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Plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia se pronuncia en contra de las reformas que obstaculizan lucha anticorrupción

  • El pasado 07 de octubre, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley Especial contra Lavado de Activos, las cuales favorecen la cultura de la impunidad y la corrupción.

Tegucigalpa. Como parte de las actividades de incidencia política ciudadana y la importancia de rendición de cuentas, veedurías y observación de diferentes procesos estatales, la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), presente en los Capítulos de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, se pronunció hoy en contra de la reforma de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que incluyen a las organizaciones de sociedad civil que exponen e investigan actos de corrupción como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Durante el evento se contó con la presencia de Ariel Mayes, coordinador de la Plataforma Juvenil de la APJ en Siguatepeque; Hillary Gómez, oficial de Sociedad Civil; Johnatan Lanza, coordinador de la Plataforma Juvenil de la APJ en Santa Rosa de Copán, Vanessa Posadas, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la APJ en San Pedro Sula y Elsa Hernández, coordinadora de la Plataforma Juvenil de la APJ en Comayagua.

Los jóvenes calificaron como “inaceptable la reducción del espacio cívico que afecta el Estado de Derecho y la democracia en Honduras en el contexto previo a elecciones generales y de pandemia”.

Dentro del pronunciamiento realizado, manifestaron su preocupación por el resto de las normas aprobadas por las y los representantes al Congreso Nacional, cuyo resultado es la agudización de la frágil situación del país, señalando que la criminalización de la protesta social violenta los derechos fundamentales de la sociedad civil como el asocio, la libertad de expresión y manifestación, debilitando así la lucha contra la corrupción.

Ante la decisión autoritaria que atenta en contra de los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana, la plataforma exhortó a diputadas y diputados al Congreso Nacional a discutir asuntos importantes en condiciones y tiempos que permitan el debate, el escrutinio público y la inclusión de todas las bancadas, exigiendo que se reconsideren todas las reformas realizadas a estas normativas.

Finalmente, deploraron esta acción y decisiones como propias de gobiernos antidemocráticos, en contra de toda normativa y estándares internacionales, por lo que instaron a las demás organizaciones de sociedad civil a juntar esfuerzos para hacer valer los derechos y compromiso con la justicia.

La Plataforma Juvenil de la APJ busca generar un espacio de creación y formación de una nueva generación de líderes juveniles, que cuenten con capacidades y habilidades que les permitan realizar de manera eficaz, acciones de incidencia política y defensa social, relacionadas con el tema de seguridad y justicia. Actualmente la plataforma tiene sede en seis ciudades del país.

+ Vea el pronunciamiento completo:

Sociedad civil presenta a partidos políticos demandas y posicionamientos sobre temas de interés nacional

  • Jornadas inician con autoridades y candidatos del Partido Demócrata Cristiano de Honduras.
  • Aspirantes a cargos de elección popular conocerán además la iniciativa de rendición de cuentas 3de3HN.

Tegucigalpa. Este viernes dieron inicio las jornadas de trabajo ‘Agenda Honduras 2017: Avances y Desafíos’, una serie de encuentros promovida por las plataformas civiles Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Transformemos Honduras (TH) y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) para presentar demandas y posicionamientos sobre temas de interés nacional a autoridades y candidatos a cargos de elección popular de los partidos políticos.

En la primera reunión, celebrada hoy, participaron dirigentes de la sociedad civil y representantes del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), entre ellos: Carlos Manzanares, presidente del Partido; Amanda Madrid, presidenta de Foprideh; Rolando Bú, director ejecutivo de Foprideh; Blanca Munguía, coordinadora de TH; Carlos Patiño, coordinador de Incidencia de Cáritas Honduras, y Omar Rivera, coordinador de la APJ.

Las organizaciones de sociedad civil dialogaron con los aspirantes sobre temas como: educación, salud, seguridad, lucha contra la corrupción, transparencia y atención a grupos en situación de vulnerabilidad como la niñez, adolescencia y juventud, entre otros.

En el marco del encuentro, se presentó la iniciativa 3de3HN, una acción ciudadana para exigir las declaraciones juradas de: patrimonio, intereses y tributaria de quienes aspiran a convertirse en Presidente de la República, Designados Presidenciales, Diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Diputados al Congreso Nacional de la República, Alcaldes y Vicealcaldes Municipales, y Regidores de las Corporaciones Municipales.

El encuentro de hoy marca el comienzo de 10 jornadas de trabajo impulsadas por APJ, TH y Foprideh para compartir con los partidos políticos y candidatos a elección popular las acciones prioritarias que las plataformas ciudadanas consideran que deben impulsar las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que asumirán funciones en el período 2018-2022.

Durante estos espacios de discusión, las coaliciones también compartirán información, estudios e investigaciones claves la agenda nacional.

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Jornada 'Agenda Honduras 2017: Avances y desafíos' con Partido Demócrata Cristiano

Jóvenes sampedranos analizan situación de inseguridad, violencia y derechos humanos en el país

  • Una propuesta para la reducción de homicidios fue presentada por los jóvenes sampedranos.
  • La APJ impulsa el liderazgo de la sociedad civil a nivel local, a través de sus capítulos regionales.

Los voluntarios de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en San Pedro Sula realizaron el primer foro juvenil “Una perspectiva actual sobre el entorno de violencia e inseguridad que vive la juventud de San Pedro Sula” evento que contó con la participación de más de 200 estudiantes de colegios y universidades, así como miembros de sociedad civil.

Durante el encuentro fue analizada la situación que se vive en esa ciudad del norte de Honduras, en el tema de derechos humanos, así como la estructura del Estado y su efectividad para atender las demandas que en materia de justicia y seguridad se presentan en ese sector del país.

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El foro que se desarrolló en el auditorio de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) contó con la presencia de expositores como el catedrático universitario, Ramón Barrios; Joaquín Mejía, especialista en el tema de derechos humanos y Luis León, subcoordinador de la APJ.

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Por su parte, los jóvenes asistentes presentaron una propuesta de ideas inclusivas que permita la reducción de la criminalidad y violencia en San Pedro Sula mediante una participación activa de la población.

Al finalizar el evento y en un acto simbólico los jóvenes lanzaron al cielo globos de color blanco en memoria de los hondureños que han sido víctimas de la violencia y como un clamor de paz en Honduras.

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Iniciativas como estas son promovidas por los capítulos regionales de la APJ, con el fin de desarrollar las capacidades y transferir conocimientos a jóvenes pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales, instituciones académicas e iglesias.

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Actualmente la APJ cuenta con capítulos regionales en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Catacamas y Siguatepeque.

APJ presenta en Siguatepeque diagnóstico municipal ante la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local

  • Diagnóstico Municipal de Siguatepeque ofrece un panorama de las limitantes de los operadores de justicia y seguridad.
  • Este primer encuentro marca la apertura del Capítulo Regional de APJ en la ciudad de Siguatepeque.

La plataforma de sociedad civil representada en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) sostuvo un encuentro con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local de Siguatepeque, como parte de la conformación del capítulo regional de la APJ en ese municipio.

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y Civil local de Siguatepeque tiene como misión apoyar y orientar a los operadores de justicia en las limitantes que estos presentan y que permitan mejorar sus funciones.

Dicha Comisión está conformada por instituciones como el Ministerio Público, programa Deborah de Aldea Global, Red de Salud de Siguatepeque, Poder Judicial, Colegio de Abogados de Honduras, Jefatura Policial del municipio, Capítulo de Cirujanos Dentistas y la Red de Sociedad Civil de Siguatepeque.

En esta primera etapa de la apertura del nuevo capítulo regional, la APJ presentó ante la Comisión Interinstitucional el Diagnóstico Municipal de Siguatepeque, herramienta que ofrece una radiografía de la situación del municipio en materia de seguridad y justicia.

El Diagnóstico Municipal identifica las limitantes que tienen los operadores de justicia de ese sector, en donde se refleja por ejemplo como la Policía Preventiva de Siguatepeque cuenta tan solo con 8 vehículos y 4 motocicletas, para atender a una población de 104 mil habitantes; lo que representa 1 vehículo por cada 13 mil habitantes y 1 motocicleta por cada 26 mil habitantes.

Por su parte la Policía Municipal tiene asignado 1 vehículo, el Ministerio Público 3 vehículos, el Juzgado de Letras cuenta con 1 vehículo, mientras que el Juzgado de Justicia y Juzgado de Paz no cuentan con medio de movilización.

Además el Diagnóstico Municipal refleja que un 82% de los habitantes han sido víctimas de robo y asalto, un 56% de los dueños de empresas de Siguatepeque han sido víctimas de delitos, mientras que el 82% de la ciudadanía percibe que la violencia ha aumentado en el municipio.

A mediados del 2014, APJ inició un proceso de conformación y consolidación de plataformas ciudadanas denominados Capítulos Regionales APJ, con el objetivo de descentralizar su gestión a través del liderazgo de sus organizaciones miembros.

El capítulo regional de APJ en Siguatepeque se convierte en el sexto capítulo de la APJ a nivel nacional; actualmente funciona un capítulo regional en Santa Rosa de Copán, a través de la Asociación de organismos no gubernamentales (ASONOG); en El Progreso con Red Viva y Oye Honduras; en Comayagua, con la Pastoral Social Caritas; en Catacamas con la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN) y en San Pedro Sula con el apoyo del Foro Social Valle de Sula (FSVS), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH VS), la Pastoral Penitenciaria y la organización Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha Ja).

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Sociedad Civil da un paso al costado en elección del TSC y mira hacia el futuro

El actual proceso de selección de los nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha dejado limitado la participación de la ciudadanía organizado para ejercer una efectiva auditoría social, dejando un sabor amargo y una enorme frustración.

Por tal motivo, organismos de la sociedad civil, iglesias, universidades y otros, exponen en el siguiente pronunciamiento todos los vacíos encontrados en este momento histórico que hoy marcará el rumbo del TSC, urante los próximos siete años.

Sin embargo, dejan en claro que no abandonarán la agenda de incidencia para depurar, reformar y fortalecer la principal entidad contralora del Estado.

Las suscritas organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales, iglesias y representantes de universidades, ante la población hondureña, las autoridades políticas y la comunidad internacional, nos manifestamos en torno al proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en los siguientes términos:

  1. MANDATO LEGISLATIVO. Reconocemos que es mandato constitucional de los Diputados del Congreso Nacional, elegir a los Magistrados del TSC y que el Estado de Honduras requiere fortalecer sus instituciones para garantizar que finalmente comience a combatirse la corrupción y la impunidad.
  2. EL ESTADO Y LA CORRUCPIÓN. La corrupción ha estado presente en diferentes etapas de la historia de Honduras, sin que haya habido decisión y políticas públicas sostenidas orientadas a su combate. Los informes de Transparencia Internacional ubican a Honduras desde final del Siglo XX, en los tres primeros países con mayor corrupción en el continente americano; sin que a la fecha se hayan efectuado cambios en la conducción del Estado, independientemente del partido político que ostente el gobierno.
  3. DEBILIDAD INSTITUCIONAL. La estructura estatal cuenta con instituciones para prevenir, investigar, judicializar y castigar la corrupción, pero resulta irrefutable que han sido inefectivas. El mejor ejemplo, es el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta débil institucionalidad, se ve reflejada en los nulos esfuerzos que han tenido los gobiernos de turno en poder ser elegibles a la asistencia de la Cuenta del Milenio; asimismo, puede ser un impedimento para acceder a los recursos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
  4. EL TSC EL PRIMER ESLABÓN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Según su mandato constitucional, al TSC le corresponde el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control del Patrimonio del Estado; es responsable de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y coordina con dependencias gubernamentales y operadoras de justicia en el combate a la corrupción. Es la única institución del Estado que dentro de su mandato legal puede prevenir, detectar, investigar y sancionar actos corruptos, como institución de probidad, contralora y fiscalizadora; asimismo, incide en la penalización de la corrupción y la indemnización que el Estado debe cobrar por los daños y perjuicios causados.
  5. RETROCESO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. En meses recientes, en respuesta al clamor de un pueblo indignado y a la incidencia de organizaciones de sociedad civil, ha habido asomos de voluntad política de las autoridades para combatir la corrupción. Desafortunadamente, el proceso actual de elección de los nuevos magistrados del TSC envía un mensaje opuesto a la voluntad política y repite una práctica desgastada, cuestionada y que los únicos resultados que ha dado son más corrupción e impunidad. El incumplimiento de los principios rectores del Reglamento para la Elección de la Nómina de Candidatos a Integrar el TSC, establecidos en el artículo 1; así como la falta de publicidad de las decisiones y actos de la Comisión Especial, resta confianza y debilita el proceso.
  6. COMISIÓN MULTIPARTIDARIA NO PERMITIÓ VEEDURÍA CIUDADANA. La transparencia, más que un discurso, son acciones orientadas a asegurar el acceso a información que permita la participación ciudadana en la gestión de lo público y llevan a las autoridades a rendir cuentas de sus actos y decisiones. Contradiciendo el artículo 2 del Reglamento para la Elección, en lo referente a garantizar la transparencia del proceso y la participación ciudadana de manera que este fuera riguroso e incuestionable, la Comisión Multipartidaria aceleró la selección de candidatos, excluyendo a las Organizaciones de Sociedad Civil en la veeduría y negando información de los 102 candidatos que creyeron y participaron como aspirantes.
  7. LAS CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TSC. Para llevar a cabo un verdadero combate a la corrupción, el Estado no puede continuar gestionando sus instituciones contraloras de la misma forma. Mientras en Centroamérica avanza la lucha anticorrupción y se vislumbran importantes resultados como en el caso de Guatemala y El Salvador, en Honduras todavía no se percibe voluntad, decisión política y coherencia entre los diferentes poderes del Estado. Sectores nacionales y de la comunidad internacional que han apoyado por años al país sin ver frutos, definen a Honduras como un Estado “altamente corrupto” donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, siendo uno de los indicadores, la corrupción de los funcionarios públicos y de autoridades electas.
  8. SEGUIREMOS MONITOREANDO, EVALUANDO Y EXIGIENDO UN MEJOR TSC. Al margen de no tener espacio de participación ciudadana en el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSC, como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil hondureña ratificamos nuestro compromiso de monitorear, evaluar y denunciar irregularidades en el sistema contralor del Estado e incidir para que el TSC que cumpla de manera independiente con su mandato legal de ente fiscalizador y responda a las demandas de la población.

SOMOS CIUDADANOOS QUE TRABAJAMOS PARA TENER OTRO PAÍS Y PEDIMOS A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE SUMEN PARA CONSTRUIRLO

Tegucigalpa, MDC – 01 Noviembre de 2016

Alianza por la Paz y al Justicia (APJ) – Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) – Asociación Nacional de Industriales (ANDI) – Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) – Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) – Fundación Alfredo Landaverde – Grupo Sociedad Civil (GSC) – MoskitiaPawisaApiska (MOPAWI) – Pastoral Social Cáritas de Honduras – Predicar y Sanar (PREDISAN) – Proyecto Aldea Global – Transformemos Honduras (TH) – Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – Visión Mundial Honduras (VMH).

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