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Declaran inadmisible recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto que autoriza Depuración Policial de emergencia

A inicios del mes de junio del presente año, la abogada Olga Ávalos se presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el afán de derogar el Decreto Legislativo 21-2016 que declara emergencia nacional la depuración en la Policía Nacional de Honduras, y manda a determinar la idoneidad de los casi 14 mil miembros de la carrera policial.

En representación de los oficiales de policía Rony Martín Flores Días, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Daniel Omar Matamoros Ávila, Manuel Alberto Calderón Romero, Denis Orlando Erazo Paz, Elvin Constantino López Orellana, Roberto Carlos Ortega Aguilar, Erick Naval García Canales, Rafael Antonio Rodríguez Puerto, Darwin Ismael García Núñez y Óscar Alexis Sosa Martínez, la profesional del derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto antes mencionado y aseguró que “el Congreso Nacional de la República no ostenta la facultad de suspender leyes” y que con la aprobación del decreto legislativo antes mencionado “se violentaron derechos fundamentales como el de la defensa, así como el debido proceso”. La abogada Avalos, señaló que a sus representados, todos ellos cancelados por la Comisión Especial, “ni siquiera les realizaron una audiencia de descargo”.

No obstantes los argumentos argüidos por los incomodos oficiales de la Policía Nacional y por su apoderada legal, el 4 de agosto de 2016, mediante cedula de notificación suscrita por Cristian Ramón Baquiz Flores, receptor adscrito de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, se informa a los peticionarios que “se declara inadmisible el recursos de inconstitucionalidad de mérito interpuesto por la abogada Olga Esperanza Avalos Pérez… contra el Decreto Legislativo 21-2016… contentivo del Decreto de Depuración Policía”.

Del mismo modo, se establece que “una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de los autos”.

Omar Rivera: Confiamos que decisiones judiciales eviten obstaculizar proceso de depuración policial

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial reaccionó indicando que pese a que los comisionados “no nos distraemos ocupándonos de darle seguimiento a los recursos de inconstitucionalidad que se interponen en contra de los decretos y acuerdos que le han dado vida a la Comisión y al proceso de depuración, si nos regocija que no prosperen aquellas iniciativas encaminadas a bloquear la necesaria profilaxis que debe ejecutarse en los diferentes organismos judiciales”.

“Sería terrible que hubiese una tranca u obstáculo en esta cruzada por sacar a las manzanas podridas de la Policía Nacional” expresó Rivera.

El dirigente de la sociedad civil dijo que se respeta “el derecho que tiene cada ciudadano de peticionar o demandar el pleno goce de sus derechos”, así como “la independencia judicial para actuar de acuerdo a derecho”, no obstante, “está claro que es nuestro deseo que nada interrumpa o desacelere el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional en Honduras”.

Finalmente, el depurador apuntó que confían que las decisiones del Poder Judicial “evitarán obstaculizar el proceso de evaluación de la idoneidad de altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional”.

 

Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional presenta en San Pedro Sula la plataforma “Honduras Denuncia”

  • Las denuncias contra policías se pueden enviar al mail honduras@denunciapolicias.com, la línea 2213-1439, la APP Dilo Aquí Honduras o en denunciapolicias.com
  • Desde el lanzamiento de la plataforma en Tegucigalpa más de 80 denuncias fueron presentada

Tegucigalpa. La Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional presentó este martes en San Pedro Sula la plataforma “Honduras Denuncia”, un espacio para la recepción de denuncias ciudadanas contra miembros de la carrera policial.

Con apoyo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la plataforma, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, la Comisión pone a disposición de los hondureños cuatro canales para realizar denuncias relacionadas con irregularidades e ilícitos cometidos por miembros de la Policía Nacional.

Las denuncias contra policías corruptos son recibidas a través del correo electrónico honduras@denunciapolicias.com, donde los ciudadanos pueden acompañar su relato y descripción del hecho con fotografías, videos o audios que respalden el mismo.

Además, pueden comunicarse a la línea telefónica 2213-1439, de lunes a viernes, entre 8:00 AM y 12:00 PM y de 1:00 PM a 5:00 PM; o a través de la página web www.denunciapolicias.com.

De igual manera, las denuncias son recibidas a través de la APP “Dilo Aquí Honduras” – del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ- disponible para dispositivos iOS y Android, seleccionando la opción “Denuncia Policías” y completando el formulario.

Todas las denuncias recibidas son manejadas de forma confidencial, garantizando el anonimato de los ciudadanos.

El proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional inició el 12 de abril pasado con el nombramiento de Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ); y el pastor Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, como miembros de la Comisión Especial.

En tres meses se registra la evaluación de 460 policías, de los que fueron cancelados 191 policías, entre los que figuran 6 Comisionados Generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados, 39 comisarios, 49 subcomisarios, 2 inspectores, 1 subinspector y 31 policías de la escala básica. Actualmente, la Comisión revisa los expedientes de 241 inspectores activos de la Policía Nacional.

“En cuatro semanas de trabajo hemos hecho más que nunca en materia de depuración policial”: Omar Rivera

Nota tomada de Revistazo.com

Mientras durante 4 años, con $10 millones de dólares la DIECP y la CRSP no depuraron tan solo un general, la actual Comisión Especial Depuradora, con cero presupuesto del Estado, en 1 mes ha depurado 68 altos oficiales de la Policía Nacional.

Pese a que no recibe presupuesto del Estado, y con apenas treinta días de trabajo, la Comisión Especial Depuradora de la Policía Nacional muestra importantes resultados en el camino hacia el sueño de muchos hondureños de contar una policía profesional, decente e incorruptible.

Esta Comisión Especial, conformada por el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera; el pastor evangélico Alberto Solórzano; y la abogada Vilma Morales, inició operaciones el pasado 12 de abril, día en que fue juramentada por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

 

Momento en que fue juramentados los miembro de la Comisión Especial para la Depuración Policial.

Momento en que fue juramentados los miembro de la Comisión Especial para la Depuración Policial.

 

Gráficas: La Depuración en Cifras

El miércoles 18 de mayo, la Comisión Depuradora presentó el informe de resultados obtenidos en los primeros treinta días de labor. Contrario a lo ocurrido anteriormente, este proceso comenzó tocando las puertas de la alta oficialidad y el documento señala que a la fecha han evaluado a 164 oficiales, con grados de comisionado general, comisionado y sub-comisionado. De ellos, 68 fueron depurados, mientras que actualmente investiga a 108 comisarios.

“De arriba hacia abajo a fin de garantizar que en primera instancia la Policía Nacional cuente con un nuevo liderazgo para propiciar la tan ansiada transformación de tan importante entidad”, sostuvo Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial.

 

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Omar Rivera coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia

«En cuatro semanas de trabajo hemos hecho más que nunca en materia de depuración policial”: Omar Rivera.

Explicó que este proceso habilitará para que sigan en la institución los oficiales de confianza para generar los cambios que requiere la institución.

 

 

 

 

Carlos Hernández Presidente ejecutivo de ASJ

Carlos Hernández Presidente ejecutivo de ASJ

Entre tanto, el presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, se ha mostrado satisfecho con el trabajo y los resultados que hasta ahora ha obtenido la Comisión encargada de depurar a la Policía Nacional. Su criterio también comparte la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; para ella, los miembros de la Comisión Especial, tomaron conciencia de la complejidad del tema y asumieron el reto.

 

 

La Comisión fue nombrada días después de que El Heraldo publicara

una investigación revelando la existencia de un informe interno de la Policía Nacional señalando la participación de altos oficiales de esta institución en los asesinatos del “zar” antidrogas hondureño, Julián Arístides González, en el 2009, y del analista Alfredo Landaverde en el 2011—situación a la que nadie se había referido, pese a que después de ese crimen, por la institución han pasado tres Ministros de Seguridad y cuatro Directores Generales de la Policía.

Lea: Entrevista exclusiva para Revistazo con Alberto Arce // Sección 5x5

Lea: Entrevista exclusiva para Revistazo con Alberto Arce // Sección 5×5

Asimismo, a menos de una semana de haberse juramentada la nueva  Comisión Depuradora, los New York Times publicó un reportaje sobre el mismo informe, pero revelando además los nombres de los oficiales supuestamente implicados. Uno de los autores del reportaje, Alberto Arce, aseguró en una entrevista exclusiva con Revistazo tener plena confianza en la veracidad del informe.

Logros de Comisión Depuradora con cero presupuesto contrastan con procesos onerosos, fracasados de años anteriores

En los últimos cinco años el Estado ha erogado millonarios recursos en procesos supuestamente orientados a lograr una depuración policial. Sin embargo, la corrupción en la Policía, adscrita a la Secretaría de Seguridad, continuó, tal como si el país no hubiera realizado esfuerzo alguno para sanear la institución.

La exigencia se intensificó, luego que un grupo de policías asesinaran a dos jóvenes universitarios, entre ellos, el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, el 22 de octubre de 2011. Pocos meses después asesinaron a Alfredo Landaverde. Con estos hechos, se descubrió la existencia de grupos policiales dedicados al sicariato, narcotráfico, asaltos, secuestros, extorsiones y otros delitos.

En respuesta al clamor público motivado por estos hechos, en el 2012 se instaló en el país una Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), que paralelamente debía realizar acciones con la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) con propósitos de adecentar la institución. Pero pese a que de manera conjunta, hasta mediados de 2015 erogaron 222 millones, 10 mil 659 lempiras con 33 centavos, estas dos entidades dejaron mucho por desear en cuanto a los resultados que lograron.

 

 

Y es que el 20 de marzo de 2012, el entonces Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, juramentó a Jorge Omar Casco, Matías Funes y Víctor Meza, como miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), organismo del que también formaron parte el ex miembro de la policía de Carabineros de Chile, Aquiles Blu y Adam Blackwell, representante del gobierno de Canadá y Secretario de Seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre 2012 y 2013 a esta Comisión le otorgaron 41 millones, 63 mil lempiras, semejantes a 1, 866,500 dólares. Cada uno de los comisionados devengó salarios mensuales de 198,000 mil lempiras, equivalentes a 9 mil dólares.

 

Del trabajo de esta Comisión, se supo que cinco anteproyectos de reformas legislativas le fueron presentados al ex Presidente Lobo, pero evidenciando falta de voluntad política, estos documentos se engavetaron, jamás llegaron al Congreso Nacional y la situación le permitió a la Asamblea Legislativa, dominada en dos terceras partes por diputados nacionalistas, desarrollar un proceso paralelo, donde se creó la Policía Militar y la Policía Tigres, pese a la oposición que mostraba la sociedad civil organizada y la misma CRSP.

Finalmente, el 20 de enero de 2014 el Congreso Nacional derogó el Decreto 4-2012 que daba vida a la CRSP, entidad que había sido creada como producto de las presiones sociales y de la comunidad internacional, que desde años atrás exigían la intervención y depuración de la Policía Nacional.

A los esfuerzos por adecentar la Policía, también se suma que el año 2000, el entonces Ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, despidió a un buen número de agentes y oficiales, que habían mostrado mal comportamiento en la institución. Sin embargo, su intento por depurar la institución, se vio frustrado cuando los tribunales de justicia ordenaron el reintegro de los afectados.

Los policías despedidos ganaron las demandas alegando violaciones al debido proceso y además de reintegrarlos, es Estado tuvo que pagales los salarios que habían dejado de recibir en el tiempo que permanecieron fuera de la institución.

 

Vea: Graficas Depuración en Cifras

Vea: Gráficas Depuración en Cifras

 

DIECP ni evaluó a altos mandos; de los que sí evaluó, depuró menos del 3%

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) tampoco ha demostrado voluntad para hacer bien las cosas. Sin embargo, continua vigente. Con un presupuesto de 180 millones 947 mil 659 lempiras con 33 centavos, en los últimos cinco años, esta institución evaluó a 8,546 policías, pero solo depuró a 227 miembros.

Cabe mencionar, que de los 227 despedidos por la DIECP en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la mayoría demandó al Estado y exigen que los tribunales fallen a su favor para ser reintegrados. Entre ellos, hay suboficiales, subcomisarios y agentes, quienes consideran que las autoridades violentaron el debido proceso.

“No amigo, el tiempo corre y entre más tiempo sea así va a ser el pago”, dijo uno de subcomisario despedido en el 2012, a este medio digital, cuando se le consultó sobre la demanda que junto a varios de sus compañeros mantiene pendiente de que se resuelva en un tribunal.

Es relevante mencionar que contrario a lo que ocurre con la Comisión Especial, la DIECP jamás evaluó ni depuró a generales, comisionados, sub comisionados, ni comisarios.  La depuración solo se había enfocado a subcomisarios, inspectores, Subinspectores, suboficiales, clases y agentes.

Entre los depurados por la DIECP, cuentan 14 subcomisarios, 39 inspectores, 15 subinspectores, 26 suboficiales III, 10 suboficiales II, 6 suboficiales, 1 clase III, 2 clases II, 3 clases I y 72 agentes, entre policías cobras y de la preventiva.

Organismos de la sociedad civil agrupados en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) concluyó en su informe de rendimiento de la seguridad pública que la depuración policial fracasó por la falta de voluntad política de las autoridades, las limitadas competencias técnicas y la mala coordinación entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad.

“A más de dos años de haberse iniciado el proceso de depuración policial, ni la Secretaria de Seguridad ni la DIECP, como órgano de control de la Policía Nacional, han generado un plan estratégico para la evaluación, investigación, depuración y efectiva sanción de los miembros de la Carrera Policial”, señala el informe, presentado por la APJ en enero de 2014.

Asimismo, indica que la cacareada depuración se caracterizó por el incumplimiento de requisitos para un debido proceso, una situación que podría ocasionar enormes pérdidas económicas para el Estado por las indemnizaciones derivadas de las violaciones a los derechos que le corresponden a los miembros de la carrera policial. Cabe mencionar que ya son varias las demandas laborales que policías depurados han entablado en los tribunales de justicia.

Otra crítica importante que desde el inicio ha venido planteando la APJ es que hasta el proceso ocurrido en el último mes, la depuración policial jamás había tocado las puertas de las cúpulas, ni tampoco se había enfocado a la investigación patrimonial, una herramienta esencial en la identificación de los policías involucrados en el crimen organizado.

Que el éxito en el caso de Berta Cáceres se replique en los de Arístides González y Alfredo Landaverde

  • Casos del ex Zar Antidrogas y el exasesor de seguridad son emblemáticos y merecen igual trato y voluntad política.
  • ATIC ha demostrado que cuando hay voluntad, se pueden lograr avances en las investigaciones.

Tegucigalpa, MDC. 11.05.16.- Los resultados obtenidos por el Ministerio Público (MP) en las investigaciones relacionadas a la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, deben ser replicados para la resolución de los asesinatos emblemáticos del ex zar antidrogas Julián Arístides González y el experto en seguridad, Alfredo Landaverde, quienes fueron asesinados hace varios años y sus crímenes están en total impunidad.

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) califica como positivo el desempeño de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP en la investigación desarrollada en el crimen contra la dirigente indígena acribillada en su vivienda el pasado 3 de marzo. Esta labor, donde se evidenció voluntad en las investigaciones, derivó en la captura de cinco supuestos implicados en el hecho.

Por tanto, “demandamos que estas acciones y esta voluntad investigativa se repliquen a los casos de asesinatos emblemáticos como el González y Landaverde”, expresó Omar Rivera, coordinador de la APJ. “El desempeño de la ATIC ha sido positivo y ojalá continúen de la misma forma en estos casos a fin de revertir la impunidad que impera en el país”, amplió Rivera.

Por su lado, Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que “la ATIC nos ha demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr avances en las investigaciones y encaminarnos a sancionar a quienes cometen delitos de alto impacto”, en referencia a los últimos resultados obtenidos en el caso de Berta Cáceres.

“Eso es lo que demandamos desde ASJ: voluntad para que las acciones que llevaron a la captura de los presuntos asesinos de Berta Cáceres se repitan en los casos de Arístides González y Alfredo Landaverde”, reiteró.

En abril pasado, el diario estadounidense The New York Times divulgó un informe sobre el vil asesinato de estas figuras prominentes en la lucha contra la criminalidad y corrupción en Honduras. En el reporte se señala a miembros de la Policía Nacional como autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

La ASJ, a través de la APJ, ha demandado por más de cuatro años la exclusión y separación de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional a fin de lograr una verdadera profilaxis en esa institución.

 

Posicionamiento de FOPRIDEH ante amenazas vertidas contra miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional

La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) continúa exigiendo junto a sus aliados de la sociedad civil una verdadera depuración de la Policía Nacional, para garantizar que sus miembros sean profesionales íntegros y comprometidos con la Patria y la población hondureña. Este es el momento para tomar decisiones oportunas y devolverle a la sociedad una policía en la que pueda confiar, sin importar el rango y condición de quienes por no considerarse aptos deban ser separados.

Por tanto FOPRIDEH, ante las amenazas recibidas por los miembros de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, ante nuestras afiliadas y pueblo hondureño se pronuncia en los siguientes términos:

  1. Lamentamos y condenamos de manera contundente las amenazas efectuadas contra los miembros de la Comisión, las que estamos seguros no detendrán la lucha que desde la sociedad civil se ha impulsado durante cinco años para lograr una Policía Nacional capaz, confiable y certificada.
  2. Exigimos a los entes operadores de justicia, principalmente al Ministerio Público, investigar el origen de las amenazas vertidas contra los miembros de la Comisión y dar seguimiento a los expedientes que esta le traslade sobre actos irregulares e ilegales que pudieran haber sido cometidos por elementos policiales.
  3. Demandamos del Estado de Honduras ofrecer toda la protección y garantías de seguridad para los miembros de la Comisión y sus familias, a quienes expresamos nuestro apoyo y solidaridad.
  4. Nos sumamos y respaldamos el esfuerzo que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) como afiliada a FOPRIDEH realiza, buscando transparentar el proceso de depuración policial y así una Honduras más Justa.