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Desconfianza de ciudadanía en la Policía Nacional perpetúa la inseguridad

  • Estudio de ASJ muestra una ruta para incrementar la confianza ciudadana, mediante cambios no tan difíciles ni costosos de realizar.
  • WJP reveló resultados de El Estado de derecho en Honduras vinculados a la Policía, justicia penal y seguridad.

Tegucigalpa. La falta de confianza en la Policía Nacional es uno de los mayores retos que enfrenta la institucionalidad en el combate a la inseguridad; sin embargo, el contexto actual presenta oportunidades para adoptar medidas oportunas y estratégicas, señala el informe Detrás de la placa, presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El informe fue divulgado en el marco del evento “Rutas para fortalecer a la Policía de Honduras y fomentar la confianza ciudadana”, realizado en conjunto con World Justice Project (WJP), que presentó El Estado de derecho en Honduras: hallazgos clave de la Encuesta de Población General 2021.

El estudio de ASJ se basa en 661 encuestas realizadas en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Copán, además de 51 entrevistas en profundidad, y recoge percepciones y observaciones sobre la gestión policial desde la perspectiva de víctimas, detenidos y policías en Honduras.

Entre sus hallazgos, destaca que, para 2020, siete de cada 10 hondureños desconfiaban de la Policía Nacional, lo que perpetúa y agrava los desafíos de eficiencia y profesionalismo de la institución.

Las víctimas han sido renuentes a denunciar, testificar y colaborar con la Policía, creando un ciclo vicioso donde homicidios y otros crímenes no se denuncian y no se resuelven. Romper este ciclo vicioso y aumentar la confianza ciudadana son factores clave para una buena gestión policial, apunta la ASJ.

Víctimas de crímenes contaron sus experiencias sobre el actuar de los policías en la escena del crimen, la recepción de denuncias e investigación del hecho criminal. De acuerdo al sondeo, en 79 % de los casos los policías hicieron preguntas sobre los hechos, 77 % se identificó con las víctimas, 59 % explicó lo que haría después y 56 % tomó notas de los relatos.

Con respecto a la atención al interponer una denuncia, alrededor de 72 % de los consultados dijeron que fue “muy buena” o “buena”, 21 % la calificaron como “regular” y 7 % como “mala” o “muy mala”. Cabe señalar que en las entrevistas destacó la preocupación de interponer una denuncia para que esta solo sea “engavetada”.

Por su parte, los detenidos sostuvieron en 79 % de los casos que el policía se identificó y 77 % conoció la causa de su detención. No obstante, 32 % aseguró que había sido golpeado por un uniformado y solo al 28 % le fueron informados sus derechos como ciudadanos.

Una vez trasladados a la celda de detención, recibir agua, comida y una llamada telefónica fue la excepción, no la regla. El 63 % no recibió comida ninguna vez durante su detención, solo al 28 % se le ofreció agua y apenas al 23 % una llamada telefónica.

Resumen ejecutivo _ Detrás de la Placa

 

El sondeo reveló también que los policías no tienen acceso a recursos básicos o información interinstitucional, como una libreta de apuntes, acceso a Internet, a un teléfono celular o municiones. De los policías entrevistados, 11 % dijo que alguna vez ha portado un arma sin munición durante su turno.

Otro punto abordado fue la vinculación de policías en actos criminales. Un 77 % de víctimas y detenidos, así como 63 % de policías, refirió que hay miembros del crimen organizado infiltrados en la institución.

Mientras solo 17 % de las víctimas y 18 % de los detenidos manifestó que después del proceso de depuración su confianza en la Policía ha aumentado, contra un 62 % de policías que opina lo mismo.

El informe plantea además otros temas como la revictimización, derechos humanos y condiciones laborales de los policías, así como recomendaciones como implementación de protocolos, distribución de recursos, condiciones laborales y procesos de comunicación interinstitucional, entre otros.

Difícil acceso a información y falta de política para atender delitos contra grupos vulnerables revelan diagnósticos de seguridad y justicia

  • Los informes fueron elaborados por la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia.
  • Violencia doméstica, violencia intrafamiliar y robo entre los ilícitos más denunciados por la población.

Tegucigalpa. Falta de transparencia para el acceso a la información y la inexistencia de una política integral de atención de delitos contra mujeres, jóvenes y niños, destacan entre los hallazgos de los Diagnósticos Municipales de Seguridad y Justicia, presentados este miércoles por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Los diagnósticos presentados fueron elaborados por la Plataforma Juvenil de la APJ en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, con el propósito de generar una visión local de la problemática, eficiencia, capacidades y retos en las instituciones del sistema de seguridad y justicia.

A través de conocimiento técnico, se busca involucrar a los jóvenes en el desarrollo de herramientas de investigación colectiva de las problemáticas sociales, para la definición de acciones y planes de incidencia ante los tomadores de decisiones.

En ese sentido, la Alianza por la Paz y la Justicia insta a las instituciones del sistema de seguridad y justicia a mejorar los mecanismos de solicitud de información pública, ante la falta de delegados departamentales o regionales para tal fin y la dificultad de realizar un seguimiento efectivo de la situación actual de las comunidades en la materia.

Además, cuestionan la inexistencia de una política nacional e integral de seguridad que incluya la atención particularizada de la problemática de violencia que afecta a los grupos vulnerables, especialmente la juventud.

Y es que, de acuerdo a los estudios expuestos, son los jóvenes – especialmente aquellos en las edades entre 15 y 25 años – quienes conforman el segmento de la población hondureña más afectado por la criminalidad, principalmente por los homicidios. Sin embargo, plantean que “las instituciones a cargo de ofrecer seguridad y justicia no han profundizado de manera específica sobre esta grave problemática y, por tanto, no han ofrecido soluciones o respuestas que confronten específicamente estas condiciones de violencia que sufre este segmento poblacional”.

En noviembre de 2019, organizaciones de sociedad civil agrupadas en la APJ solicitaron a las autoridades reformar la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud en Honduras. La solicitud fue entregada a representantes de la Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad, a través de la Subsecretaría de Prevención; la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Consejo de Prevención de la Violencia (COPREV) y Red Parlamentaria de Jóvenes del Congreso Nacional.

Entre otros delitos frecuentemente denunciados en los municipios enlistados, los diagnósticos locales apuntan, además del robo, violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas. Así como las infracciones a la Ley de Violencia Doméstica.

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APJ presenta los diagnósticos locales de seguridad y justicia

Plataforma Juvenil de APJ en Tegucigalpa pinta mural en el Instituto Mixto Hibueras

  • La actividad artística se denominó “Pintando un mural, promoviendo la paz”.
  • Invitados internacionales participaron en la elaboración del mural.

Tegucigalpa. Con el objetivo de promover la cultura de paz y la participación comunitaria, miembros de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) llevó a cabo la actividad “Pintando un mural, promoviendo la paz”.

La jornada artística se desarrolló por espacio de cuatro horas la mañana del sábado 25 de enero, en el Instituto Mixto Hibueras de la capital hondureña.

En la creación del mural participaron además de los voluntarios y voluntarias de la Plataforma Juvenil de la APJ, aliados internacionales de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización miembro de la APJ, quienes conocieron los objetivos principales de la plataforma y actividades de incidencia realizadas por la misma.

El diseño plasmado en una de las paredes de la institución educativa, ubicada en una zona donde los jóvenes se ven expuestos a la violencia, representa la unidad comunitaria para mantener la paz.

En Honduras, el 55% de las muertes violentas del país corresponden a menores de 30 años de edad. En ese sentido, la Plataforma Juvenil de la APJ fomenta la formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades para realizar eficazmente acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de prevención de violencia, promoción de una cultura de paz y participación ciudadana en temas de seguridad y justicia.

Además de Tegucigalpa, la plataforma tiene presencia en: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Olancho.

La APJ es una coalición de organizaciones conformada en 2012 por un grupo de organizaciones y redes de organizaciones de sociedad civil, preocupadas por los altos índices de inseguridad e impunidad en el país, para impulsar acciones de incidencia y veeduría, encaminadas a transformar el sistema de seguridad y justicia.

Jóvenes exigen reformas a la Política Nacional de Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Juventud

  • Los jóvenes aglutinados en la plataforma juvenil de APJ hicieron público un pronunciamiento que señala la necesidad de crear Comités de Prevención de violencia regionalizados.
  • Se propone la creación de protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza para oficiales de policías y militares.

Tegucigalpa. La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), por medio de su plataforma juvenil, emitió hoy su pronunciamiento ante la exigencia de reformas a la Política Pública Nacional de Prevención de Violencia.

Tras un proceso de investigación y análisis que dio como resultado el Diagnóstico de la Situación de las Instituciones de Seguridad y Justicia a nivel local y un documento que resume la Percepción de la Seguridad y Victimización de la Juventud, la plataforma juvenil de APJ considera que la actual Política Pública de Prevención de Violencia no da respuesta a la problemática de violencia e inseguridad que afecta a la población, por lo que se insta para que esta Política pueda ser renovada de acuerdo a la actual situación que se vive en el país.

En ese sentido, se propone que el “Comité de Prevención de Violencia deba ser regionalizado, a fin de lograr una adecuación de su implementación y mayor participación y empoderamiento de las comunidades en el impulso de las acciones regionales y locales de prevención”.

De igual manera, los jóvenes demandan que se estudie y caracterice los tipos de violencia de los que son objeto, a fin de diseñar respuestas adecuadas a su dinámica y naturaleza; al tiempo de recomendar que se invierta en el uso de la tecnología para facilitar la cultura de la denuncia y la generación de alertas preventivas.

El pronunciamiento señala la necesidad de diseñar e implementar “protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza, para que todos los oficiales, policías civiles y militares sean formados en el uso y aplicación de los referidos protocolos de actuación, a fin de evitar abusos y violaciones de derechos humanos”.

Finalmente, la plataforma juvenil de la APJ subrayó que ese espacio de participación ciudadana ha venido socializando una iniciativa orientada a recoger firmas que permitan respaldar la propuesta de reformas a la Política Pública de Prevención de Violencia, misma que será presentada ante las autoridades de la Secretaría de Seguridad en los próximos días.

Acerca de la Plataforma Juvenil de la APJ

La Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz, acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de seguridad y justicia. Actualmente la plataforma tiene sede en seis ciudades del país: San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa.

Conferencia Plataforma Juvenil APJ

Jóvenes piden al Estado invertir en prevención de la violencia y en educación

  • En el Día Internacional de la Juventud, Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia condenó hechos de represión contra estudiantes y universitarios.
  • Encuesta revela que más de 40% de jóvenes teme ser víctima de un acto de violencia.

Tegucigalpa. En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) pidió este lunes al Estado hondureño destinar más recursos a la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y a la educación.

La plataforma, a través de sus capítulos en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Siguatepeque, Comayagua y Tegucigalpa, emitió un pronunciamiento en el que revela los resultados de la Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de Violencia en Jóvenes.

El sondeo destaca que el 40% de jóvenes ha sido víctima de un delito violento en los últimos 12 meses y que cerca del 40% tienen temor de ser víctimas de un delito violento, rondando el 50% en ciudades como Tegucigalpa, El Progreso y San Pedro Sula, tres de las más grandes del país.

Mientras en ciudades como Santa Rosa de Copán, uno de los municipios con altos porcentajes de violencia intrafamiliar o doméstica, al 27.9% de los encuestados le preocupa ser víctima de algún delito.

Pronunciamiento de la Plataforma Juvenil de la APJ

Y es que, en Honduras, el 60% de las víctimas de homicidio oscila entre los 15 y 29 años. Por otro lado, unos 800,000 jóvenes no tienen acceso a educación ni a un empleo.

Ante la realidad imperante, la Plataforma Juvenil de la APJ calificó como “imperativas la planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a la prevención como principal herramienta para la reducción de la violencia, tanto hacia jóvenes como la población en general”.

De igual manera, abogó por el fortalecimiento de la educación formal y potenciar proyectos de educación no formal de jóvenes, “para estimular tanto el buen desempeño de este sector poblacional, así como garantizar el buen uso del tiempo de estas y estos”.

Con respecto a incidentes contra estudiantes y universitarios en los que han tenido participación fuerzas de seguridad pública, la Plataforma exigió al Estado un “cese a la militarización de la sociedad, así como cualquier tipo de represión que ponga en precario la integridad de las y los jóvenes a nivel nacional”.

La Plataforma Juvenil de la APJ busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenta con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz acciones de incidencia política y defensa social relacionadas con el tema de seguridad y justicia.

+ Lea el pronunciamiento:

Piden al Congreso Nacional penas severas para responsables de crímenes violentos

AL CONGRESO NACIONAL

Ante el evidente incremento de nuevas modalidades de asesinato, crueles y despiadadas que van desde decapitaciones hasta desmembramientos, ejecutadas por personas deshumanizadas, sin temor a Dios ni amor al prójimo, la CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS solicita a los honorables diputados del Congreso Nacional que emitan leyes contentivas de penas severas que se apliquen sin excepción a todo aquel que se le compruebe su participación intelectual o material en los horrendos crímenes que actualmente aterrorizan a la población hondureña.

Pedimos a los honorables diputados consideren las consecuencias negativas que esos hechos sangrientos dejan como resultado, siendo algunas de ellas las siguientes:
1. Desintegración y destrucción de las familias por la pérdida de sus seres queridos.
2. Migración de hombres, mujeres y niños hacia otros países tratando de salvar sus vidas.
3. Debilitamiento de la economía nacional por cierre de negocios, o temor para abrir nuevos, ocasionados por la extorsión practicada por grupos delincuenciales.
4. Baja participación de inversión extranjera por los altos niveles de inseguridad.
5. Pérdida de la libertad de movilización y la paz de la ciudadanía honrada que sufre el terror de ser víctima, aún en sus propios hogares.

Esperamos que los diputados del Congreso Nacional respondan favorablemente a esta solicitud, teniendo como principal motivación la protección de las vidas del pueblo que les eligió.

Asimismo, la CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA DE HONDURAS patentiza su solidaridad con las familias que de una u otra forma han sido golpeadas por tan repudiables actos delictivos. De igual manera nos ponemos a la orden de las autoridades estatales para contribuir con los programas de prevención orientados a la reducción de la delincuencia.

«El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto.». Isaias 32:17

Tegucigalpa, M. D. C.; 18 de enero de 2017

Confraternidad Evangélica de Honduras

Agarrar un taxi en Honduras: una aventura de alto riesgo

  • Dos de cada tres hondureños ya fueron víctimas de crímenes en un taxi de Tegucigalpa 

Tegucigalpa. En el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), los homicidios sumaron 229 durante el primer trimestre del 2016 y representan 74.1% del total de homicidios en el municipio.

Adicionalmente, según  registros  de  la  Dirección  Policial  de  Investigaciones  (DPI), durante el primer trimestre del año 2016,  en el municipio del Distrito Central se contabilizaron 38 denuncias por delitos contra  la  propiedad,  de  los  cuales  el  23.7%  fueron por hurtos y 7.9% robos. Otro de los factores a tomar en cuenta es que muchos de los delitos de robo, hurto y violaciones se dan en taxis.

Históricamente, el uso de taxis para la movilización diaria de los capitalinos ha sido la mejor alternativa por ser más rápido y seguro que los buses. Sin embargo, en la actualidad, todos los días los ciudadanos son víctimas de la delincuencia dentro de gran parte de los 12 mil taxis que circulan en nuestra ciudad. En muchos de los casos, el hechor es el mismo conductor.

En una ciudad donde las opciones de transporte alternativo se reducen al mínimo posible, es de suma importancia generar un cambio en la seguridad de las unidades de taxis que le permita a los ciudadanos reducir su nivel de vulnerabilidad en los mismos.

Los ciudadanos de Tegucigalpa estamos cansados de escuchar sobre violaciones sexuales a mujeres, robos, secuestros y asesinatos dentro de ese medio de transporte.

Como es el caso del ciudadano Carlos Martínez, quien fue víctima de un asalto en un taxi donde el conductor del mismo fue cómplice del hecho, razón por la que decidió saltar del carro en movimiento y ahora se encuentra enyesado por daños en su tobillo.

Es por esa razón que la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) propone un cambio a esa realidad. Desde nuestra plataforma hemos creado una movilización que nos permitirá realizar presión a los nuevos comisionados del Instituto Nacional del Transporte Terrestre (INTT) para que uno de sus primeros logros sea el registro de los taxistas e iniciar de esta manera los cambios sustanciales que la ciudad demanda en este tema, lograr un transporte más seguro y ciudadanos menos vulnerables a la criminalidad, por lo cual es de suma importancia que la población de la capital forme parte de este proceso.

El registro de los motoristas de taxi: una opción factible para la seguridad

Una alternativa complementaria que pudiera apoyar a lograr taxis más seguros en Tegucigalpa es el registro de los motoristas de táxi, que permita contar con una tarjeta visible para los usuarios, que contenga los datos generales del taxista y que coincida con el número de taxi que conduce.

Para hacer este registro, se considera importante el poder hacer una revisión de los antecedentes penales del taxista y de esta manera evitar que quienes conduzcan unidades cuenten con órdenes de captura o hayan sido vinculados a actos delictivos.

Existen experiencias exitosas

Existen las experiencias desarrolladas en este tema como las de Argentina, Chile y Brasil quienes han garantizado la seguridad en el transporte público con su base en el registro de los taxistas, sus unidades y sus rutas, esto ha beneficiado mucho al usuario el cual el dia de hoy cuenta con un servicio confiable.

Todo lo anterior podrá lograr mayor confianza por parte del usuario al momento de abordar un taxi y la reducción de incidentes en estas unidades del transporte.

Apoya esta demanda ciudadana, ingresa a www.taxiseguro.revistazo.biz y envía un correo a los Comisionados del INTT para que se realice el registro, es fácil y rápido.

Sobre la APJ

Somos una alianza de organizaciones y redes de la sociedad civil que realiza auditoría social e incidencia política y social para un desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Justicia y Seguridad hondureño y la construcción de ciudadanía.

Fuentes

Página de Taxi seguro:

http://www.taxiseguro.revistazo.biz/

Alianza por la Paz y la Justicia (APJ):

http://www.alianzapazyjusticia.com/org

Contacto

Jessica Pavon – (504)9739-0023

Oficial de Comunicaciones

jpavon.asj@gmail.com