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Policía Nacional será capacitada para brindar mejor atención a grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones de sociedad civil conocerán seguimiento que DPI da a las denuncias recibidas a través del 911.

Tegucigalpa. Distintas organizaciones de sociedad civil participaron este lunes en el foro “Auditoría Social e Incidencia Política: Herramientas para la mejora del desempeño del Sistema de Seguridad y Justicia de Honduras”.

El espacio fue desarrollado con el objetivo de presentar los resultados de un proceso de veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.

El informe de los veedores sociales establece que la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.

“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.

Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.

En respuesta a los hallazgos presentados, las organizaciones de sociedad civil y autoridades policiales acordaron realizar acciones puntuales que permitan mejorar las condiciones de las postas policiales.

Entra las acciones conjuntas a implementar se contempla un proceso de sensibilización a miembros de la Policía Nacional en atención a grupos vulnerables como el sector de discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.

Además, las organizaciones de sociedad civil conocerán por parte de la Policía Nacional el funcionamiento del nuevo modelo de Policía Comunitaria y la metodología de trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a fin de conocer el seguimiento que se da a las denuncias recibidas a través de la línea de emergencia 911.

En el espacio de discusión participaron: Argedia Reyes, coordinadora de la Alianza por la Paz y la Justicia; Félix Colindres, comisionado de la Policía Nacional de Honduras; Jenny Aguilar, especialista en auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Carol Aragón, representante de la Asociación Daniel; Jose Aguiriano en representación de la Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), entre otros.

En Catacamas, la APJ es representada por medio de su organización aliada PREDISAN.
APJ socializó resultados del Índice APJ.

En el marco del proceso de regionalización de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dirigentes de organizaciones de la sociedad civil del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho, sostuvieron una reunión con funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Militar, Medicina Forense y Defensa Pública de esa localidad con el objetivo de conocer los avances y desafíos en materia de recurso humano, infraestructura y logística con los que actualmente operan estas instituciones.

En el encuentro la plataforma ciudadana APJ socializó los avances que en materia de depuración policial se han obtenido por medio del trabajo que realiza la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.

Es importante destacar que desde su creación la APJ ha demandado de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado a actos criminales y en redes delictivas.

Además, en la reunión que se realizó mediante la instalación de una mesa bipartita fueron compartidos los resultados del Índice APJ, herramienta que establece indicadores en materia de transparencia, impunidad, recurso humano, resultados y fortalecimiento institucional.

Con la reactivación de estos encuentros pudo reformularse la línea de trabajo del capítulo regional de APJ en Catacamas, trabajo que estará orientado a potenciar las acciones de una comisión interinstitucional de los operadores de justicia y seguridad, para generar un espacio de seguimiento el cual será liderado por la organización Predicar y Sanar PREDISAN, organización miembro de APJ.

En ese sentido, la plataforma ciudadana APJ reafirmó su compromiso de efectuar acciones de incidencia que permitan agilizar la construcción de una morgue en la ciudad de Catacamas, para beneficio de todo el departamento de Olancho; así como impulsar la asignación de mayor recurso humano en los Juzgados, Ministerio Público y Policía Nacional.

Con la instalación de estas mesas bipartitas, la APJ busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía en las intervenciones de auditoria social e incidencia política en los procesos de depuración, reforma y fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia, a fin de que puedan mejorar su desempeño institucional y la efectividad en la lucha contra la delincuencia común y crimen organizado.

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