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Participación ciudadana en Atlántida se ve limitada por la pobreza, impunidad, secuestro y asesinato de líderes y lideresas, revela informe de la ASJ

  • Las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización.
  • La invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, y el aumento de la criminalidad, contribuye a la deserción escolar y la migración.

En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, según lo reflejó hoy el informe de diagnósticos regionales presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida.

Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.

En Atlántida, el tema de la impunidad se ha visto magnificado por casos emblemáticos como el secuestro y desaparición (asesinato) de líderes garífunas y la venta ilegal de territorios ancestrales. Se ha ido incrementando la presencia de grupos y organizaciones criminales (maras y pandillas) que ponen en precario la convivencia pacífica y la seguridad en la zona. El 80% de los participantes calificaron como un problema muy prioritario el de la colaboración entre elites y el crimen organizado y, además, la corrupción ha provocado un grave impacto en la educación, al punto que la mayoría solo culmina la educación básica de 6 grados; un cuarto de los jóvenes de la zona ni estudian ni trabajan.

Los índices de pobreza y desempleo han incrementado, hay un déficit de 10 profesionales de la salud, forzando a familias completas a emigrar y debido a la falta de estrategias y políticas claras por parte del Estado para enfrentar esta situación y los problemas generados por la invasión y venta de los territorios ancestrales para complejos turísticos, hacen que la región se vea sumida en una situación que limita el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible de la población.  Sumado a esto, los problemas muy prioritarios que se enfrentan en la región en el área de salud son la falta de presupuesto, desabastecimiento de medicinas, falta de insumos e infraestructura.

Como parte del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, se han llevado a cabo procesos de formación en diferentes temáticas, esto con el propósito de fortalecer los conocimientos de diferentes organizaciones de la zona en los temas de transparencia, rendición de cuentas, incidencia política y veeduría social, este último es el mecanismo de participación ciudadana más utilizado en temas de salud y educación.

Sin embargo, Atlántida tiene retos en el tema de participación, debido a que la población se encuentra dispersa en territorios con limitado acceso, y debido también a las condiciones de pobreza que viven estas poblaciones donde prima la búsqueda del sustento diario, más allá de una búsqueda de organización. Es por ello que la sociedad civil se ve restringida en procesos de participación, a pesar de que hay una agenda clara desde las comunidades sobre cómo atender sus necesidades y problemas y la mayoría de los programas estatales tiene un sello político que limita la participación de la ciudadanía.

Plataforma juvenil de APJ condena enérgicamente los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y las implicaciones en la reducción del espacio cívico en Honduras

El pasado 9 y 10 de enero de 2022 fueron asesinados Pablo Hernández y Thalía Rodríguez, quienes en vida fueran, dos reconocidas personas defensoras de los derechos humanos de grupos lencas e indígenas y de la comunidad LGTBI, respectivamente, y quienes realizaban una notable labor incidiendo para promover iniciativas que protegen a las poblaciones históricamente excluidas y quienes públicamente denunciaban los ataques de los que eran víctimas por hacer dicha incidencia.

Honduras cuenta con los más altos índices de violencia e inseguridad para defensores de derechos humanos en la región de Latinoamérica. Durante 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, registró incidentes violentos contra al menos 208 personas defensoras de derechos humanos y 93 periodistas, de los cuales 10 fueron asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Ante estos hechos que violentan los derechos fundamentales de la sociedad civil, la plataforma Juvenil de la APJ, se pronuncia en los siguientes términos:

Primero: Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 97% de los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos queda impune; por otro lado, el índice de impunidad de los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGTBI es del 91%, siendo de las tasas más altas de la región. Por lo que hacemos un llamado a los operadores de justicia, especialmente al Ministerio Público, a realizar diligente y de manera pronta una investigación, que permita la judicialización contra los responsables, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

 

Segundo: Estas acciones dantescas son claramente, uno de los factores que menguan la participación ciudadana a través de las violaciones fundamentales de la sociedad civil reduciendo el espacio cívico y, por ende, debilitando la democracia en Honduras. Pedimos a las autoridades estatales respetar los derechos y no aplicar leyes que atentan contra la libertad de expresión, libertad de manifestación pacífica, libertad de asociación y de acceso a la información como las suscritas en el Congreso Nacional, en octubre de 2021.

 

Tercero: Para generar certidumbre y confianza en el sistema de seguridad y justicia debe garantizarse, estructuralmente, el goce efectivo de los derechos humanos y la protección de defensores. También es muy importante que se suscriba a un sistema de reporteo estadístico que permita ofrecer a la sociedad civil, la comunidad internacional y el pueblo en general el seguimiento de las acciones.

 

Cuarto: Desde esta plataforma juvenil de sociedad civil, reiteramos nuestra disposición para brindar asistencia técnica a operadores de seguridad y justicia mediante la implementación de procesos y medidas sistémicas para la reducción de la impunidad de homicidios, la prevención de agresiones y la protección de personas defensoras de los derechos humanos.

 

Extendemos nuestra solidaridad con los familiares de Pablo Hernández y de Thalía Rodríguez, deseando que Dios consuele sus corazones en estos momentos tan duros.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de enero de 2022

Plataforma Juvenil de APJ

Pronunciamiento Plataforma Juvenil APJ_ 17.01.22 _ Rev Comms

Universitarios de la zona norte conocen sobre proceso de elección del próximo Fiscal General

  • En el foro propiciado por la APJ participaron: expertos nacionales, defensores de derechos humanos y estudiantes de derecho.
  • Ciudadanía debe estar “vigilante, para que la Junta de Proponente escoja al mejor de los candidatos”, afirmó Ninoska Reyes, oficial de investigaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

Tegucigalpa, 30 de mayo de 2018. Con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo para que la sociedad se exprese acerca del proceso de selección del Fiscal General, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) realizó el foro “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso.

Al evento asistieron estudiantes de las carreras de Derecho de CEUTEC en San Pedro Sula y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en El Progreso. Durante los mismos se discutieron sobre las perspectivas a considerar en la selección del Fiscal General y la importancia del nombramiento de un titular que sea: valiente, honesto, con una alta formación profesional y libre de cualquier vinculación política o interés económico, gremial o sectario.

El panel estuvo conformado por Leonardo Pineda, miembro del Capítulo Regional de la APJ en San Pedro Sula; Joaquín Mejía y Oscar Hendrix, ambos defensores de Derechos Humanos en la zona norte de Honduras; Alexis Fuentes de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Ceutec y Ninoska Reyes, oficial de investigaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

“Si el Congreso Nacional de la República designara un Fiscal General del Estado sin las competencias necesarias y de reducida honestidad estaremos condenados a ver como la impunidad se acrecienta, como la criminalidad aumenta y como la corrupción se consolida; nosotros necesitamos al margen de los cabildeos políticos que se puedan realizar un fiscal con condiciones que garanticen que el funcionario público sea decente competente, independiente y valiente”, afirmó Ninoska Reyes de la APJ.

Asimismo, resaltó que debe ser “decente para dar el ejemplo a los demás fiscales, competente para demostrar su capacidad en materia de persecución penal, independiente para no representar los intereses de ningún grupo de poder económico político o criminal y valiente para enfrentar con ferocidad como se corresponde a los carteles del narcotráfico, maras y pandillas, bandas del crimen organizado, criminalidad común y redes de corrupción”.

La Alianza por la Paz y la Justicia ha organizado a la fecha ocho foros “Hacia un Ministerio Público independiente en el marco de la elección del Fiscal General” en los municipios de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Comayagua, Catacamas y dos de ellos en universidades de Tegucigalpa.