APJ y Fiscal General del Estado definen ruta de trabajo en proceso de certificación del personal del MP

• Sociedad civil promueve la capacitación y formación de nuevos fiscales.
• MP inició el proceso para la contratación de 400 funcionarios.

Tegucigalpa. Representantes de la plataforma ciudadana Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) se reunieron este miércoles con el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla para definir la metodología y ruta a seguir en el proceso de certificación del recurso humano del Ministerio Público.

En este encuentro se logró formalizar la propuesta del acompañamiento y apoyo que la sociedad civil hará para potenciar las capacidades de las fiscalías.

A través de un trabajo de evaluación en la gestión de la Fiscalía de Delitos Comunes, la APJ ha logrado identificar las debilidades y falencias que presenta esta fiscalía, y que no permiten atender con efectividad la gran demanda que existe por parte de la sociedad.

Ahora, en esta nueva etapa se busca implementar este proceso de evaluación a las demás fiscalías especiales, para iniciar la certificación del personal y paralelamente un proceso de capacitación y formación de nuevos servidores del Ministerio Público, mediante una formación continua e integral.

Así como sucedió en la Policía Nacional, la APJ ha identificado dentro del Ministerio Público cómo el brazo de la corrupción también abrazó a las distintas fiscalías, por lo que resulta imprescindible buscar un mecanismo que garantice la idoneidad en el perfil de los fiscales.

Durante la jornada de trabajo, los representantes de la sociedad civil, aglutinados en la APJ, manifestaron su interés en garantizar una reducción de la mora judicial e investigativa a fin de que se vea reflejado en una reducción de los niveles de impunidad en el país.

Actualmente el promedio de atención en el Ministerio Público es de un fiscal por cada 200 expedientes, por lo que se busca ampliar el recurso humano de las fiscalías.

En ese sentido, el Ministerio Público (MP) ha iniciado con el proceso de contratación de nuevo personal que permita a la Fiscalía continuar con la lucha contra los distintos flagelos que abaten el país, entre ellos la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común.

En total serán contratados 400 fiscales que se sumarán a los 819 existentes.