La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición conformada por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, plataformas que aglutinan víctimas y familiares de víctimas de la violencia, gremios, iglesias de diferentes denominaciones, e instituciones académicas, que realizan auditoría social e incidencia política al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, ante la denuncia de amenazas a favor de los miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, se pronuncia de la siguiente manera:

1. Condenamos este tipo de amenazas y nos solidarizamos con los integrantes de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional; al mismo tiempo, exhortamos a los miembros de esta Comisión Especial, a no dejarse amedrentar por este tipo de intimidación, y a mantenerse firmes y valientes en su actuar, y en su determinación de continuar sugiriendo acciones como las que hasta el momento han dejado esperanza en la población, por los resultados concretos en términos de depuración, ya que por primera vez se observan resultados tangibles (3 de los 9 generales, solamente el 33% fueron ratificados; y de los 47 comisionados evaluados, 49% de ellos han sido cancelados), comenzando desde arriba hacia abajo en la estructura policial, una demanda que fue constante durante los últimos cinco años a lo interno de la APJ.

2. Exigimos que el Ministerio Público (MP), proceda a iniciar una investigación inmediata y exhaustiva para perseguir decididamente a los miembros de cualquier organización criminal o persona en particular, que busque intimidar e impedir el ejercicio pleno de las funciones de los miembros de la Comisión Especial.

3. Pedimos al MP, designar suficiente personal calificado para proceder a analizar y dar seguimiento a los expedientes que estarán siendo enviados por la Comisión Especial y que involucren a elementos de la Policía Nacional en actos ilícitos, delitos, crímenes y acciones corruptas, para preparar –según sea pertinente- los requerimientos fiscales necesarios ante los organismos judiciales.

4. Demandamos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la agilización en la investigación, confirmación de responsabilidad y pronta remisión al MP, de los expedientes de enriquecimiento ilícito en los que están señalados oficiales y agentes de la Policía Nacional.

5. Solicitamos al Estado de Honduras reforzar las acciones de protección contra los amenazados miembros de la Comisión Especial para la Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, y sus familias, a fin de garantizar la vida e integridad física de los mismos.

6. Exhortamos a la ciudadanía, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes de este proceso de reestructuración y depuración policial, para seguir presionando por una profunda profilaxis y reingeniería a lo interno de la Policía Nacional de Honduras.