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Policías cancelados han recibido más de 86 millones de lempiras en pago de prestaciones e indemnizaciones laborales

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  • Comisión Depuradora ha respetado el goce de derechos laborales a policías separados por reestructuración y de forma voluntaria.
  • El 25% de la alta oficialidad ha sido separada de la institución policial.

Tegucigalpa. Son cerca de 86 millones de lempiras los que se han pagado en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales a los miembros de la institución policial que han sido cancelados de sus cargos por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Omar Rivera, miembro de la Comisión confirmó que “hasta la fecha se han pagado más de 86 millones de lempiras por concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos“.
No obstante, Rivera aclaró que únicamente se le paga sus derechos a quien se le excluye de la estructura gubernamental, sin que medie causa imputable al policía, es decir a aquellos que han sido separados bajo la figura de reestructuración o mediante retiro voluntario.

En relación a los policías vinculados a algún acto irregular, Rivera apuntó que “se ha seguido el procedimiento y esos son cancelados, pero habiendo causal imputable a ellos en los cuales pierden su derecho, la Secretaría de Seguridad procede a la cancelación”.

El decreto 21-2016 que da vida a la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, autoriza a la Secretaría de Finanzas para crear la partida presupuestaria correspondiente para el pago de los pasivos laborales de los policías que son cancelados.

Al Poder Ejecutivo se le autoriza, además, establecer convenios de pago para el reconocimiento y pago de derechos laborales y prestaciones sociales en el caso de retiro voluntario.

En cuatro meses de trabajo, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha evaluado a 946 uniformados, de los cuales 313 han sido separados de sus funciones, lo que representa el 33% del total.

En este primer ejercicio de evaluación policial de la alta oficialidad se generó la salida del 25% de la cúpula policial.

APJ conoce avances y logros alcanzados en cuatro meses de trabajo de la Comisión Depuradora

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  • De un total de 790 policías evaluados, 351 han sido cancelados.
  • Comisión Depuradora anunció a la APJ que en los próximos días estarán enviando expedientes al Ministerio Público

Los integrantes del Consejo Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) conocieron los avances que reporta hasta la fecha la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional; como parte del proceso de reforma de la institución policial hondureña.

Al encuentro asistieron los depuradores Omar Rivera y Carlos Hernández; quienes explicaron los avances de su labor que se resume en la cancelación de 351 elementos policiales, de un total de 790 evaluados, lo que representa un 44 por ciento. La Comisión fue nombrada el 12 de abril pasado, es decir hace cuatro meses.

Los representantes de la APJ recibieron a la comitiva de la Comisión Depuradora, antes de que estos se reunieran con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a fin de presentarle su informe de rendición de cuentas, de los primeros cuatro meses de trabajo.

En su ponencia, Omar Rivera, miembro de la Comisión y además Coordinador General de la APJ anunció que para los próximos días, la Comisión estará rindiendo cuentas ante el Congreso Nacional para que igualmente la población conozca con claridad hacia donde avanza la reforma policial; además adelantó que se estará entregando al Ministerio Público varios expedientes, con el propósito de que se investigue a una serie de oficiales y agentes de la Policía Nacional.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, reafirmó ante la plataforma de sociedad civil el compromiso de la Comisión Depuradora de alcanzar la transformación de un ente policial certificado y con alto grado de responsabilidad social.

Participaron en la reunión Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Carlos Patiño, Coordinador de Incidencia Política de la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica de Honduras; Marcela Castañeda, Coordinadora de Incidencia de World Visión Honduras (WVH); Amanda Madrid, Presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y Kurt Alan Ver Beek, Vicepresidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La APJ desde su creación en 2012, ha exigido de las autoridades mayor compromiso y voluntad política para revitalizar el proceso de la depuración policial y castigar a los uniformados que se han vinculado en actos criminales y en redes delictivas como narcotráfico y lavado de activos.  La presión ejercida por la APJ marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia.