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Por cada policía depurado se contratarán dos nuevos agentes

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional respalda la iniciativa del Gobierno de la República de elevar el número de policías en servicio a 26 mil agentes para el año 2022, a fin de garantizar el relevo generacional en la institución y acercarse a dar cumplimiento a estándares internacionales en materia de número de policías por cada 100 mil habitantes.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, manifestó que se espera que durante el año 2016 “por cada policía depurado se contrate a dos nuevos agentes, a fin de fortalecer y no debilitar los diferentes organismos policiales”; el depurador señaló que “no solamente se trata de cancelar policías, sino de preparar a las nuevas generaciones que van a lograr transformar la institución”.

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Hasta la fecha, la Comisión Especial, en la reciente jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el proceso de evaluación de los integrantes de la carrera policial y reestructuración de los diferentes organismos policiales, informó que se han evaluado 1,515 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional, de los cuales se han cancelado 628, 14 han sido suspendidos, a 36 se les ha autorizado el retiro voluntario, 27 están en proceso de investigación y 810 han sido incorporados a la nueva estructura orgánica; asimismo, dio a conocer que en lo que va del año, han egresado del Instituto Tecnológico Policial (ITP) 925 agentes de escala básica y para la finalización de 2016 se habrán graduado 1,652 policías más, lo que totalizaría la cantidad de 2,577, lo que permitirá cubrir los espacios de los policías depurados”.

Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dijo que “es indispensable seguir formando a las nuevas generaciones de policías sobre la base de un modelo educativo con enfoque comunitario, que concientice a los agentes del deber de respetar de forma irrestricta los derechos humanos de los ciudadanos y que desarrolle capacidades especializados del contingente policial en áreas como la prevención de la violencia, inteligencia e investigación criminal, operaciones contra el crimen organizado y las maras, administración de recursos y logística, vialidad y transporte, y otros; necesitamos sangre nueva que venga a resolver los viejos problemas de la seguridad en el país”.

“El compromiso del Gobierno de la República es contar con una Policía Nacional fortalecida, certificada y equipada, y la Comisión Especial, impulsará acciones concretas en esa línea de acción; se espera que dentro de 6 años el número de policías supere los 26 hombres y mujeres, y que el indicador de policías por cada 100 mil habitantes, se haya incrementado de 156 a cerca de 280” declaró el dirigente de la sociedad civil.

276 policías por cada 100 habitantes para el 2022

Según proyecciones oficiales, la Policía Nacional contará con 26,486 agentes para el año 2022; esos mismos planes establecen que durante ese periodo saldrán en el marco de la depuración policial 2,893 y de forma vegetativa –en salidas normales- 6,803 agentes y oficiales.

De acuerdo a este proyecto de incremento de la nómina policial, egresarán del ITP, 22,700 agentes de escala básica en programas de educación con duración de 12 meses, luego de un riguroso proceso de evaluación de la idoneidad a través de pruebas de confianza.

Finalmente, se pronostica que la tasa de policías por cada 100 mil habitantes pasará de 156 en el 2016 a 276 en el año 2022, muy cercana a los estándares internacionales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha establecido que es recomendable que los países cuenten con 300 policías por cada 100 mil habitantes.

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La necesaria reforma en la ANAPO

Sin embargo, Omar Rivera, reflexionó que no basta incrementar el número de agentes de la base policial y que se constituye en impostergable impulsar una reingeniería en el sistema de educación de altos oficiales de la Policía Nacional. “Tal cual se hizo con los procesos de formación de los nuevos agentes de a escala básica de la Policía Nacional, se debe avanzar en la reformulación de la curricula de formación de los oficiales”, sentenció Rivera. “Lo que se ha hecho en Comayagua y La Paz, con la renovación del ITP, a fin de capacitar a los nuevos policías, es ejemplar; eso mismo debe hacer con la formación de quienes van a convertirse en oficiales de la Policía Nacional, por lo que el mejoramiento de las instalaciones físicas, el aumento de la calidad de los docentes y la actualización de la estructura curricular de los planes de estudios de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), es urgente” opinó.

El coordinador de la APJ, exteriorizó que “de nada va a servir tener miles de nuevos agentes de escala básica sensibles a respetar los derechos humanos, con un enfoque comunitario para su trabajo en campo y con un entrenamiento de óptima calidad, si los oficiales de policía siguen formándose tal cual se ha venido haciendo en los últimos años; los cambios deben ser integrales y esta nueva mística policial que esperamos se logre insertar en la mente de todos los que pertenecen a esta institución, debe también ‘clavarse’ de arriba hacia abajo”.

Policías y mareros conformaron escuadrones del mal

Sobre las recientes publicaciones en las cuales se señala a miembros de la carrera policial involucrados en actividades ilícitas en asocio con delincuentes, el miembro de la Comisión Especial reveló que en esa instancia depuradora “se ha tenido acceso a información que indica que altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional han tenido nexos con bandas del crimen organizado, maras y pandillas, y redes de corrupción; por eso se han tomado decisiones encaminadas a cancelar a los sospechosos de estos ilícitos y se ha remitido al Ministerio Público (MP), las denuncias e insumos que al respecto se ha tenido en las manos sobre la supuesta participación de miembros de la carrera policial en actos criminales y corruptos”; “Que no venga nadie haciéndose el que no sabe, aquí está claro que por años las autoridades policiales y los operadores de justicia fueron abúlicos e indiferentes ante el mal proceder de oficiales y agentes” anotó.

Finalmente, Omar Rivera, arguyó que “por la vía administrativa, hemos cancelado a la mayoría de quienes han sido señalado de estos hechos repugnantes y en la medida avance en tiempo procederemos a evaluar a todo aquel que sea sospechoso de ser marero o estar asociado con pandillas; nosotros actuamos en el ámbito administrativo, la persecución penal le corresponde a las fiscalías especiales del MP; toda la información sobre la supuesta participación de policías en hechos delictivos es remitida de inmediato al MP, para que actúe”.

 

La corrupción es un grave crimen y atendado a los derechos humanos: ASONOG

  • La lucha anticorrupción es tarea de todos: José Ávila, director de ASONOG.
  • ASONOG apoya procesos de incidencia y políticas de desarrollo y participación ciudadana.
  • Honduras ocupó lugar 112 en Índice de Percepción de la Corrupción de 2015

Preocupada por la crisis que impera en el país y que se evidencia en los altos niveles de corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana, la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG) ha señalado la importancia de una participación ciudadana activa y organizada.

“Ha hecho falta una acción ciudadana articulada y beligerante que de manera permanente ponga de manifiesto el repudio y la exigencia de la ciudadanía para establecer acciones concretas de investigación y castigo, que contribuyan a la erradicación de la corrupción y la impunidad apunta una de las reflexiones de esta red de organizaciones.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), presentado por Transparencia Internacional (TI), Honduras mejoró su ranking pasando del lugar 126, en 2014 (175 países evaluados), a 112 en 2015 (168 países).

Sin embargo, aunque Honduras es una de las naciones que más ha escalado posiciones en el Índice, evidenciando la lucha anticorrupción librada en el país, sigue siendo considerada una nación con una percepción alta de corrupción. 12391301_1165759143453470_2644432156600012886_n

 

ASONOG califica a la corrupción como “un grave crimen y un atentado a los derechos humanos”, para la cual se demanda una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, estableciendo acciones concretas que demuestren la voluntad gubernamental de acabar con este mal.

A criterio de José Ramón Ávila, Director Ejecutivo de ASONOG, el dinamizar la lucha contra la corrupción es deber de todos los hondureños. “Creo que todos los hondureños debemos de asumir con responsabilidad nuestro papel, trabajar muy fuerte, muy duro para que podamos enfrentar el flagelo de la corrupción de manera efectiva”, dijo.

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Es así que siguiendo con sus líneas de acción, esta organización con presencia a nivel nacional, pero con énfasis en las zonas fronterizas de la Región de Occidente de Honduras, promueve la equidad y justicia, luchando por la no discriminación, la democracia, la imparcialidad y los derechos humanos.

En ese sentido, la ASONOG apoya procesos de incidencia en políticas de desarrollo con la participación de los pobladores pobres y tradicionalmente excluidos, desde el nivel local, municipal, departamental, nacional e internacional, mediante la generación de procesos participativos de organización, concertación, gestión y ejecución de programas y proyectos; así como mediante la coordinación de esfuerzos y recursos que en materia de desarrollo integral y sostenible se implementen en las diferentes áreas geográficas y temáticas donde la Asociación tiene presencia.

La red ASONOG es parte de las organizaciones miembros que integran la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y ambas coinciden en la importancia de la participación, empoderamiento y presencia del ciudadano común en la toma de decisiones, que permita una posibilidad más efectiva de lograr el desarrollo de una comunidad.

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Omar Rivera: Expedientes van teñidos de sangre y lodo

  • Comisión Depuradora entregó al menos 144 casos de policías vinculados a presuntos delitos al Ministerio Público.
  • Ciudadanos presentaron 107 denuncias a través de la plataforma Honduras Denuncia.

Tegucigalpa. Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, manifestó que los expedientes de policías vinculados a supuestos actos ilícitos que fueron entregados este miércoles al Ministerio Público «van teñidos de sangre y lodo».

El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), expresó que “los expedientes de supuestos indicios de responsabilidad penal relacionados a integrantes de la carrera policial van teñidos de sangre y lodo, pues evidencian que muchas policías se dedicaron matar, robar, extorsionar y a enriquecerse ilícitamente”.

“Los expedientes entregados al Ministerio Público (MP) contienen historias dantescas en las cuales criminales, delincuentes y corruptos son aquellos que precisamente eran los responsables de combatir el accionar ilícito del crimen organizado y la delincuencia común; es decir, altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional son los malos de la película”, agregó.

El depurador señaló que “la Comisión Especial confía en la responsabilidad, valentía y capacidad del Fiscal General del Estado para procesar toda la documentación que se le ha remitido y que a través de una fuerza de tarea especializada dará persecución penal a quienes transgredieron la Ley”.

Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil reconoció que un factor determinante para completar toda la documentación que sustenta los expedientes remitidos a la Fiscalía General del Estado fue “la participación de la gente, el aporte ciudadano y la decisión de los hondureños a no quedarse callados ante los excesos de quien ha mal utilizado la autoridad que se les ha concedido”; por lo que motivó a la ciudadanía a “seguir colaborando con la Comisión Especial y denunciar a los malos policías que son negligentes o cometen actos ilícitos en el desempeño de sus funciones”.

Finalmente, Rivera pidió a la Secretaria de Finanzas y al Congreso Nacional de la República hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto del MP durante el ejercicio fiscal 2017, ya que “para enfrentar los retos y desafíos del combate a la corrupción policial, las diferentes fiscalías especiales van a necesitar mayor cantidad de recursos humanos, logísticos y materiales”.

Asimismo, advirtió que “si no se fortalecen las capacidades del MP será difícil que puedan evacuar todas las denuncias contra policías picaros y casos en cartera que implican redes corruptas conformadas por oficiales y agentes”.

Historia de Éxito: Oscar Osorio, el joven que nos invita a volver a creer

Oscar Osorio, ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que lo han asaltado; aun así este joven de 22 años aún mantiene la esperanza de que en el país las cosas pueden mejorar.Captura de pantalla 2016-08-23 a las 1.44.45 p.m.

Este estudiante de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH-VS, es uno de los egresados del programa de formación “Seguridad 101”, que imparte la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) a través de sus capítulos regionales.

“En Seguridad 101 uno de los temas que más me gustó, fue lo relacionado a la estructura del Estado y cómo funcionan los entes impartidores de justicia en el país” señaló Oscar; al tiempo que destacó que todo lo aprendido le ha sido de mucha utilidad para poder compartir los conocimientos adquiridos.

“He asumido el compromiso de dar replica a los conocimientos que ahora poseo, mi misión es que cada día sean más y más los jóvenes empoderados en estos temas” comparte Oscar.

Captura de pantalla 2016-08-23 a las 1.45.16 p.m.Con su destacado liderazgo, dentro de los programas de participación juvenil de la organización aliada de APJ, OYE Honduras y de la cual él forma parte desde hace cinco años, Oscar ha logrado visitar cinco centros educativos de la ciudad de El Progreso, donde ha llegado a más 500 niños a quienes les ha compartido la importancia de la participación ciudadana, de mantener las esperanzas como población, y de conocer con detalle la función de cada ente operador de justicia en el país.

“mi granito de arena a esta sociedad es poderles enseñar a niños y jóvenes lo que aprendí gracias a la APJ; si todos ponemos de nuestra parte el país puede mejorar”, enfatizó Oscar.

Acerca del “Seguridad 101”

En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) inicia el proceso de formación denominado “Seguridad 101”; programa destinado a desarrollar las capacidades de dirigentes de organizaciones no gubernamentales, academia e iglesias, para que realicen efectivas intervenciones de auditoría social e incidencia política ante los tomadores de decisiones del sistema de seguridad y justicia en el país.

APJ insta al Ministerio Público iniciar proceso de certificación de su recurso humano

  • Fiscal General del Estado invitó a la APJ a colaborar en proceso de depuración fiscal.
  • APJ respalda solicitud de incremento al presupuesto del MP.
  • La próxima semana, Comisión Depuradora entregará al MP expedientes de policías.

Integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron la mañana de este jueves con el Fiscal General de la República, abogado Óscar Fernando Chinchilla con el propósito de verificar el avance en el proceso de modernización de la gestión del Ministerio Público (MP), el monitoreo a la persecución penal en casos emblemáticos y la contribución de diferentes fiscalías especiales a la corrupción policial.

Omar Rivera, coordinador general de la APJ insistió que es un tema primordial para esta plataforma ciudadana el fortalecimiento de las capacidades y la especialización del MP, como parte del enorme desafío que se enfrenta en el país, de luchar contra la corrupción y la impunidad.

“Estamos convencidos que el trabajo del MP es determinante, como sociedad civil tenemos enormes expectativas para que se revitalice la acción penal y para esto es indispensable un proceso interno de transformación que implique una evaluación de los actuales fiscales para determinar quienes ya no caben en función de los desafíos que se plantean” apuntó el representante de sociedad civil.

En ese sentido, el Fiscal General del Estado anunció a los representantes de la APJ que se viene un proceso de certificación del recurso humano a lo interno del MP, donde se solicitará la participación activa de la sociedad civil, por lo que invitó a la plataforma ciudadana representada en la APJ a colaborar para que ejecute acciones de auditoría social.

Además, el titular del MP adelantó que se solicitará una ampliación del presupuesto para el año 2017, con el fin de aumentar el número de fiscales, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC), así como de agentes de medicina forense.

En ese mismo orden, Rivera detalló que se considera fundamental el respaldo financiero que pueda darse a la institución, “con un incremento al presupuesto del ejercicio fiscal 2017, el MP podrá impactar positivamente con un mejor desempeño, no solamente en la ampliación de la cobertura de servicios, sino también en la especialización, la persecución de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lucha en contra de maras y pandillas y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad”

Actualmente el MP opera con un presupuesto de 1,415, 307,100 lempiras (2016), 21.4% más que lo aprobado en el 2015, donde su presupuesto era de 1, 165, 307,100 lempiras; sin embargo la APJ ha señalado que si bien es cierto el presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, ha tenido un incremento significativo, el mismo ha beneficiado más a algunas dependencias estatales, mientras otras han recibido aumentos menos importantes, tal es el caso del Ministerio Público.

De acuerdo al informe presentado por APJ en 2015, sobre la “Evolución histórica del presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras (2006-2015)”, se muestra que no todas las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras, recibieron incrementos tan sustanciosos. Por ejemplo, en el período 2013-2015, mientras la Secretaría de Defensa Nacional alcanzó un total de Lps. 13 Mil 617 Millones en el trienio, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad fue de Lps. 11 Mil 964 Millones, en ese mismo ciclo; del mismo modo, el presupuesto aprobado para el Poder Judicial fue de Lps. 5 Mil 639 y para el Ministerio Público la cantidad acumulada en esta etapa fue de apenas Lps. 3 Mil 227 Millones.

COMISIÓN AD HOC INVESTIGARÁ EXPEDIENTES POLICIALES

En el marco de la entrega que hará al MP, la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, de expedientes de miembros policiales vinculados a actos ilícitos, la APJ manifestó la enorme expectativa que se tiene en cuanto al desempeño de las distintas fiscalías especiales en la persecución de aquellos delitos cometidos por altos oficiales de la policía.

Al respecto, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y también miembro de la Comisión Depuradora, Alberto Solórzano, avisó que “la próxima semana la Comisión Especial para la Depuración Policial estará entregando al MP los expedientes donde hay indicios de algún grado de responsabilidad por parte de gente dentro de la Policía Nacional”.

Asimismo, el comisionado Omar Rivera especificó que será una estructura Ad hoc del Ministerio Público la responsable de investigar dichos expedientes, los cuales constituyen una fuente valiosa para incoar acciones penales en los tribunales.

“Tenemos mucha información que se desprende de informes que fueron procesados a lo interno de la Policía Nacional, así como de otras instituciones contraloras del Estado, son datos que servirán de insumo para que actúe el Ministerio Público. Ellos tendrán que poner su mayor esfuerzo para trabajar en esas líneas de investigación”, puntualizó Rivera.

Durante la reunión, además participaron Aurora Pineda, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Violencia; Kurt Alan Ver Beek, vice presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Amanda Madrid, presidenta la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Marco Tulio Villela, representante de World Visión Honduras; Carolina Caldera, de la Fundación Alfredo Landaverde; Luis León y Ninoska Arias, miembros del equipo técnico de la APJ.

Depuración permitirá un fuerte liderazgo en la Policía Nacional

  • Ratificados serán sometidos a un proceso de evaluación e investigación.
  • Aunque esfuerzo importante se ha hecho en la evaluación de la cúpula, reto se vuelve mayúsculo en análisis de la escala básica.

Tegucigalpa. El relevo generacional se verá fortalecido con la depuración de la Policía Nacional y permitirá incorporar “sangre nueva” para resolver los viejos problemas, manifestó este lunes el miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera.

De acuerdo al depurador, el proceso de reingeniería y transformación de la Policía hondureña derivará en un fuerte liderazgo para la institución.

“Estamos convencidos que este proceso nos garantizará un fuerte liderazgo en la Policía Nacional porque, sin duda alguna, aquellos que asciendan a ser comisionados o generales en la estructura policial serán los que asumirán el liderazgo en los próximos años”, detalló.

El también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) insistió en que “hemos hecho un esfuerzo importante por evaluar la cúpula y el reto se vuelve mayúsculo cuando más de 10 mil policías deberán ser sometidos a evaluación”.

Además, destacó aspectos positivos para el relevo generacional dentro de la Policía, entre estos la formación de más de 2,500 uniformados, muchos de ellos con grado universitario, en el Instituto Tecnológico Policial (ITP).

“Ahí está la savia, ahí está la sangre nueva que va a resolver los viejos problemas. Tenemos una nueva dependencia de Investigación Criminal que se articula con otras unidades como la Dirección de Inteligencia, como la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) del Ministerio Público, la DPI (Dirección Policial de Investigación) es una extraordinaria oportunidad para poder investigar los casos que en el pasado no se han ejecutado”, agregó.

De acuerdo al Índice APJ, publicado en 2015 por la Alianza por la Paz y la Justicia, al menos 12,583 elementos conforman la fuerza policial, la mayoría de la escala básica.

Con el proceso de depuración policial iniciado en abril pasado, 280 miembros los 726 evaluados por la Comisión Especial han sido separados.

Los depuradores han reiterado de forma continua su decisión de no permitir que aquellos policías que no reúnan los requisitos de idoneidad y confianza, continúen en la institución.

De igual manera, han ratificado su compromiso de llevar a cabo un proceso de depuración y transformación transparente e irreversible, para dar paso al desarrollo de una nueva Policía Nacional profesional y eficiente.

De manera simultánea a la revisión de los expedientes que hasta ahora ha llevado a cabo, la Comisión Especial trabaja en el proceso de certificación de los 415 oficiales de la Policía que han sido ratificados a la fecha.

Los ratificados serán sometidos a un proceso de certificación, evaluación e investigación externa en el que también podrían participar organismos internacionales, ha advertido la Comisión.

Además de la aplicación rigurosa de pruebas toxicológicas, psicométricas, de polígrafo y socioeconómicas, se investigará además cualquier denuncia que sea interpuesta en su contra y se monitoreará su desempeño en el cargo ostentado.

APJ realiza gira en capítulos regionales para sostener encuentros con Sociedad Civil y autoridades locales

  • Comisión de APJ visitó los capítulos regionales de San Pedro Sula, Comayagua, Santa Rosa de Copán y El Progreso.
  • Plataformas regionales y autoridades locales participan en mesas bipartitas para definir una agenda común de trabajo.

Reconociendo la necesidad de fortalecer los capítulos regionales, una comitiva de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realiza una gira de trabajo en las plataformas regionales, a fin de intercambiar impresiones sobre la situación de delincuencia, criminalidad, violencia e impunidad que se vive a nivel local.

La APJ, realiza un esfuerzo por desarrollar las capacidades de las organizaciones locales para realizar acciones de veeduría y auditoría social e incidencia política ante los operadores de justicia y seguridad, en las ciudades de Comayagua, en Comayagua; San Pedro Sula, departamento de Cortés; El Progreso, en Yoro y Santa Rosa de Copán, en Copán.

En cada capítulo regional visitado, se constituyen mesas bipartitas conformadas por miembros de la sociedad civil y operadores de seguridad y justicia, quienes conjuntamente analizan la problemática desde el ámbito local y definen una agenda común de trabajo.

Con estas acciones la APJ refrenda su compromiso de coadyuvar esfuerzos con las autoridades en materia de seguridad y justicia, para promover una Honduras donde prevalezca un ambiente de paz y seguridad, con una participación activa de la sociedad civil.

Contar con Capítulos Regionales sólidos que gocen de un propósito claro y un plan definido, constituye la base sobre la cual la APJ puede lograr resultados, tanto a corto como a largo plazo, como parte de un proceso de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia.

La gira de trabajo, estuvo conformada por miembros del staff de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), liderados por Luis León, Coordinador de Investigaciones; Russlan Espinal, Oficial de Derechos Humanos y Mabel Pérez, Consultora de la APJ.

Entrega de policías hondureños es “claro mensaje” para quienes transitan camino incorrecto

Tegucigalpa. La entrega voluntaria de cinco de los seis policías solicitados en extradición por Estados Unidos es “un mensaje claro” para quienes transitan por el camino de lo incorrecto, manifestó este lunes el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera.

Rivera se refirió a la entrega registrada esta mañana de cinco policías hondureños sobre quienes pesan acusaciones por tráfico de drogas interpuestas por la Fiscalía de Estados Unidos.

De acuerdo a lo confirmado por la Secretaría de Seguridad, esta mañana se presentaron de forma voluntaria en la base aérea Enrique Soto Cano, ante autoridades estadounidenses acreditadas en Honduras, los miembros de la Policía Nacional: Subcomisionado Mario Guillermo Mejía Vargas, el subcomisionado Carlos José Zavala, el comisario Víctor Oswaldo López Flores, el subcomisario Jorge Alberto Cruz Chávez y el inspector Juan Manuel Ávila.

Los policías fueron recibidos por Agentes de la DEA asignados en nuestro país y previa coordinación con las autoridades de la Fuerza Aérea Hondureña, se procedió al ingreso de los ciudadanos previamente citados bajo supervisión de equipos especiales a la aeronave que los trasladó hasta Nueva York a las 10:27 am.

“Está claro que la colaboración entre las autoridades norteamericanas y hondureñas es bastante estrecha, es bastante sólida, fuerte y en estos casos en donde se involucran a personas que han conspirado para traficar drogas o se sospecha que han estado involucrados en ese tipo de delitos, evidentemente el destino es este, una, o ser perseguidos, capturados, enjuiciados, o presentarse voluntariamente ante estas instancias judiciales en Estados Unidos”, comentó el dirigente de sociedad civil.

Además, recalcó que la acusación interpuesta por el gobierno de Estados Unidos y la entrega de los policías para comparecer por la misma, “es un claro mensaje para que el que anda transitando por el camino de lo incorrecto, es un claro mensaje para el que anda caminando por el camino de lo ilícito, es un claro mensaje para aquellos malos funcionarios, para aquellos malos empresarios, para aquellos malos políticos, para aquellas malas personas que se dedican a cometer actos criminales, corruptos o delincuenciales que al final tarde o temprano terminan como estos policías, lamentablemente en una situación incómoda para ellos y para sus familias”.

El también miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional lamentó que “históricamente ha existido impunidad en el país”; sin embargo, destacó que “las cosas han venido recientemente cambiando especialmente por el accionar que ha tenido el Ministerio Público, las decisiones que ha tomado las autoridades en materia de depuración policial, esta nueva oportunidad que hay de despolitizar el Poder Judicial y da la impresión que pudiésemos estar viendo aquí un cambio en la forma en que se trata la corrupción, la delincuencia, crimen organizado”.

Finalmente, reconoció la presión de EE UU sobre temas vinculados a la seguridad y justicia, principalmente en lo concerniente al narcotráfico, como una oportunidad extraordinaria para guiar la agenda nacional hacia la garantía de investigación y juzgamiento de los responsables de transgredir la ley en territorio hondureño.

Tras conocer los señalamientos hechos por la Corte Federal de Manhattan contra los policías hondureños, la Comisión Depuradora recomendó al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, cancelar a cinco de los seis oficiales, al tiempo que confirmó la cancelación de uno de ellos.

Desde su nombramiento en abril pasado, los depuradores han cancelado a 191 miembros de la Policía Nacional, la mayoría de los altos mandos de la institución.

Policías cancelados habían concluido su periodo máximo de disponibilidad

  • Comisión Especial determinó cancelar a 26 policías de escala básica por reestructuración.
  • Otros cuatro elementos fueron cancelados por abandono del cargo.
  • En total, suman 191 los policías cancelados por los depuradores desde abril pasado.

Tegucigalpa. La cancelación de 33 elementos de la Policía Nacional confirmada ayer por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de dicha institución, fue una determinación adoptada conforme a la Ley Orgánica, confirmó Omar Rivera, depurador y coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Rivera explicó a la radio local HRN, que 26 de los 33 policías cancelados el miércoles ya habían concluido su período máximo de disponibilidad de acuerdo al artículo 112 de la la Ley Orgánica de la Policía Nacional, confirmó Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial

“La comisión especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, ha estado abocada fundamentalmente a cumplir el mandato que le dio la ley y es evaluar la idoneidad de los miembros de la carrera policial”, expresó el dirigente de sociedad civil.

La ley policial establece que el director de la institución podrá solicitar al Secretario de Seguridad que declare en disponibilidad aquel personal de la carrera policial que no tenga una asignación específica dentro de la organización.

En este caso, el policía declarado en disponibilidad estuvo gozando por un período hasta de seis meses de su salario, pero sin tener ningún tipo de asignación. Este policía podrá solicitar ser devuelto a los cuadros activos o en el caso de persistir que no es adecuado que continúe en la carrera, tendrá que salir de la institución, explicó.

Por otro lado, la Comisión canceló por abandono del cargo, al igual que lo hiciera con el general Ramón Sabillón, a otros cuatro policías; a dos por retiro voluntario y uno por muerte.

Lo anterior significa que los 191 elementos que han sido cancelados en total, deben ser excluidos de las planillas de la Policía Nacional.

Lea el Comunicado No. 16 de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional:

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