100 lempiras (2016), 21.4% más que lo aprobado en el 2015, donde su presupuesto era de 1, 165, 307,100 lempiras; sin embargo la APJ ha señalado que si bien es cierto el presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, ha tenido un incremento significativo, el mismo ha beneficiado más a algunas dependencias estatales, mientras otras han recibido aumentos menos importantes, tal es el caso del Ministerio Público.

De acuerdo al informe presentado por APJ en 2015, sobre la “Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras (2006-2015)”, se muestra que no todas las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, recibieron incrementos tan sustanciosos. Por ejemplo, en el período 2013-2015, mientras la Secretaría de Defensa Nacional alcanzó un total de Lps. 13 Mil 617 Millones en el trienio, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad fue de Lps. 11 Mil 964 Millones, en ese mismo ciclo; del mismo modo, el presupuesto aprobado para el Poder Judicial fue de Lps. 5 Mil 639 y para el Ministerio Público la cantidad acumulada en esta etapa fue de apenas Lps. 3 Mil 227 Millones.

COMISIÓN AD HOC INVESTIGARÁ EXPEDIENTES POLICIALES

En el marco de la entrega que hará al MP, la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, de expedientes de miembros policiales vinculados a actos ilícitos, la APJ manifestó la enorme expectativa que se tiene en cuanto al desempeño de las distintas fiscalías especiales en la persecución de aquellos delitos cometidos por altos oficiales de la policía.

Al respecto, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y también miembro de la Comisión Depuradora, Alberto Solórzano, avisó que “la próxima semana la Comisión Especial para la Depuración Policial estará entregando al MP los expedientes donde hay indicios de algún grado de responsabilidad por parte de gente dentro de la Policía Nacional”.

Asimismo, el comisionado Omar Rivera especificó que será una estructura Ad hoc del Ministerio Público la responsable de investigar dichos expedientes, los cuales constituyen una fuente valiosa para incoar acciones penales en los tribunales.

“Tenemos mucha información que se desprende de informes que fueron procesados a lo interno de la Policía Nacional, así como de otras instituciones contraloras del Estado, son datos que servirán de insumo para que actúe el Ministerio Público. Ellos tendrán que poner su mayor esfuerzo para trabajar en esas líneas de investigación”, puntualizó Rivera.

Durante la reunión, además participaron Aurora Pineda, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Kurt Alan Ver Beek, vice presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Amanda Madrid, presidenta la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Marco Tulio Villela, representante de World Visión Honduras; Carolina Caldera, de la Fundación Alfredo Landaverde; Luis León y Ninoska Arias, miembros del equipo técnico de la APJ.

Por enriquecimiento ilícito, narcotráfico y extorsión denuncian ciudadanos a policías

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  • Alrededor de 80 denuncias han sido recibidas a través de “Honduras Denuncia”.
  • 61 de esas denuncias podrían ser constitutivas de delitos según análisis preliminar.

Tegucigalpa. En un mes, 80 denuncias contra miembros de la Policía Nacional por delitos como enriquecimiento ilícito y extorsión fueron realizadas por ciudadanos a través de la plataforma Honduras Denuncia, habilitada para tal fin por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la institución.

Honduras Denuncia fue lanzada el 7 de junio pasado por la Comisión Especial como una herramienta de denuncia ciudadana en contra de la corrupción policial. De las 80 denuncias recibidas al correo electrónico honduras@denunciapolicias.com, la línea telefónica 2213-1439 y la APP Dilo Aquí Honduras, disponible para dispositivos Android y iOS, 61 podrían ser constitutivas de delito. También la Web www.denunciapolicias.com recibe quejas.

De acuerdo a las acusaciones presentadas, entre los miembros de la estructura policial que han cometido actos reñidos con la ley figuran comisionados, comisarios, subcomisarios, inspectores, clase I y clase II. En al menos 46 de los casos, los policías fueron identificados plenamente por los ciudadanos al momento de la denuncia.

A los uniformados se les vincula con delitos como narcotráfico, extorsión, lavado de activos y/o enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, fraude, malversación, abuso de autoridad y cohecho.

El proceso de depuración continúa avanzado de arriba hacia abajo. Desde su nombramiento en abril pasado, la Comisión ha cancelado 280 policías, de los que el 82% pertenecían a la alta oficialía.

Corrupción Honduras

Grafico Corrupción Honduras

La documentación hasta ahora recolectada sobre la vinculación de policías en actos ilícitos será remitida al Ministerio Público (MP) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para que estas instituciones abran las investigaciones y procesos judiciales respectivos contra los implicados.

“Es responsabilidad de esta Comisión poner al tanto a estas instituciones del Estado y suministrarle los datos, información, documentos y evidencias sobre estos supuestos malos policías”, señaló un miembro de la Comisión Depuradora

Por otro lado, la Comisión trabaja paralelamente en el proceso de fortalecimiento institucional y certificación de los policías que han sido ratificados, recordando que no han recibido “un cheque en blanco”, por lo que también pueden ser presentadas denuncias contra quienes continúen siendo miembros de la Policía.

La información proporcionada mediante los canales habilitados es confidencial. Tanto el correo electrónico honduras@denunciapolicias.com como la APP Dilo Aquí Honduras, se encuentran disponibles las 24 horas para realizar denuncias, las cuales pueden ser acompañadas con fotografías, videos o documentos. Por la vía telefónica las denuncias se reciben en la línea 2213-1439 de lunes a viernes, de 8:00 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 5:00 PM.

Inicia capacitación de tercera promoción de agentes de la ATIC

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  • Curso de inducción y entrenamiento está dirigido a 70 agentes de la ATIC y 70 detectives de la DLCN.
  • Para selección de los aspirantes, MP realizó exhaustivo proceso de aplicación de pruebas de confianza.

Tegucigalpa. El Ministerio Público inauguró este lunes el curso de inducción y entrenamiento de la Tercera Promoción de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

La capacitación dirigida a 70 agentes de la ATIC y 70 detectives de la DLCN, quienes dentro de tres meses recibirán su certificado como investigadores especializados en materia científica y técnica para asistir a los fiscales en la resolución de delitos de alto impacto.

Los nuevos agentes se sumarán a los 100 graduados de la primera promoción en diciembre de 2015 y a los 152 de la segunda promoción. De estos últimos 109 pasaron a las filas de la ATIC y 43 a la DLCN.

Al evento encabezado por el Fiscal General, Óscar Chinchilla, asistieron además: el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta; el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon y el miembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Michael Simons.

De igual manera participaron representantes de sociedad civil, entre ellos los directivos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández y Kurt Ver Beek, así como distintas autoridades del Ministerio Público y de las instituciones de seguridad del país.

El curso de entrenamiento consta de tres módulos esenciales: Jurídico, Investigación y Médico Forense.

Para la selección de los aspirantes, el Ministerio Público realizó un exhaustivo y minucioso proceso de aplicación de pruebas de confianza, que buscan blindar a la ATIC y a la DLCN de cualquier infiltración del crimen organizado en sus filas, informó el organismo en su página Web.

Cabe destacar que la ATIC ha reportado importantes resultados en los últimos meses, entre ellos operativos de incautación de bienes a ciudadanos señalados por narcotráfico y la identificación de sospechosos en casos emblemáticos de homicidios y corrupción.

Actualmente, la Agencia cuenta con 205 agentes asignados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, quienes se desplazan a otras partes del país de acuerdo a las necesidades de investigaciones. A estos se sumarán los 70 elementos que están siendo capacitados.

ASJ suscribió en agosto de 2015 un convenio de cooperación con el Ministerio Público, el cual se encamina a potenciar las capacidades de la institución operadora de justicia.

Mediante el convenio, la ASJ y el MP acordaron establecer mecanismos de apoyo en procesos de investigación, así como en materia de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información y derechos humanos.

Mayoría de policías suspendidos serían cancelados

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  • Muchos de los suspendidos tienen problemas con la justicia o están siendo investigados.
  • Comisión Especial confía en que el MP iniciará de inmediato acciones judiciales.

 Tegucigalpa. La mayor parte de los 21 policías que fueron suspendidos por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional serán cancelados por carecer de idoneidad para formar parte de la institución, adelantó este lunes Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y miembro de la Comisión.

“Es lógico pronosticar que la mayoría de los policías que en la actualidad están suspendidos serán cancelados, ya que muchos de ellos además de tener problemas con la justicia, son investigados por dantescos crímenes y repugnantes actos delincuenciales, no cumplen a cabalidad el perfil de idoneidad que se necesita para estar integrado a la nueva estructura orgánica de la Policía Nacional”, expresó Rivera.

Desde su nombramiento en abril pasado, la Comisión Especial ha cancelado a 258 miembros de la Policía, un equivalente al 37% de los 699 evaluados.

Entre los depurados figuran seis generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados, 39 comisarios, 51 subcomisarios, 69 inspectores, un subinspector y 29 policías de la escala básica.

Al mismo tiempo, la Comisión ha notificado la suspensión de cuatro comisionados, cinco subcomisionados, cuatro comisarios, cinco subcomisarios y tres inspectores, cuya situación en la institución aún está por definirse.

“Es predecible que, tal cual hemos hecho en otras ocasiones, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional debamos tomar una decisión pronto sobre el destino de estos policías suspendidos. Por lo que hemos podido observar hasta la fecha, la mayoría de ellos deberán dar un paso al costado por falta de confianza e idoneidad”, apuntó el depurador.

En caso de ser cancelados los policías que sean sospechosos de haber cometido delitos, corresponde al Ministerio Público (MP) iniciar un proceso de persecución penal en su contra.

CONFIAMOS QUE MP NO FALLARÁ

A criterio de Rivera, el MP tiene una extraordinaria oportunidad para revertir la generalizada impunidad que durante décadas ha imperado en Honduras, actuando con rigor técnico y científico en la investigación criminal, instrumentalizar la ley para buenos propósitos, ser valiente y proceder contra los corruptos y delincuentes.

“Debemos asumir que harán su trabajo con responsabilidad y esmero, y formularán los pertinentes requerimientos fiscales que inicien la acción judicial que lleve tras las rejas a quienes transitaron por el camino del mal”, acotó.

Además, calificó como alentadoras las acciones que pudieran ser iniciadas contra los malos policías porque “los hondureños estamos cansados que investigadores y fiscales hayan sido de forma pusilánime, con cobardía y mostrando su incompetencia y complicidad con aquellos que se dedicaron a matar, secuestrar, extorsionar y robar utilizando el uniforme policial”.

“Confiamos que bajo el liderazgo del Fiscal General del Estado, el MP no fallará esta vez y abandonará ese rol reprochable que ha jugado en el pasado, cuando -por acción y/u omisión- fueron tolerantes y permisibles con el crimen organizado y la delincuencia común, lo que incluyó a los malos policías”, agregó.

PRESUPUESTO DEL MP DEBE SER INCREMENTADO EN EL 2017

De igual manera, el dirigente de sociedad civil planteó la importancia de incrementar de forma sustancial el presupuesto del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2017, como una muestra de voluntad política para fortalecer el MP.

“Los parlamentarios deben estar conscientes que las diferentes fiscalías requieren más recursos para ampliar su cobertura, especializar sus intervenciones y contar con todas las herramientas necesarias”, aseveró.

Estos recursos – ejemplificó- pueden asignarse a la creación de nuevas unidades especializadas de investigación criminal que permitan identificar patrones de conducta delincuencial y desmantelar redes corruptas a lo interno de la Policía Nacional o conformadas por expolicías.

En 2015, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se asignaron 1,415,307,100 lempiras al MP. En 2016, pese a la creación de nuevas unidades fiscales y la demanda social de justicia, la asignación presupuestaria fue la misma.

Comisión Depuradora presentará primer informe ante Congreso Nacional

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Tegucigalpa. La Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional acudirá este miércoles al Congreso Nacional para presentar su primer informe trimestral sobre los avances del proceso iniciado en abril.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo No. 21-2016 del 7 de abril de 2016 que dio vida a esta Comisión Especial, la misma debe “rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración”.

En tal sentido, ya está casi listo el reporte que los depuradores harán del conocimiento de la Junta Directiva del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el parlamento hondureña.

Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien forma parte de la Comisión, manifestó que el informe de gestión del primer trimestre se circunscribirá a notificar a los legisladores sobre las actividades y logros obtenidos en el marco de las atribuciones conferidas por la asamblea legislativa.

“Vamos a informar a los diputados del Congreso Nacional sobre las cancelaciones, suspensiones y ratificaciones de agentes y oficiales de la Policía Nacional en función de su idoneidad, al tenor del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la institución y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rivera

Carlos Hernández, asesor de la Comisión Depuradora, explicó que también se trabaja en el diseño de un sistema para el seguimiento los policías depurados y la identificación de casos de corrupción y hechos criminales en los cuales están involucrados miembros de la carrera policial que deben ser enviados a entes contralores del Estado y operadores de justicia.

Por su parte, el pastor Alberto Solórzano, depurador y presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), señaló que “hemos evaluado casi unas 459 personas, se han ido más o menos el 42 por ciento de este número. Lo importante no es tanto las cantidades sino que el esfuerzo que estamos haciendo en función de un trabajo de reestructuración y depuración de la Policía”.

 


Apuntó además que “necesitamos evaluar qué es lo que viene después de todo este esfuerzo y si es meritorio que ciertas instituciones que se abrieron con la intensión de hacer lo que nosotros estamos haciendo, continúen”.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS Y RATIFICADOS

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos. De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a 7 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

De los nueve generales evaluados solamente tres fueron ratificados, tal fue el caso del actual Director General de la Policía Nacional Félix Villanueva; el Subdirector General de la Policía Nacional, Quintín Juárez; y el Director de Operaciones, Organización y Adiestramiento de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía.

 


De los 47 Comisionados de Policía, 23 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a cuatro se les autorizó el retiro voluntario y 16 fueron ratificados; mientras de los 108 Subcomisionados, 29 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, cuatro continúan en proceso de evaluación y 69 fueron ratificados.

Asimismo, de los 108 Comisarios de Policía, 35 fueron cancelados, cuatro fueron suspendidos, a uno se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, seis continúan en proceso de evaluación y 62 fueron autorizados a seguir desempeñándose en sus tareas policiales. Finalmente, en el rango de Subcomisarios, la Comisión Especial evaluó a 154 de los cuales 43 fueron cancelados, seis fueron suspendidos, uno continúa siendo evaluado y 104 fueron ratificados.

Es relevante destacar que en este proceso de evaluación de la idoneidad de los miembros de la carrera policial, la Comisión Especial decidió cancelar a tres exdirectores generales de la Policía Nacional, “en razón de la nueva estructura en la institución”. Los cancelados son los Generales Ricardo Ramírez del Cid y Juan Carlos Bonilla Valladares; y por abandono del cargo al General Ramón Sabillón Pineda, quien según reportes de prensa y registros migratorios salió del país sin la autorización debida.

Otros miembros de la carrera policial han sido cancelados por diferentes motivos, en función del vencimiento de plazos de su condición de disponibilidad, muerte o por faltas relacionadas a desobediencia, amenazas a muerte y otras graves.

La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, como consecuencia de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional. Según el criterio de los depuradores, estas funciones no “impactaban positivamente ni eran relevantes”.

Según Omar Rivera, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja. De acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, más de 40 millones de lempiras a los policías cancelados”.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y CREACIÓN DE LA LEY DE PERSONAL DE LA CARRERA POLICIAL

En los últimos días, la Comisión Especial también ha dedicado gran parte de su esfuerzo a analizar el contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial.

A criterio de Vilma Morales, también comisionada, “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

 


El coordinador de la APJ indicó que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales”.

Las leyes, apuntó Rivera, deben además “propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

La Comisión Especial ha desarrollado intensas jornadas de trabajo a fin de poder entregar en los próximos días –durante su comparecencia al Congreso Nacional- las recomendaciones pertinentes a los proyectos de reforma a la legislación policial. “Hemos estado analizando las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Personal de la Carrera Policial y las remitiremos en el marco de la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y esperamos sean bien recibidas por la Comisión de Seguridad”, aspiró el dirigente de sociedad civil.

En reiteradas ocasiones, los miembros de la Comisión Especial han manifestado que “además de depurar, también están impulsando la transformación de la Policía Nacional que incluye el mejoramiento de su marco legal”.

EXPEDIENTES DE SUPUESTOS ILÍCITOS COMETIDOS POR POLICÍAS SERÁN REMITIDOS AL MP y TSC

Coincidentemente, en esta semana la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional enviará al MP y TSC varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y sobre los cuales pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales.

Al respecto, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y asesor de la Comisión Especial, Carlos Hernández, acotó que “son varias decenas” de expedientes los que estarían siendo remitidos ante el ente acusador del Estado y al organismo contralor de la República. “Si bien es cierto no me atrevería a especificar el número, sí puedo asegurar que son muchos”, afirmó Hernández.

La ASJ, Capitulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, ya tiene más de 80 denuncias procesadas a través de la plataforma de denuncia ciudadana “Honduras Denuncia” y la aplicación para dispositivos móviles “Dilo Aquí Honduras”, insumos importantes para estructurar los expedientes que serán remitidos a las autoridades correspondientes.

“Existen indicios que varios miembros de la carrera policial protegían delincuentes y se dedicaban a actividades criminales y corruptas, muchas de ellas recurrentes como la extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos, lavado de activos y otras por el estilo. Asimismo, es notorio que todo este accionar ilegal tenía un reflejo repugnante en el enriquecimiento ilícito de los malos agentes y oficiales”, dijo al respecto el comisionado Omar Rivera.

Y agregó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.

INFORME AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antes de hacerse presente ante el pleno del Congreso Nacional, los miembros de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, presentarán el martes un informe especial ante el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, quien los nombró por un período de 12 meses para cumplir el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional el pasado 12 de abril.

Además de Rivera y Solórzano, forman parte de esta Comisión Especial: Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Julián Pacheco, Secretario de Seguridad, quien la preside. Como asesores fungen Carlos Hernández, presidente de ASJ, y German Leitzelar, miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); y como secretario, Jorge Machado, de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

Resultados de la Depuración Policial

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ASJ velará por selección de mejores jueces y magistrados para fortalecer lucha anticorrupción

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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización de la sociedad civil conformada por cristianos valientes que trabajan para una sociedad donde prevalezca la justicia, ante la aprobación del Protocolo para la Selección y el Nombramiento de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, se pronuncia en los siguientes términos:
  1. Durante más de tres décadas, la respuesta estatal en cuanto a investigación, judicialización y castigo de la corrupción ha sido poco efectiva, lo que ha derivado en impunidad a favor de quienes han confabulado para perjudicar al Estado de Honduras y a su población.
  1. La persecución de la corrupción pública es de especial interés para el Estado, con el fin de detectar, investigar y castigar este flagelo que debilita sus instituciones y genera desconfianza en la ciudadanía.
  1. La corrupción no es un delito sin víctimas y si bien se invierten importantes recursos en el combate a la misma, esta debe medirse con igual relevancia en su perjuicio a los ciudadanos, a quienes hace aún más difícil el acceso a derechos y servicios básicos.
  1. Reconocemos que han existido avances importantes, como la determinación adoptada en las últimas horas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), de nombrar jueces especializados en corrupción, respondiendo así a una demanda ciudadana ante las carencias hasta ahora registradas.
  1. De igual manera, saludamos los esfuerzos realizados en los últimos meses por el Ministerio Público por llevar ante la justicia a funcionarios implicados en casos de gran corrupción, lo que demuestra que la discusión sobre el tema ya no está centrada solamente en los de abajo.
  1. La nominación en la secretaría de la Comisión para la selección y nombramiento de los jueces y magistrados anticorrupción, la asumimos con responsabilidad y con el empeño de seguir trabajando por una Honduras más Justa, con un sistema de justicia fortalecido.
  1. Ratificamos que nuestro interés es el de velar porque el sistema de justicia funcione, un imperativo durante los últimos 18 años de trabajo por el cual acompañaremos además desde la veeduría, el proceso para seleccionar a los mejores jueces y magistrados en la lucha anticorrupción y frenar este flagelo que tanto daño le ha hecho a Honduras.