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Julieta Castellanos y Aurora Pineda, madres de jóvenes universitarios asesinados en 2011 publican carta a Comisión Depuradora de la Policía

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Tegucigalpa. A seis años de la muerte de los jóvenes universitarios Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, sus madres Julieta Castellanos y Aurora Pineda publican carta abierta a miembros de la Comisión Depuradora de la Policía donde expresan su gratitud y reconocimiento por la labor realizada.

Reproducimos a continuación la carta publicada:

CARTA PÚBLICA

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Nosotras, Julieta Castellanos y Aurora Rodríguez de Pineda, Madres de los Jóvenes RAFAEL ALEJANDRO VARGAS CASTELLANOS y CARLOS DAVID PINEDA RODRÍGUEZ, asesinados el 22 de octubre del 2011, por agentes de la Policía Nacional asignados a la Unidad Policial ubicada en el Barrio la Granja de Comayagüela, estamos expresando públicamente nuestro reconocimiento y gratitud a la Comisión Depuradora de la Policía, creada por el Congreso Nacional e integrada por el Ing. Omar Rivera, la Abogada Vilma Cecilia Morales, el Pastor Alberto Solorzano y el ministro de Seguridad General Retirado Julián Pacheco Tinoco, mismo que hacemos extensivo al equipo de asesores integrado por el Lic. Carlos Hernández, abogado German Leitzelar y el pastor Jorge Machado.

Como víctimas de agentes policiales criminales, comenzamos desde ese fatídico octubre una lucha constante para tener justicia por el asesinato de nuestros Hijos. En el largo camino constatamos que no solo éramos víctimas de los policías criminales, sino de una institución penetrada y cooptada por el crimen nacional e internacional, víctimas de la indiferencia, la complicidad, la cobardía, la colusión y la falta del cumplimiento de los deberes de algunos funcionarios del Estado. De allí que nuestra lucha trascendió del plano estrictamente personal a una demanda por la depuración de los policías corruptos y criminales que integraban la Policía Nacional, y contribuir a que otras Madres, Padres, Hermanos y familiares no pasen por la dolorosa tragedia de nuestras familias.

La Comisión de Depuración de la Policía fue la última iniciativa impulsada desde el Congreso Nacional, después de que el periódico New York Times publicara un informe que develaba la participación de oficiales policiales en el asesinato del Alfredo Landaverde.

Comisionados: deseamos expresarles que la responsabilidad que asumieron solo puede entenderse como un gesto de ciudadanos comprometidos y responsables. Asumieron una tarea que correspondía hacerla el Estado, sin calcular el riesgo personal y familiar al que se exponían. Les agradecemos que no se hayan detenido frente a los ataques, descalificaciones y difamaciones de las que han sido objeto. La grandeza de la tarea radica en no haberse desviado del camino y en los resultados que están entregando al país.

Reconocemos la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, y de los 128 Diputados que lograron consensos para aprobar las leyes y lograr estos objetivos. La tarea no está completa, pero es mucho más de lo que hubiésemos imaginado posible. Hace falta que los crímenes y los delitos sean investigados, y los responsables castigados, pero ello corresponde a otras estructuras de Estado responsables de la seguridad y la justicia.

Estimados Comisionados, su trabajo ha contribuido a que una casta hasta ahora intocable, ya no lo sea más. El trabajo que Ustedes han realizado debe sostenerse y profundizarse. Y en tal sentido, respetuosamente solicitamos al Congreso Nacional extender el periodo de funciones de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía.

Nuestro Reconocimiento y Gratitud a quienes contribuyen al fortalecimiento institucional.

 

Julieta Castellanos                                                                                   Aurora de Pineda

Más 1,000 Policías depurados en 6 meses de gestión de la Comisión Especial

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Desde que –hace 6 meses- el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, juramentara a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policial Nacional, ya han sido 1,817 los policías que ha sido sometidos a evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institucional gubernamental.

De los policías sometidos a evaluación, la Comisión Especial tomó la decisión de excluir de la estructura a 1,040 de ellos, ya sea como consecuencia del proceso de reestructuración, por despido con justa causa o autorizando su retiro voluntario; del mismo modo, determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial, a 736 altos oficiales y agentes de escala básica de la Policía Nacional.

Quedan todavía en proceso de evaluación 27 policías y 14 suspendidos para facilitarles a otros operadores de justicia la realización de investigaciones, juzgamientos y sanciones por la comisión de actos reñidos con la Ley.

CANCELADOS, SUSPENDIDOS E INCORPORADOS

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha evaluado 1,817 policías de diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 47 son Comisionados, 108 Subcomisionados, 108 Comisarios, 154 Subcomisarios, 241 Inspectores, 497 Subinspectores, 179 Suboficiales, 430 agentes de escala básica y 44 auxiliares.

De ese total de policías evaluados, 845 fueron cancelados por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial; 118 fueron cancelados por despido con justa causa, sin responsabilidad para el Estado; 14 fueron suspendidos; a 77 se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional; 27 todavía continúan en proceso de evaluación y 736 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.

OTRAS ACCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL

En el marco de las responsabilidades de la Comisión Especial, la misma ha presentado al Congreso nacional de la Republica sus recomendaciones al contenido del dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de crear la Ley de Personal de la Carrera Policial; a criterio de los comisionados “el proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa, todo lo contario, debe acelerar que este instrumento jurídico sea finalmente promulgado”.

Se ha indicado por parte de los depuradores que “esta coyuntura no puede hacer olvidar que se requieren medidas integrales para poder garantizar una fuerte institucionalidad policial que enfrente a la criminalidad y delincuencia; las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Asimismo, la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, envió al MP, varios expedientes de las agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que fueron cancelados y que además sobre ellos pesa la sospecha y existen indicios de la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales; recientemente, la Comisión Depuradora entregó a las autoridades del MP, expedientes que contienen por lo menos 144 casos y denuncias que vinculan a 455 oficiales y agentes en la comisión de 28 presentes delitos.

Finalmente, pese a que todavía no está estructurado de forma definitiva un mecanismo de seguimiento a los agentes de escala básica y oficiales que han sido cancelados por la Comisión Especial, la misma ya esboza la configuración de una plataforma interinstitucional conformada por diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado.

Se ha revelado que la idea toral de la iniciativa va encaminada a que dependencias especializadas de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público (MP) y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, coordinen, articulen y complementen esfuerzos en relaciona directa al mandato legal que tiene cada entidad.

Miembros de la Comisión Especial han indicado que “la idea es que se diseñe un plan de seguimiento a los policías depurados y sea implementado por las unidades de inteligencia de la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Defensa, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del MP, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) del Estado”. Además se mencionó que también es fundamental que otras dependencias estatales, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Instituto de la Propiedad (IP), aporten información clave sobre operaciones de los policías cancelados, para determinar actos reñidos con la Ley y vinculados a lavados de activos u otros delitos.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN POLICIAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza. Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al Secretario de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.

De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.

Del mismo modo, el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de abril de 2016, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos del Personal o de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Número 21-2016, como en el presente Decreto”.

Presupuesto de operadores de seguridad, defensa y justicia debe ser elevado

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Tegucigalpa. “El Congreso Nacional de la República debe aumentar el presupuesto del sistema de seguridad y justicia para el ejercicio fiscal 2017”, ha declarado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Rivera, indicó que durante la rendición de cuentas que se realizó ante la Junta Directiva del Poder Legislativo y los jefes de bancadas parlamentarias, la Comisión Especial solicitó a los diputados “fortalecer las capacidades de la institucionalidad estatal, lo que implica incrementar y distribuir de forma equitativa el presupuesto de las instituciones que conforman el sistema de seguridad, defensa y justicia del país”.

El representante de la sociedad civil manifestó que “se debe continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado, redes transnacionales, carteles del narcotráfico y la delincuencia común, así como garantizar el cumplimiento constitucional de transferir el 3% del Presupuesto General al Poder Juridicial y hacer sostenible recursos a las nuevas unidades recién creadas, tal es el caso de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

Modernizar el marco jurídico

Del mismo modo, el depurador pidió a los diputados aprobar de inmediato el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la nueva Ley de Personal de la Carrera Policial.

“El proceso de depuración policial no debe entorpecer la aprobación del paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que en la actualidad es discutida en la asamblea legislativa. Estas reformas a la Ley Orgánica y la aprobación de la Ley de la Carrera Policial deben ser aprobadas a fin de fortalecer los diferentes organismos policiales, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado”, expresó el también coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Y añadió que dichas reformas permitirán “formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, así como respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional”.

Omar Rivera indicó que “si bien es cierto en el corto plazo se debe impulsar una depuración de emergencia, en el mediano y largo plazo deben fortalecerse las capacidades de las unidades de control interno, entidades fiscalizadoras y contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia, para que puedan prevenir, investigar, judicializar y castigar a los agentes de escala básica y altos oficiales de la Policía Nacional que se dedican a cometer actos reñidos con la Ley”.